Mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció con bombos y platillos y plan para el mejoramiento de los caminos rurales, la extensa red que los productores, contratistas y empleados rurales transitamos a diario dista de lucir como debiera en un país que está llamado a abastecer al mundo con sus alimentos.
Es que no solo no se destina, en la mayoría de los municipios, el aporte porcentual del impuesto inmobiliario para su mantención, sino que las tasas viales que se cobran no se usan para el fin que fueron creadas.
Además de las tasas viales que los municipios cobran por hectárea a los productores, un porcentaje del impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires se destina por coparticipación a cada municipio para la mantención de los caminos rurales. Sin embargo, lejos de estar en buen estado, los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires están en su mayoría en estado deplorable, hasta el punto de que muchos están incluso cortados.
Estas vías son fundamentales no solo para mejorar la competitividad de nuestra producción, para poder sacar una tonelada de trigo, un kilo de carne o un litro de leche, sino porque ahí vivimos los productores y empleados rurales, y en estas condiciones estamos teniendo una vida de ciudadanos de segunda, en muchos casos sin acceso a la educación y a la salud en los días en que estos caminos no pueden transitarse por falta de mantenimiento adecuado. Por eso, de una vez por todas tenemos que plantear el tema y recordar a nuestros gobiernos esta situación para lograr un cambio. Es que, en la mayoría de los casos, la Tasa Vial se usa como instrumento de recaudación y los municipios no brindan la contraprestación que esa tasa debiera tener para quienes viven en el campo y deben movilizarse a diario además de transportar su producción.
En muchos casos, los recursos que reciben los municipios por la Tasa Vidal tienen otros destinos, en función de la necesidad política de cada intendente. Por otra parte, son cada vez más comunes los casos de aplicación de tasas duplicadas o tasas de cualquier tipo y color que se cobran sin contraprestación alguna. De esta forma, no solo se cobra la tasa vial que duplica el impuesto inmobiliario provincial, sino que se continúan superponiendo los impuestos que pagamos en el campo, transformándose en una carga asfixiante sobre la tierra.
Como productores somos tomadores de precios, entonces cuanto más aumenten los impuestos, menos capacidad de ahorro, y menos capacidad de inversión genuina tenemos.
Los municipios se convirtieron en inventores de tasas e impuestos que no tienen ninguna base legal. Dueños de una imaginación sin límites quisieron cobrar tasas de seguridad, tasas de salud, o tasas de educación, que son servicios que deben estar a disposición de los ciudadanos y para los que se pagan las rentas generales. Algunos municipios han llegado a pretender obligar a los establecimientos agropecuarios a tener una habilitación municipal, o cobrarles una tasa de seguridad e higiene, cuando en el campo no se expenden alimentos para el consumo del público, como en los restaurantes. Otro invento nuevo en este festival de tasas es el Derecho de Construcción que municipios como el de Gonzáles Chaves extendieron al sector agropecuario, cuyos productores comenzaron a recibir apercibimientos obligándolos a declarar sus construcciones y a pagar un canon por ellas.
Mientras, desde el gobierno de la Provincia se declaman planes pomposos que no son más que anuncios, pero que no se ven plasmados en mejoras reales de la calidad de vida de quienes vivimos y trabajamos en el campo.
Mercedes Lalor: Dirigente agropecuaria.
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