Mientras comenzó a negociar con el Gobierno porteño el traspaso de las 32 líneas de colectivos que circulan por la capital federal, como forma de eliminar subsidios en un año en el que deberá reducir el gasto, y en una reunión donde los funcionarios porteños pidieron sumar a las negociaciones a sus pares bonaerenses por tratarse de un asunto “metropolitano”, el Ejecutivo nacional fue citado por la Corte Suprema a una instancia de mediación por el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta ante la quita de casi 1,5 puntos de Copartipación que le viene realizando la Nación desde octubre de 2020.
La sorpresiva notificación fue realizada ayer por la tarde y el máximo tribunal citó al ministro Wado de Pedro (Interior) y al propio Larreta como representante de la CABA.
El jefe de gobierno porteño había recurrido a la Justicia en 2020 luego que la Casa Rosada le recortara dichos recursos con el argumento que sobrepasaban lo necesario para costear la Policía de la Ciudad y, además, urgida por financiar a la Provincia que en ese momento registraba una rebelión de la Policía Bonaerense por reclamos salariales.
Ahora el máximo tribunal citó a las partes para el 10 de marzo, desde las 11, para conocer sus puntos de vista antes de tomar una resolución definitiva. “En teoría es para buscar un acuerdo. Pero lo veo difícil”, se sinceró un funcionario porteño consultado.
Es que hay en danza mucho dinero: hasta fin de año pasado, la capital federal había dejado de percibir unos $100 mil millones por este concepto y este año, de no haber un fallo judicial favorable, la caída en la recaudación alcanzaría a los $140 mil millones. “Es un 75% del presupuesto en Salud y un porcentaje similar del de Seguridad”, graficaron en el Gobierno porteño.
En Casa Rosada ayer dijeron que la citación fue una “formalidad” y que, al igual que ocurrió en otra instancia informativa pedida por la Justicia, es probable que concurra Raúl Rigo, secretario de Hacienda, en lugar del dirigente camporista. “Son fondos de la Coparticipación primaria, no de los que las provincias cobran por un porcentaje fijo. Así lo había arreglado Macri y por eso debería involucrarse Economía”, aclararon.
La disputa por los recursos federales ayer también enfrentó a ambos distritos. Luego de los cruces por los medios de las últimas semanas, funcionarios de Nación y CABA se reunieron en el ministerio de Transporte. En los hechos bajó la tensión, y el Gobierno porteño aceptó debatir la transferencia de la administración de las 32 líneas de micros que no cruzan la General Paz. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones se volverán a juntar el próximo 22 de febrero para coordinar la institucionalidad del traspaso y el aspecto económico.
El año pasado el servicio demandó subsidios por casi $15 mil millones de los cuales casi $7 mil millones puso la capital federal.
En Nación remarcan que la provincia de Buenos Aires se hace cargo del 91 por ciento del financiamiento de su sistema de transporte automotor y la Nación del 9 por ciento a través del Atributo Social Federal y el Boleto Integrado por transbordos.
Quien recogió el guante enseguida fue el secretario de gobierno porteño, Jorge Macri, que participó del encuentro, al remarcar que para llevar adelante el traspaso es necesario que “los esfuerzos sean compartidos. No debemos perder de vista a quien usa el colectivo. No se puede tener un sistema distinto de un lado o el otro de la General Paz o el Riachuelo. Por lo tanto es imprescindible el diálogo entre todas las jurisdicciones”.
El intendente con uso de licencia en Vicente López sostuvo que la potestad tarifaria es “una decisión nacional “. Es que el Gobierno porteño no quiere pagar el costo político de subir los boletos. “No se puede tener política de transporte distinta en Ciudad (de Buenos Aires) y Provincia”, insistió.
Es que en CABA aducen que unos 3 millones de personas ingresan por día a su territorio para llevar a cabo distintas actividades. “Esta negociación debe tener una visión ´metropolitana”, concluyeron.
Por su parte, el secretario de Tranpsorte nacional, Diego Giuliano, argumentó que “todos hemos observado el planteo de distintos gobernadores en relación a una asimetría federal, que debe ser superada.
Y el camino que iniciamos en es esa dirección, para lograr una mayor equidad y una mejor distribución de los recursos que el estado nacional pone en el servicio del transporte urbano de pasajeros en toda la Argentina”. En esa cartera aducen que el año pasado se transfirieron sólo $28 mil millones a repartir para el resto de las 23 jurisdicciones.
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