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¿Y los derechos humanos indígenas?

En un país que en los últimos años se ha convertido en referente en el campo de los derechos humanos, es inexplicable la discriminación y la violencia que sufren los pueblos indígenas. Resulta paradójico que un gobierno de discurso progresista niegue a las comunidades el reconocimiento jurídico del derecho de propiedad colectiva sobre sus tierras tradicionales y –más grave aún– que las reprima cuando reclaman lo que les corresponde.
 La celebración, el 9 de agosto, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la ONU, es una oportunidad para reclamarle al gobierno argentino que revierta la exclusión que siguen sufriendo los aborígenes.
En 2006 el Congreso aprobó una ley de emergencia nacional, que suspendió hasta noviembre de 2013 los desalojos de indígenas de sus tierras, mientras se revisaban los derechos de propiedad. Pese a ello las expulsiones han continuado y Amnistía Internacional documentó ataques contra dirigentes. En 2008, Javier Chocobar, de la comunidad diaguita de Tucumán, murió baleado cuando trataba de impedir el desalojo forzoso de su comunidad por parte de un hacendado local.
En 2009 y 2010, en esa misma provincia, miembros de la comunidad Quilmes fueron desalojados de sus hogares. En noviembre de 2010, unos 400 policías armados dispersaron violentamente a miembros de la comunidad toba Qom, en Formosa, que habían bloqueado una ruta para protestar contra planes de construcción en sus tierras ancestrales. El dirigente Félix Díaz y su familia fueron amenazados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades argentinas a garantizar su seguridad.
La actuación de los gobiernos provinciales también es reprochable: en vez de diseñar políticas públicas que protejan a los aborígenes, persiguen y buscan silenciar sus expresiones si ponen en riesgo un negocio o una política del gobierno. La situación es tan alarmante, que el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, visitó la Argentina en noviembre de 2011 y lamentó la brecha que existe entre las normas y la realidad.
El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en todas las decisiones que impacten en sus derechos está garantizado por el Convenio 169 de la OIT, que es parte del ordenamiento jurídico argentino. Sin embargo, no existe ley o política federal ni provincial que regule un procedimiento de consulta. En la Argentina, durante este año se debatirá el proyecto de reforma del Código Civil. La regulación del derecho de propiedad comunitaria indígena incluida en el texto exige un debate amplio, plural y participativo, en el que se tenga en cuenta la voz de los afectados. Es una oportunidad para saldar una deuda de este gobierno y hacer realidad un discurso lleno de simbolismos, pero vacío de contenido.



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