Cristina amaga con nuevas estatizaciones

El Gobierno avanza en varios frentes para tratar de robustecer la caja fiscal ante un escenario de menor actividad en el 2012, y si hace falta parece dispuesto a ir sobre más sectores privatizados en los 90, como ya lo hizo con las AFJP.
Al menos esa es la idea que pareció transmitir la administración de Cristina Fernández con sus últimos movimientos, que llegaron a involucrar también a gobernadores.
La lectura de las últimas jugadas del cada vez más tenso gobierno kirchnerista confirmaría la ya anunciada tendencia a un mayor intervencionismo en la economía que viene.
La lógica amigo-enemigo que el kirchnerismo aplicó con mano de hierro desde el 2003 parece haber recaído ahora sobre los accionistas españoles de YPF, a los cuales se acusa de no invertir lo suficiente para impedir que la Argentina debiese importar casi 10.000 millones de dólares en combustibles durante el 2011.
Por eso, cerca de la principal petrolera del país creen que podría no ser descabellado que el Gobierno intentara algo parecido a una nacionalización, aunque el punto débil de la Casa Rosada para una jugada de ese tipo sería carecer de fondos suficientes para resarcir a Repsol en caso de adoptar ese camino.
En las arcas del Tesoro argentino el dinero no abunda, y en cambio la debilidad que empieza a mostrar la balanza de comercio exterior juega en contra de cualquier aventura destinada a estatizar.
Pero tal vez el camino alternativo podría pasar por obligar a los accionistas de YPF a abrir su capital a la estatal Enarsa y aceptar un pago a cambio en cómodas cuotas.
A diferencia de Hugo Chávez, que trajo sus reservas de oro desde el exterior y casi nada en un mar de petróleo, la Argentina atraviesa una etapa de cierta sequía de fondos, luego de un 2011 en el que el gasto público se disparó por las nubes para garantizar el triunfo electoral.
Según un informe elaborado por la Secretaría de Comercio Interior que conduce el aguerrido Guillermo Moreno, YPF es responsable de la caída en la producción petrolera, en la merma de reservas y del hecho de que el país se haya visto obligado a importar un nivel récord de combustibles.
Cerca de la petrolera temen terminar siendo utilizados como chivos expiatorios de un problema que el kirchnerismo nunca pudo resolver: cómo lograr que aumenten las inversiones, ya no sólo en materia energética, sino en general, ante un mundo en crisis y que sigue mirando de reojo a la Argentina.
Fiel a su estilo de pelear en varios frentes a la vez, el gobierno no sólo le apunta a YPF, sino que tendría en la mira a Gas Natural, también propiedad de una española. 
Gas Natural Fenosa -la dueña de Gas Natural- es una  multinacional energética líder del sector del gas en España y en Iberoamérica, y la cuarta compañía del mundo por volumen de gas transportado.
En la Argentina opera en 30 partidos del norte y el oeste del conurbano bonaerense, en zonas como La Matanza. 
Hay sectores del Gobierno que aseguran que existe disconformidad con el nivel de inversiones de la compañía, cuyas tarifas están congeladas desde la salida de la convertibilidad y eso complica sus números.
El sector del kirchnerismo que piensa así es el que aglutina, a fuerza de latigazos políticos, el secretario Moreno, en alianza con los bulliciosos militantes de La Cámpora.
En cambio, existe un sector menos duro y más “racional”, según la calificación que usan los propios empresarios, encarnado por el ministro de Planificación, Julio de Vido, que no estaría 100 por ciento de acuerdo con la posición esgrimida por Moreno, pero que sería minoritario en el actual entramado de poder conducido por Cristina con mano de hierro.
En el medio, los gobernadores de provincias petroleras hicieron una operación de pinzas junto con la Casa Rosada y conminaron a YPF a aumentar de inmediato las inversiones.
El más belicoso fue el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, ex aliado de Mario Das Neves y crítico del kirchnerismo hasta que llegó al poder.
Mientras el frente con las petroleras está que arde, Moreno sigue avanzando con un control de importaciones indispensable para cercar el chorro de la salida de divisas.
Moreno diseñó un plan denominado “autonomía de divisas”, el cual obliga a que las empresas deban exportar un dólar por cada uno que importen.
En la UIA hay preocupación por la ofensiva del gobierno sobre las importaciones, y temen que derive en un cuello de botella para la producción.
“Si no aceptan este esquema no van a poder importar ni un tornillo”, habría sido la advertencia, poco diplomática, que Moreno le hizo llegar a la central fabril cuando trascendió el malestar de los industriales.
A José Ignacio de Mendiguren, en algún momento entusiasmado por las bondades del modelo, se lo ve de capa caída.
Su rol parece cada vez más limitado a sentarse en la primera fila para aplaudir los discursos que semanalmente pronuncia una mandataria cada vez más blindada y menos abierta a críticas, y eso genera malestar entre algunos integrantes de la conducción de la central fabril.
Algunos hombres de empresa están convencidos de que, ante un escenario internacional adverso, el gobierno prepara el terreno para apropiarse de una parte de la renta, porque visualiza que sólo con los impuestos, que se ubican entre los más altos de Sudamérica, ya no alcanza.