El recurso de pedir la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, en busca de que el organismo, con sus fallos, dirima los pleitos entre países, no ha logrado extinguir dos de los problemas bilaterales que más tensión han creado en América Latina en los últimos años; controversias que están hoy candentes y además van a tener cada uno una segunda parte en ese tribunal.
La planta papelera de la finlandesa UPM en Uruguay es de nuevo una fuente de conflicto entre ese país y Argentina, porque -como se viene informando- acaba de ser autorizada a aumentar su producción. Y el trazado de la línea divisoria marítima sigue enfrentando a Colombia y Nicaragua sin que la intervención de la Corte internacional haya diluido la discusión.
El primero de esos litigios fue elevado a La Haya en 2005 y el segundo, que tiene sus orígenes a comienzos del siglo XX, en 2001. Los fallos correspondientes fueron emitidos en 2010 y 2012 respectivamente.
Los dos países rioplatenses aceptaron una sentencia de la Corte Internacional que dijo que, si bien Uruguay debió consultar con su vecino la instalación de la planta a orillas del río que ambos países administran conjuntamente, la papelera puede funcionar, porque no supone un riesgo para el medio ambiente. Sin embargo, no se dio la misma unanimidad de reacción ante el fallo en el otro caso.
Es que el gobierno colombiano consideró inaplicable el fallo que concede a Nicaragua una vasta extensión del Mar Caribe, de 75.000 a 90.000 kilómetros cuadrados, que antes estaba bajo control de Colombia, y ya ha iniciado el trámite para desvincularse de la Corte de La Haya.
Pero Nicaragua, por su lado, se adelantó a que se concretara la retirada colombiana y planteó el mes pasado una nueva demanda, esta vez para pedir a la CIJ que declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima, “más allá” de los límites definidos en 2012, pues quiere ampliar su plataforma continental a 350 millas náuticas.
Argentina -como se sabe- también va a recurrir de nuevo al tribunal con sede en Holanda, según lo anunció anteayer oficialmente por el gobierno de Cristina Kirchner.
El canciller argentino, Héctor Timerman, dijo que la decisión “unilateral” del presidente uruguayo, José Mujica, de autorizar a la planta de UPM a producir 100.000 toneladas anuales más, no le deja a la Argentina “otro camino que recurrir nuevamente a La Haya”.
El gobierno argentino acusa a Mujica de violar el Tratado del Río Uruguay y también la sentencia que la Corte Internacional dictó en 2010, y el presidente uruguayo afirma haber sido “acorralado políticamente con lo de La Haya” y niega que la planta de UPM sea contaminante.
La planta productora de celulosa, originalmente de la empresa finlandesa Botnia, que supuso en su momento la mayor inversión de la historia de Uruguay, unos 1.800 millones de dólares, empezó a funcionar a fines de 2007 y da empleo a más de 5.000 personas, una cifra relevante en un país de 3,3 millones de habitantes.
A Uruguay le costaron, según cálculos conservadores que se efectúan en ese país, más de 400 millones de dólares los prolongados bloqueos de los pasos fronterizos, especialmente del puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos, por parte de ciudadanos argentinos que se oponían a la instalación de la papelera y que finalmente debieron levantarlos, una vez que el gobierno argentino acató el fallo del organismo internacional.
Colombia vs. Nicaragua y una sentencia no acatada
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, que heredó el diferendo con Nicaragua de su antecesor, como le ocurre al uruguayo Mujica, también debe defender los intereses económicos en juego para su país en este litigio, además de lo que tiene que ver con la soberanía.
Ocurre que las aguas cercanas al archipiélago colombiano de San Andrés que, según el fallo de la Corte de La Haya, corresponden a Nicaragua son ricas en pesca, biodiversidad y petróleo.
En ese marco, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, sostuvo a fines de 2012 que la renuncia de su país a la jurisdicción del tribunal internacional obedece a “una defensa del derecho internacional”, pero también de la “historia, la geografía, la vida misma y el sustento” económico de su nación.
Ecuador vs. Colombia
El “golpe al corazón”, en palabras de Santos, que ha supuesto para Colombia este fallo en el diferendo con Nicaragua puede haber sido el motivo que llevó al gobierno colombiano a zanjar al margen del tribunal internacional otra controversia, en este caso planteada por Ecuador.
El pasado 17 de septiembre la CIJ confirmó que Ecuador retiró el caso presentado contra Colombia por las aspersiones de cultivos ilícitos en la zona fronteriza.
El gobierno colombiano saldó el asunto con el pago de 15 millones de dólares de indemnización a Ecuador, que los utilizará para desarrollar las zonas de la frontera y para conceder reparaciones a las personas afectadas por las aspersiones de glifosato, según fuentes oficiales ecuatorianas.
Perú vs. Chile
Perú y Chile, en tanto, están a la espera de otro fallo de La Haya, también por los límites marítimos.
Ambos gobiernos han dicho que lo acatarán, pero en los últimos días han surgido rumores sobre un retraso de la sentencia, aparentemente para no interferir en el proceso electoral en Chile, lo que ha sido negado por ambos gobiernos.
CONFLICTO CON URUGUAY POR LA EX BOTNIA
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