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OPINIÓN

Un compromiso por la seguridad vial

Hoy en la Argentina la tasa de siniestralidad vial, de a poco, está bajando. Cabe recordar que la Organización de las Naciones Unidas ha determinado que la intervención humana es responsable del 88% de los siniestros de tránsito.
Y una gran proporción de las causas que producen estas muertes es el alcohol al volante.
El hecho público cometido por Pablo García en la Panamericana sucede todos los días. Pero no son públicos, o mediáticos, porque probablemente el que comete el delito no es famoso, o no es hijo de una persona famosa. No obstante, esta situación puso en la palestra un tema que es necesario que se aborde con la profundidad y la seriedad que merece.
Hace algunos años en España frente a los delitos viales, se hablaba de “delitos cometidos por gente honesta”. Sí, leyeron bien. La sociedad española y los jueces encargados de impartir justicia pensaban que eran delitos de segunda clase, que sucedían de casualidad.
Cambiaron el chip y, luego de aprobar una ley -promovida por familiares de víctimas de tránsito-, lograron que en España se condene a los responsables de los homicidios enmarcados en los siniestros viales.
Me parece que en nuestro país, a gran parte de la sociedad, incluyendo al sistema judicial, nos cuesta pensar al responsable del delito vial, agravado en este caso por el consumo de alcohol, como un homicida.
Actualmente, los jueces en la Argentina tienen la potestad de condenar - aún en un homicidio culposo- a un responsable de un delito vial, ya que la normativa estipula de dos a cinco años. Pero la mayoría no lo aplica, dándole siempre la excarcelación.
Por eso, es fundamental que la Cámara de Diputados trate la ley que fue votada en forma unánime por el Senado, presentada por la senadora Nancy Parrilli, que – entre otros puntos importantes- eleva el mínimo de la pena a tres años en caso que la persona que comete el delito haya consumido alcohol, por ejemplo. De esta manera, los jueces tendrían que ser más objetivos.
Este proyecto está en el Congreso desde junio de 2011, si no es tratado antes de principios de 2014 perderá estado parlamentario.
Esta normativa contribuiría, de la mano de otras acciones (concientización, difusión y promoción de la educación vial, etc.), con un cambio cultural necesario para que ninguna familia más lamente la pérdida de un ser querido.


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