El gobierno argentino parece decidido a darle pelea al incesante alza del costo de vida con un congelamiento de precios en los supermercados por 60 días y un nuevo método para medir la inflación, tras ser censurado por el FMI por sus criticadas estadísticas, aunque los expertos son escépticos sobre los resultados de las medidas.
"En 60 días es muy difícil anclar la expectativas inflacionarias, que es el principal problema del alto costo de vida en Argentina", dijo a la AFP Soledad Pérez Duhalde, coordinadora de Análisis Macroeconómico de la consultora Abeceb.com.
El gobierno de Cristina Kirchner anunció el lunes un acuerdo con las principales cadenas de supermercados para congelar los precios de sus productos entre el 1 de febrero y el 1 de abril y, según medios económicos, ese pacto se extendería a otros rubros como construcción y electrodomésticos.
El anuncio fue realizado por el Ejecutivo tres días después de que, por primera vez en su historia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitiera una moción de censura contra uno de sus miembros por el cuestionado índice de inflación de Argentina, y emplazara al gobierno de Cristina Kirchner a reformar sus estadísticas antes del 29 de septiembre.
Según cifras oficiales, la inflación en Argentina fue de 10,8% en 2012, aunque estimaciones de consultoras privadas ubican el índice en 25,6% para el año pasado.
El estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), intervenido en 2007, ha sido acusado de falsear los datos de la inflación, mientras prohíbe a las consultoras privadas difundir sus propios índices con el argumento de que carecen de los elementos técnicos para elaborar las mediciones.
Las cifras de las consultoras se conocen por legisladores opositores que las difunden. "El Ejecutivo está más activo pero sigue sin reconocer la magnitud del problema de la suba de precios, lo cual es contradictorio y dificulta cualquier política antiinflacionaria", dijo Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de la consultora Ecolatina.
Fernando Blanco Muiño, presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, le reclamó a la presidenta Kirchner que "asuma que hay inflación en Argentina".
Tras la censura del Fondo, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo el fin de semana que el gobierno está preparando un nuevo índice de medición de la inflación que se pondrá en funcionamiento en el cuarto trimestre de este año.
"Si realmente se llegara a implementar un nuevo IPC (Índice de Precios al Consumidor) para medir la inflación real, podría llegar a ser factible que se comience a controlar el costo de vida. Es una oportunidad para el gobierno", señaló Pérez Duhalde.
De su lado, Sigaut Gravina considera que el gobierno "no está más cerca de proveer un indicador público objetivo y confiable de la evolución de los precios que ayude a los agentes económicos a saber cuál fue la inflación en la Argentina".
Lorenzino reiteró en estos días las duras críticas de su gobierno al Fondo, al considerar que el voto de censura del organismo constituye "una forma de marcar a los que hacen cosas distintas".
"Las recomendaciones y programas que sugieren en el FMI van en dirección absolutamente contraria a lo que viene llevando adelante la Argentina", aseguró Lorenzino, en alusión a la estrategia de su gobierno de alentar el consumo interno.
Argentina saldó de un solo pago en 2005 el total de su deuda con el FMI por 9.500 millones de dólares y, desde entonces, no acepta la supervisión de sus cuentas por parte del organismo, aunque aprobó una misión técnica para cooperar en la reforma de las estadísticas oficiales.
En tanto, algunos expertos vinculan la decisión del gobierno de congelar los precios por dos meses con el inicio de las negociaciones anuales de alzas salariales (paritarias) entre empresarios y sindicatos, en medio de la continuidad de la presión inflacionaria en enero.
La expectativa de los gremios es lograr acuerdos salariales con aumentos anuales de al menos 25%, a tono con las estimaciones privadas de inflación para 2013. "Creo que el fondo del anuncio del gobierno de congelar los precios tiene que ver con las negociaciones paritarias con los sindicatos", sostuvo Pérez Duhalde.
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