En un mar de incertidumbres, la única certeza es que la administración nacional acelera el paso hacia una intervención mayor del Estado en la economía privada. El avance más reciente es, como se sabe, el dispuesto sobre el sector eléctrico, que está virtualmente en default desde hace al menos dos años.
Sus principales empresas están técnicamente en convocatoria de acreedores, situación que no se sincera porque la enorme deuda con Cammesa (la entidad oficial que administra el sector eléctrico) es renovada una y otra vez.
Los bancos, en tanto, también comenzaron a sentir el rigor de la nueva orientación económica, y no precisamente porque sea un sector escasamente regulado, sino porque ahora con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, desde la Casa Rosada se busca dirigir el crédito en función de las expectativas políticas.
Coincidencias de dos funcionarios
Este tipo de políticas, intervencionistas o fuertemente reguladoras, avanza al mismo ritmo que el ascenso de Axel Kicillof en el ejercicio del poder dentro del esquema de gobierno, el viceministro de Economía y estrella del equipo de jóvenes que rodea a la presidenta Cristina Kirchner.
Las opiniones del economista no son, en rigor, muy diferentes de las que animan al más rústico titular de Comercio, Guillermo Moreno, aunque ambos estén ahora distanciados por razones de manejo de poder y de ideología.
Como se sabe, el viceministro de Economía viene del marxismo y Moreno del más rancio ideario peronista de los ’50. Pero, en términos prácticos, para la economía privada los efectos de las medidas que ambos impulsan y logran imponer son más o menos similares: cada vez más las empresas dependen de las decisiones oficiales y de los márgenes que se les autoricen.
El avance de Kicillof se irá desgranando en el transcurso de lo que resta del año, con distintos proyectos de ley y decretos que irán marcando límites y márgenes de acción a las distintas actividades económicas, como ya se hizo con los sectores petrolero, eléctrico y los bancos.
En el imaginario oficial, esta gestión sobre la economía privada logrará “reorientar” el crédito y la inversión hacia los sectores elegidos o que el gobierno considera prioritarios. No es una idea novedosa y menos aún revolucionaria; y tampoco ha mostrado ser necesariamente exitosa. Pero a pesar de todos los antecedentes, hacia este rumbo se encamina el gobierno de Cristina Kirchner.
La administración del comercio y las importaciones, del sector cambiario y sobre el sector energético entre otros, forman el flamante esquema de gestión de la política económica, al estilo de los ’60 o ’70 pero quizás con una diferencia notable: para implementar ahora estas políticas, no se ha intentado, ni figura por ahora en los planes, un acuerdo económico social, un clásico del peronismo.
Sin acuerdo clásico
Se trata de un pacto entre empresarios y sindicalistas, en materia de precios y salarios, al que con frecuencia han recurrido las distintas administraciones justicialistas que ha tenido el país. La razón por la que en esta ocasión el gobierno nacional está prescindiendo de esa herramienta es, quizás, de orden político más que instrumental.
Es que en el criterio de la administración kirchnerista, las corporaciones no constituyen el lado virtuoso de la sociedad, y menos ahora con la escasa organicidad del gremialismo empresario y las divisiones y la pésima imagen que sobrelleva dirigencia sindical.
Desde la lógica o la técnica económica, el actual modelo de gestión tiene al menos una desventaja notable y fácil de advertir: la elevada magnitud de las inversiones que demandan la infraestructura urbana y rural, el transporte, la energía y otros sectores base de cualquier economía moderna.
Recursos difíciles de conseguir
Basta mirar la enorme demanda de recursos que plantean YPF y el resto del sector de hidrocarburos para intentar remontar la caída de la producción de petróleo y gas: al menos 20.000/ 30.000 millones de dólares por año durante al menos un lustro.
Es claro que ese financiamiento no está disponible ni en la banca local ni en los recursos estatales. Debería salir, por lo tanto, de la inversión externa privada. Pero, ¿bajo qué condiciones llegarían esos recursos para el desarrollo, por ejemplo, de la exploración y la producción petroleras? ¿Las condiciones que imagina Kicillof o las que rigen el mercado mundial?
El reciente plan lanzado en Brasil por Dilma Rousseff, para el desarrollo del transporte y la infraestructura de comunicación debería ser un espejo en el cual mirarse.
El enorme déficit que aún presenta en infraestructura ese país vecino, al igual que en la Argentina, exige, para revertirlo, enormes recursos financieros que sólo están disponibles puertas afuera de estos países. La encrucijada que afrontó Brasil fue la de seguir postergando ese desarrollo, o encontrar un punto intermedio entre la planificación estatal y el capital privado.
La Argentina no está mejor que Brasil y su déficit en energía y transporte, por mencionar dos deficiencias visibles, exceden largamente cualquier plan oficial.
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