Presionar por la construcción de la autovía

Las autoridades locales, provinciales, los legisladores provinciales y nacionales, el empresariado juninense y regional, las sociedades de fomento, los vecinos autoconvocados, todos juntos deberían presionar para que la construcción de la autovía en la Ruta 7 se haga realidad. En este sentido, sería necesario que la Comisión Regional y Permanente Pro Autopista Luján-Junín, conformada en el año 2006 por intendentes, legisladores provinciales, concejales y autoridades de entidades intermedias redoble sus esfuerzos ante la paralización de proyectos y el incumplimiento de promesas.
Nadie pone en tela de juicio que la autovía de la Ruta 7 es hoy de interés público prioritario. Ello es así no sólo porque en tal sentido se expidió el ex presidente Kirchner mediante el decreto 1106 del año 2007, sino porque la ciudadanía lo reclama a gritos. La voluntad popular es clara en este respecto y las autoridades no la pueden desoír.

Una preocupación local, regional y nacional

Desde DEMOCRACIA, venimos denunciando con constancia el grave problema de inseguridad vial. Las cifras son escalofriantes y la realidad imperante necesita de acciones urgentes, concretas y propicias. Las escasas obras previstas en la autovía 7 son insuficientes: con un ensanchamiento de 60 cms y la pavimentación de banquinas no solucionamos el problema. La escasa infraestructura seguirá cobrando miles de muertes inocentes y evitables. “Es una tomada de pelo”, dicen los vecinos. Para otros, en cambio, la desidia de las autoridades está bien justificada. Claro, ellos, “viajan en helicóptero, cómo se van a interesar”. Sea una cosa o la otra, la realidad es única y necesita que los esfuerzos de todos se aúnen en pos de mejorar la calidad de vida de los que diariamente transitan por la “Ruta de la Muerte”.

Una preocupación
mundial

Por un motivo o por otro, las obras no se realizaron. Promesas del año 2007 incumplidas y número de muertes que continúan creciendo. Las desidias nacionales y las estadísticas llamaron la atención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que lanzó un Plan Mundial para el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”. Leerlo, no sólo es instructivo sino que sorprende: es una descripción acabada de lo que lamentablemente pasa en nuestro país (ver www.decadeofaction.org/documents/global_plan_es.pdf).  
En la presentación del plan, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, “exhorta a los Estados Miembros, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los líderes comunitarios a garantizar que el Decenio produzca mejoras auténticas”.
El objetivo: la estabilización y, posteriormente, reducción de las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial. Para la ONU, el Decenio ofrecería un marco temporal para tomar medidas destinadas a alentar el compromiso político y la asignación de recursos tanto a nivel nacional como mundial.
Los destinatarios: un amplio público, en particular los gobiernos locales y nacionales, la sociedad civil y las empresas privadas que deseen ajustar sus actividades a la consecución del objetivo común, manteniendo una perspectiva genérica y flexible, conforme con las necesidades de los países. El plan resalta la importancia de la implicación local y nacional en esta problemática, con la participación de varios sectores y organismos. Se sugiere, en este sentido, la incorporación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales y el sector privado en el desarrollo y ejecución de actividades nacionales e internacionales para la consecución de los objetivos propuestos.
El pedido: que los Estados Miembros lleven a cabo actividades en materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, la educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes. Sin embargo, se indica que en el diseño de estrategias se debe prestar más atención al control de la velocidad y al diseño de los vehículos y las carreteras que a los enfoques tradicionales de la seguridad vial. Este enfoque implicaría traspasar gran parte de la responsabilidad de los usuarios de las vías de tránsito a los diseñadores del sistema de transporte vial, destacándose a los responsables de la gestión vial, la industria de la automoción, la policía, los políticos y los órganos legislativos. Sin perjuicio de lo cual, se continúa destacando la responsabilidad individual de los usuarios de atenerse a las leyes y reglamentos.
Las medidas a adoptar: en el documento se establecen cinco pilares que los países deberían considerar en sus estrategias de seguridad vial. Ellos son: 1) gestión de la seguridad vial (organismo de contralor, estadísticas fiables, metas realistas y a largo plazo; 2) vías de tránsito y movilidad más seguras (fomentar la creación de nuevas infraestructuras seguras que satisfagan las necesidades de movilidad; fomentar la implicancia en temas de seguridad vial); 3) vehículos más seguros (alentar la aplicación de programas de evaluación de vehículos en todas las regiones), 4) usuarios de vías de tránsito más seguros (aumentar la concientización y vigilar el respeto de la normativa de tránsito) y 5) respuesta tras los accidentes (aumentar la capacidad de respuesta tras los accidentes).

La inseguridad vial,
descrita por la ONU

De acuerdo al informe previsto en el Plan Mundial, cada año, cerca de 1,3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito –más de 3000 defunciones diarias- y más de la mitad de ellas no viajaban en automóvil. Además, entre 20 millones y 50 millones de personas más sufren traumatismos no mortales  por el mismo motivo, y tales traumatismos constituyen una causa importante de discapacidad en todo el mundo. Asimismo, entre las tres causas principales de defunciones de personas de 5 a 44 años figuran los traumatismos provocados por el tránsito.
Las previsiones, son alarmantes. “Si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces –indica el documento- dichos traumatismos se convertirán en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales. Ello se debe, en parte, al rápido aumento del mercado de vehículos de motor sin que haya mejoras suficientes en las estrategias sobre seguridad vial ni la planificación del uso del territorio. Se ha estimado que las colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión económica del 1% al 3% en el PNB respectivo de cada país, lo que asciende a un total de más de $500.000 millones. La reducción del número de heridos y muertos por accidentes de tránsito mitigará el sufrimiento, desencadenará el crecimiento y liberará recursos para una utilización más productiva”. Asimismo, se señala, en el informe del secretario General de las Naciones Unidas sobre la crisis mundial de la seguridad vial correspondiente a 2009, que, pese a los datos probatorios de que cada vez hay mayor concienciación sobre las cuestiones de seguridad vial, la voluntad política y los niveles de financiación distan de guardar proporción con la escala del problema.
En síntesis, el problema es gravísimo y empeorará. Es hora pues, de tomar cartas en el asunto y gestionar y adoptar las medidas adecuadas para solucionarlo. Un problema de esta magnitud requiere el compromiso de todos: autoridades locales, provinciales, legisladores provinciales y nacionales, empresariado juninense y regional, sociedades de fomento, vecinos autoconvocados y medios masivos de comunicación. DEMOCRACIA, está comprometido.