Reforma judicial y riesgo institucional

Bajo el pomposo título de "democratizar la Justicia", presentándolo como un proyecto para mejorar la calidad y el acceso del ciudadano a la Justicia, tenemos en realidad un plan urdido para avasallar el único poder de la república que hasta ahora no es controlado por el Gobierno nacional.
La concepción oficial expresada a través de la diputada ultrakirchnerista Diana Conti, en cuanto sostiene que "en democracia, la mayoría gobierna los tres poderes", de plasmarse, significaría lisa y llanamente el fin de la democracia.
Lo que los militares procesistas lograron a través de las armas y desde afuera del gobierno, el kirchnerismo lo lograría dinamitando las instituciones desde adentro. El peligro es el mismo.
Uno de los seis proyectos presentados por el Gobierno nacional, este de reformas al Código Procesal, obliga a los jueces a que previo ordenar una cautelar en contra de una medida estatal debe antes citar al Estado o a sus entes para que exprese si está comprometido el "interés público".
Es una obviedad pero corresponde aclararlo, el "interés público" afecta toda la actividad del Estado. Por esto, de hecho, un capítulo básico constitucional como resulta la capacidad de los jueces de impedir preventivamente que -por acción u omisión del Estado- se avasallen derechos constitucionales de los ciudadanos, queda convertido en una ficción.
Claramente se pretende quitarle al Poder Judicial un elemento de control constitucional que hasta el momento lleva adelante a través de las medidas cautelares y los amparos, trasladándolo en forma de derecho a veto directamente al poder ejecutivo de turno.
Además de éste, otros dos proyectos son los que concentran las mayores expectativas del oficialismo nacional: el de reformas a la ley que regula el Consejo de la Magistratura y el de creación de tres cámaras de casación.
De prosperar, el Consejo de la Magistratura quedaría integrado por 19 miembros, y se puede anticipar sin riesgo a equivocarse que, al hacerse coincidir la elección de consejeros con la de Presidente de la Nación, quien acceda al Poder Ejecutivo contará con 13 consejeros del igual signo político. Con este número el oficialismo tendría holgado quórum propio y el número de consejeros necesario para seleccionar y remover jueces, violando directamente el artículo 114 de la Constitución Nacional.
El discurso sobre el que se sostiene esta aberración democrática afirma que ciertos  atajos son imprescindibles en pos de "profundizar cambios sociales", toda vez que los excesivos controles y garantías que otorgan las reglas institucionales conspiran contra ello.
En tal sentido, el kirchnerismo acusa de conservadores o de estar manipulados por “minorías poderosas que ven peligrar sus intereses políticos y económicos" a quienes defienden el sistema republicano de división de poderes y de frenos y contrapesos que impone la Constitución y el propio sistema democrático.
Algo similar sucede con la creación de las Cámaras de Casación en los fueros contencioso administrativo, laboral y de seguridad social, y civil y comercial. Estos tribunales estarán integrados, del primero al último, por jueces nombrados por el "nuevo" Consejo de la Magistratura, monopolizado por el poder político, con el condicionamiento obvio por parte de éstos que se evidenciará en el resultado de la evaluación de los temas que lleguen a su conocimiento.
Asimismo, contrariamente a lo que sostiene el discurso oficial, la reforma perjudicará al ciudadano.
En efecto, uno de los sectores directamente perjudicados será el de los jubilados, que ya padecen con la mala liquidación de sus haberes y con el desvío de los fondos previsionales para fines populistas.
De esta manera, la nueva instancia demorará aún más el trámite judicial, sin perjuicio del peligro de que jueces adictos fallen conforme los designios del Ejecutivo en contra de los intereses de los jubilados.
Como bien recuerda el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la continuidad kirchnerista en el Gobierno designó nada menos que a 400 de los 730 jueces en funciones, propuso a la mayoría de los miembros de la Corte Suprema y mantiene vacantes en 183 tribunales nacionales y federales. Nada parece suficiente.
El objetivo final y único que mueve al Gobierno a impulsar estas reformas es colonizar el Poder Judicial. Si lo logra, prácticamente no tendrá límites en su accionar, y asegurará la impunidad de sus funcionarios en el interminable listado de casos de corrupción.
El sistema democrático está en verdadero riesgo, poco podemos esperar de los legisladores oficialistas sometidos en su dignidad a órdenes de un Jefe, la única esperanza reside en que la decisión de las minorías dignas en las Cámaras legislativas, sumada a la voluntad del Pueblo movilizado, haga descarrilar el proyecto.
Para los que, como ovejas, levanten la mano en el Congreso Nacional cabe recordarles el artículo 29º de la Constitución: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.".