El 13 de diciembre de 1907 se produjo el descubrimiento de petróleo en la provincia de Chubut. El presidente Figueroa Alcorta decretó el carácter fiscal de las reservas de Comodoro Rivadavia. En 1916, desde su acceso a la presidencia de la nación el Dr. Hipólito Yrigoyen estableció la soberanía nacional sobre el recurso petróleo realizando obras para su producción y diseñando las bases de Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- empresa al frente de la cual el Presidente Marcelo T. de Alvear puso al Gral. Enrique Mosconi, el 16 de octubre de 1922, en la primera semana de su gobierno. La empresa tenía por objeto la exploración, explotación, destilación, distribución y venta de petróleo y sus productos derivados. Fue la empresa integrada verticalmente más importante del mundo, con excepción de la URSS, y fue, además, creadora de pueblos como Comodoro Rivadavia, en Chubut; Plaza Huincul, en Neuquén; Las Heras, Cañadón Seco, Caleta Olivia, en Santa Cruz, en proximidad de las reservas detectadas en dichos lugares. YPF tuvo el monopolio legal del petróleo como Sociedad del Estado en correspondencia con la doctrina de Hipólito Yrigoyen y del Gral. Mosconi, y acordaba los contratos para la instalación de otras empresas. Fue modelo para la creación de instituciones semejantes en otros países de la región. Con la política mantenida a través de YPF la Argentina logró el autoabastecimiento energético en 1989 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
Deshacen el patrimonio nacional
En 1992, la política ultra-liberal menemista que deshizo el patrimonio nacional construido por el Estado durante las décadas precedentes realizó la venta de YPF, convertida primero en Sociedad Anónima - YPF S.A-, la que fue activamente apoyada por los representantes de Santa Cruz a quienes, desde el Gobierno de Néstor Kirchner y la legislatura provincial, se les ordenaba votar la ley con una declaración impulsada y firmada por la entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner. La Unión Cívica Radical a través de sus legisladores en el Congreso Nacional se opuso a la privatización.
El Estado mantuvo el 20 % y la acción de oro, quedando el 12 % en poder de las provincias petroleras. En 1999 el Estado vendió a Repsol el 14,99 % de las acciones restantes con lo que ésta empresa pasa a poseer la casi totalidad del paquete accionario. En diciembre de 2007 el Grupo liderado por Enrique Ezkenazi adquiere el 14,99 % de las acciones de REPSOL-YPF en una operación en que interviene el gobierno, y amplía su participación con una nueva compra en mayo de 2011. Las condiciones pactadas establecen la distribución de dividendos de hasta un 90 % con los cuales se pagarán los créditos necesarios para esta operación. El 31 de diciembre de 2011 el grupo Ezkenazi poseía el 25,46 % de las acciones, correspondiendo el 57,43 % a Repsol, el 17,09 % a inversores privados, restando un 0,2 % al Estado argentino que conserva la acción de oro. En 2012 YPF produce el 32 % de los hidrocarburos y el 23 % del gas. En otras áreas del país se adjudican numerosas concesiones a empresas nuevas, sin antecedentes petroleros, muchas de las cuales se deben anular en diversas provincias por falta de actividad o se transforman en operaciones “inmobiliarias” vendiendo a otras empresas los permisos obtenidos. En general, las empresas maximizaron la búsqueda de ganancias sin realizar inversiones significativas y sin propósitos de exploración. El Estado se mantuvo ausente y carente de una política nacional en la materia y la producción de petróleo decayó a partir de 1998 y la de gas desde el 2004.
Falta de previsiones
La Unión Cívica Radical advirtió esta situación a través de sus destacados y reconocidos especialistas en la materia y de pronunciamientos políticos en los que denunciaron la pérdida del autoabastecimiento y la falta de previsiones. La Auditoría General de la Nación, al frente de Leandro Despouy como representante de la oposición radical, realizó en 2007 y 2010 sendos informes en que se señalan la falta de información y registros que permitan una función de gestión eficiente y la ausencia de controles, advirtiendo la disminución sistemática de los valores de explotación declarados en jurisdicción nacional, que ya alcanzaban al 43,88 % en 2007 respecto al año anterior, manteniendo esa tendencia declinante hacia adelante. La Unión Cívica Radical denunció igualmente las irregularidades con que se prorrogó en 2007 el contrato de concesión del importantísimo yacimiento de Cerro Dragón en la provincia de Chubut que vence en 2017 y fue extendido hasta el año 2047, sin cumplir con las obligaciones de evaluar el desempeño de la empresa que debía realizarse en un plazo de seis meses como mínimo antes de la expiración del plazo original. La prórroga establecía, además, un monto de regalías significativamente por debajo de los parámetros internacionales. La Unión Cívica Radical denunció el operativo e instruyó desde los Comités Nacional y Provincial a sus Diputados para oponerse a dicha prórroga. Algunos de ellos fueron cooptados por el Gobierno provincial y fueron expulsados del partido, en una actitud coherente con la defensa histórica del patrimonio nacional.
Acto inconsulto
Hoy nos encontramos frente a otro acto inconsulto y sorpresivo del Gobierno que envía un proyecto de ley al Congreso de la Nación con el propósito de declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario de la Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Este amplio propósito se propone lograrlo mediante la expropiación del paquete accionario de sólo una de las empresas actuantes en el país, REPSOL, hasta hace pocos meses ensalzada por la Presidente por su eficiente desempeño en el país. El proyecto no toca las acciones del grupo Ezkenezi, el otro integrante de YPF. El proyecto contiene una fuerte denuncia de incumplimientos de la empresa española, que resultaría la responsable de los déficits existentes que obligaron a la importación de combustibles por 9.300 millones de dólares en 2011. Pero las empresas restantes, que representan el 70 % de la producción total del país, también disminuyeron su producción contribuyendo, por ende, a la situación creada. Resulta difícil entender el porqué de esta particularización en un solo actor. El Capítulo III del proyecto titulado “DE LA RECUPERACIÓN DE YPF” dispone la expropiación, en el Art. 7, del 51 % del patrimonio de YPF, que corresponde a las acciones de REPSOL. En el Art. 15 se determina que YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad anónima abierta. Y la Presidente se encargó en el acto en que hizo su anuncio de aclarar que no se trata de una estatización.
YPF hoy
Es decir que la YPF actual no tiene ningún parentesco con los Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Yrigoyen, Mosconi, Alvear, Illia y Alfonsín. La Unión Cívica Radical no necesita agregar nuevos elementos a su defensa permanente e inclaudicable de la soberanía sobre el petróleo. Es parte de su identidad política y deberá seguir luchando por lograr ese objetivo con una ley que no es esta, y cuyos lineamientos están definidos en las “Bases del Programa 2011, aprobadas por la Honorable Convención Nacional. De la sanción del proyecto en consideración podrán resultar planteos de inconstitucionalidad, el aumento de la desconfianza de los potenciales y necesarios inversores por el quiebre del estado de derecho y el no respeto a las normas, la producción de sanciones de la comunidad internacional, y la creación de expectativas de difícil y hasta diría imposible cumplimiento que agravarían los problemas existentes y crearían nuevas frustraciones en el pueblo argentino. Hacer docencia y explicar con claridad la naturaleza de los problemas que enfrentamos es volver a reencontrarnos con nuestra sociedad. Es un deber que debemos emprender.
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