La teoría conspirativa y los villanos de la crisis

El pleito del gobierno de Obama contra la agencia de calificaciones Standard & Poor ofrece llamativos titulares, pero no se ajusta a lo que ocurrió históricamente. Queremos echar la culpa de la crisis financiera y de la Gran Recesión a la codicia y la deshonestidad. La imputación de que S&P amañó las calificaciones de los bonos para su propia ventaja -proporcionando calificaciones artificialmente altas para los títulos respaldados por hipotecas, que inflaron la burbuja del crédito- encaja con esta conveniente historia de moralidad. La inquietante realidad es que el colapso financiero fue el resultado de un largo período de prosperidad, que condujo a estándares de crédito más débiles e inspiró expectativas de que el crecimiento económico continuaría indefinidamente.
El gobierno está pidiendo “más de 5.000 millones de dólares” en sanciones contra S&P, una suma que, dice, refleja las pérdidas causadas por las calificaciones erróneas. El profesor de Derecho Jeffrey Manns, de George Washington University, señala que las tres principales agencias de calificaciones (S&P, Moody’s y Fitch) proveen del 96 por ciento de todos las calificaciones. Una pena de 5.000 millones de dólares llevaría a la empresa madre de S&P, McGraw-Hill a la quiebra y obligaría al cierre de S&P. Un enjambre de demandas entabladas por los estados complica aún más esa posibilidad. Puesto que muchos bonos reciben la calificación de dos agencias, Mann se pregunta si sería una buena política pública convertir el actual oligopolio en un monopolio.

Que esta en juego

Lo que está en juego aquí es enorme. Tras leer 20 millones de páginas de documentos y mensajes electrónicos de S&P, el Departamento de Justicia afirma que S&P exageró las calificaciones de los títulos respaldados por hipotecas residenciales (RMBS, por sus siglas en inglés) y de las obligaciones con garantías de fondos de deudas (CDOs, por sus siglas en inglés) para generar movimiento. Los bancos y bancos de inversiones que venden los títulos pagan las calificaciones; calificaciones más altas atraerían a más compradores. S&P retrasó la introducción de nuevos modelos de riesgo, que hubieran bajado las calificaciones, dice el Departamento de Justicia. El asesoramiento de S&P no fue “independiente”, como dice la firma, porque estaba contaminado por la búsqueda de ganancias. Las tarifas por cada calificación de un CDO eran de entre 500.000 y 750.000 dólares.
S&P considera que el pleito es tendencioso. Casi nadie, dice S&P, anticipó la devastadora crisis. Las calificaciones iniciales fueron copiadas por otras agencias. A medida que se elevó el incumplimiento de pagos de las hipotecas, se corrigieron las calificaciones. En 2006, S&P bajó la calificación de 400 RMBS.
El pleito es un reflejo de la teoría conspirativa de la crisis: banqueros inescrupulosos, agitando calificaciones distorsionadas, vendieron RMBS y CDOs sobrevaluados a inversores poco sofisticados. Es una teoría seductora que los hechos contradicen. Como escribió el columnista de Bloomberg Jonathan Weil, muchos bancos y bancos de inversiones que vendieron los bonos también los compraron para sus portafolios. Pensaron que los bonos tenían valor. Entre ellos se encuentran Citigroup, Merril Lynch y Bank of America. Para mediados de 2008, las 20 instituciones financieras que corrieron más expuestas habían sufrido casi 300.000 millones de dólares en pérdidas, según Bloomberg.

Reglas de basilea

No fueron sólo los banqueros los que juzgaron las hipotecas erróneamente. También lo hicieron los reguladores de bancos internacionales. Bajo las así llamadas reglas de Basilea, se requiere que los bancos tengan 8 dólares de capital por cada 100 dólares en préstamos a consumidores ordinarios y empresas. (El capital es un resguardo contra las pérdidas). Pero se consideró que las hipotecas residenciales eran suficientemente seguras para justificar que ese requisito fuera la mitad -4 dólares por 100 dólares prestados. Estas reglas siguen vigentes.
Paradójicamente, los orígenes reales de la crisis financiera yacen en el buen desempeño de la economía y sus efectos corruptores sobre la opinión pública. Para 2007, Estados Unidos había experimentado sólo dos recesiones modestas (1990-91 y 2001) en un cuarto de siglo. Desde 1990, la tasa de desempleo había promediado un 5,4 por ciento. Los economistas hablaron de la Gran Moderación, es decir de una época de crisis menos frecuentes y más suaves.

Otro escenario

Con una economía más estable, el riesgo pareció disminuir. La gente podía obtener más créditos porque sus perspectivas para pagarlos eran mejores. Otra consecuencia fue la creciente creencia de que “los precios de las viviendas seguirían subiendo rápidamente en un futuro cercano”, escriben los economistas Paul Willen, Christopher Foote y Kristopher Gerardi en un estudio para el Boston Federal Reserve Bank. A medida que esta noción se afirmó, “no {fue} sorprendente encontrar prestatarios que se estiraban para comprar las casas más grandes posibles e inversores haciendo cola para darles el dinero”.
Según la lógica del alza de precios, la vivienda era una inversión segura. Los propietarios de viviendas obtendrían ganancias de los valores más altos. Las entidades crediticias ganarían los intereses y, en caso de incumplimiento de pagos, estarían protegidos contra las pérdidas por los precios altos. Esas ideas crearon un “frenesí colectivo que se alimentó a sí mismo”, sostiene Willen, Foote y Gerardi. Los estándares de crédito se relajaron; las prácticas permisivas -torpes, temerarias y a veces ilícitas- crecieron. Pero fueron más una consecuencia que una causa del auge de la vivienda, que se creció sobre la psicología masiva de una prosperidad prolongada.
Ésta es una teoría subversiva, porque implica a millones de norteamericanos y nos priva a todos de una superioridad moral y sentido de victimización. Buenos acontecimientos nos condicionaron a tener malas expectativas.
Antes de que la burbuja se reventara, pocos comprendieron lo que estaba ocurriendo. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, recientemente admitió que la crisis lo agarró totalmente de sorpresa. Pero el gobierno de Obama juzga a S&P con otra vara. Debe haber villanos, y hay que castigarlos. Algún día quizás se llegue a un acuerdo en esta causa. Pero por ahora, S&P es el chivo expiatorio y el Departamento de Justicia se ha convertido en el Departamento de las Culpas.