Han pasado diez años de la tragedia ferroviaria de la estación Once de Buenos Aires, que dejó 52 muertos y más de 700 heridos. Un período en que las familias de las víctimas se han enfrentado al poder y logrado demostrar en la Justicia el entramado de corrupción que mató a sus seres queridos, sin que la esfera política les haya pedido disculpas por lo sucedido.
“Hay una responsabilidad penal que es la que nosotros logramos” y “una responsabilidad política que no es judiciable, pero que existe”, dijo Leonardo Menghini, abogado querellante y tío de Lucas Menghini Rey, un joven de 20 años que murió en el choque ferroviario y que se convirtió en la víctima más emblemática porque lo buscaron por casi 60 horas.
“La responsable política de la tragedia de Once es Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó Menghini, en referencia a que la actual vicepresidenta era entonces la presidenta, porque el accidente “solamente se pudo dar dentro de un sistema corrupto”.
La tragedia ocurrió en la mañana del 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea ferroviaria Sarmiento, que conecta la capital con el oeste de su cinturón urbano, se empotró contra un andén de la estación cabecera de Once.
El dolor de los familiares dio paso a la lucha para ver a los culpables tras las rejas. Menghini se convirtió en abogado de los padres de Lucas y después sumó a otras familias que desde el principio supieron lo que es llevar al Gobierno de turno a la Justicia e incluso enfrentarse a otras querellas, que intentaron culpar al maquinista, pero siguieron adelante “por el convencimiento” de tener la verdad y con “una decisión muy fuerte”.
“Tengo más rencor político que en lo personal”, describió Menghini, que recordó que “la responsabilidad política nunca fue asumida” ni tampoco “la negligencia”.
“Pasan los años y nunca llega el (pedido de) perdón, nunca llega el arrepentimiento, nunca llega el reconocimiento de la culpa mínima”, se lamentó Menghini.
La causa tuvo dos etapas. Logró 21 condenas firmes para dos funcionarios, 18 empresarios de transporte y el maquinista. Hoy ninguno de ellos está detenido en prisión. Y las máximas condenas que se lograron fueron por dos delitos: administración fraudulenta contra la administración pública y estrago culposo seguido de muerte.
Los dos exsecretarios de Transporte condenados fueron Juan Pablo Schiavi (2008-2012), a cinco años y seis meses de prisión, que hoy se encuentra en libertad condicional, y queda pendiente la de Ricardo Jaime (2003-2008), que está en prisión por otras causas ligadas a la corrupción, y aún requiere el doble conforme de la Justicia.
Está pendiente la condena número 22, que sería la del jefe de ambos secretarios, Julio De Vido, ministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández. El exministro fue condenado solo por administración fraudulenta a una pena de cinco años y ocho meses de prisión, fallo que está esperando la confirmación de la Corte Suprema.
Según la Justicia, el Estado realizaba transferencias económicas a las empresas concesionarias del servicio que volvía en forma de dádivas a los funcionarios, quienes descuidaban el control del mantenimiento de los trenes y la seguridad cuyo deterioro desembocó en la tragedia.
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