La suba de la indigencia y el crecimiento de la protesta social reabren grietas internas en el Gobierno y exponen las diferentes miradas sobre la forma en la que se debería reducir la inflación y ordenar las cuentas públicas. El problema de fondo radica en que, con paritarias cerrándose por encima del 90 por ciento y con Cristina Kirchner, por caso, pidiendo un ingreso contra la indigencia, no hay acuerdo en cómo desindexar la economía e ir consolidando un sendero de achicamiento del gasto.
La Vice había reaparecido el pasado miércoles, tras la presentación de Sergio Massa de un Presupuesto 2023 que busca “el orden y la austeridad”, para aportar su visión sobre el rumbo de la economía: no sólo reclamó una asistencia a la población más vulnerable sino también una mayor intervención estatal para acotar los márgenes de ganancia de las empresas alimenticias. Justamente las firmas, que tienen como habitual portavoz a Daniel Funes de Rioja (UIA), en las últimas horas expresaron su “sorpresa” por las acusaciones de la Vice de propiciar aumentos especulativos en la canasta básica y consideraron que como siempre han resultado “un chivo expiatorio” ante problema generalizado como lo es la alta inflación que padece la Argentina.
GANANCIAS DE EMPRESAS
También se metió en la polémica el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que aunque coincidió en la necesidad de corregir las ganancias empresarias y llevarlas a niveles de “tres o cuatro años atrás”, de alguna manera también las justificó por el desorden que produce en la economía el cepo cambiario, el déficit fiscal y la persistente suba de precios.
“Hasta que no logremos la unificación cambiaria, habrá cierto desorden y márgenes empresariales más altos que los normales. Pero unificar el mercado de cambios, sin robusto superávit fiscal primario, y casi sin Reservas, luce demasiado riesgoso. El norte (¿3 años?) debería ser ese”, explicó a través de su cuenta de Twitter, en lo que pareció una respuesta a la Vice, vale decir, en un tono mucho más diplomático que el que utilizaba cuando no era funcionario y era un acérrimo crítico del kirchnerismo.
DESCOORDINACIÓN
Más allá de estas diferencias, los principales accionistas del Frente de Todos (FdT) vienen desempeñándose de manera descoordinada frente al aumento de la puja distributiva y la protesta social. Alberto Fernández, en un intento por retomar protagonismo, se involucró en el conflicto de los trabajadores neumáticos y luego de recibir a Pablo Moyano, le pidió que sea una suerte de “mediador” ante el dirigente clasista Alejandro Crespo (SUTNA).
Durante la víspera siguió la negociación en el ministerio de Trabajo sin que, al cierre de esta edición, hubiera resolución. Por la tarde Moyano y Omar Plaini (Canillitas), estuvieron en Casa Rosada con el Presidente y su secretario general, Julio Vitobello, llevando “partes” sobre el conflicto que tiene paralizadas a las tres principales fábricas de cubiertas de rodados del país.
EL BONO
Mientras, el acampe frente al ministerio de Desarrollo Social y la presión de Cristina por la situación social hicieron trascender el inminente anuncio de un bono para la población vulnerable, en teoría, financiado con los fondos resultantes de la liquidación del dólar soja.
Las internas en esa cartera resurgieron al calor del aumento de la protesta social: el ministro “Juanchi” Zabaleta podría regresar a la intendencia de Hurlingham molesto por la presión de dos poderosos secretarios de esa cartera, Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Laura Alonso (La Cámpora).
En paralelo a que Economía deja trascender la necesidad de establecer un “plan de estabilización”, que implicaría un fuerte ajuste, hay paritarias que siguen negociándose por encima de la inflación que Rubinstein elípticamente concedió ayer para 2022 en su hilo de Twitter (90 por ciento). Fue La Bancaria, del diputado kirchnerista Sergio Palazzo, que cerró un 94,1 por ciento para el período con revisión en diciembre próximo, donde podría ampliar el porcentaje. Hoy será el turno de los estatales nacionales quienes negociarán una revisión del acuerdo suscripto en junio con Jefatura de Gabinete.
Quizá haya una pista hasta donde el estado está dispuesto a estimular la demanda en pos de evitar conflictos sindicales. Hoy hay dudas entre los actores económicos sobre de qué forma el Gobierno intentará desindexar la economía para calmar las expectativas.
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