El kirchnerismo legislativo está envalentonado por lo que considera es un golpe certero a una de las aristas del capital simbólico de Juntos: el respeto a las instituciones, ese “leit motiv” que le sirvió en 2015 para arrebatarle la Provincia al PJ. El motivo es la difusión del video maldito donde representantes del exgobierno vidalista ofrecen plafón político a empresarios para avanzar judicialmente contra Juan Pablo “Pata” Medina.
Eso derivó en el gran objetivo político que por estas horas obsesiona al oficialismo: la ofensiva para promover el juicio político contra el Procurador General Julio Conte Grand que, en rigor, asoma de muy difícil concreción. Pero que, si se maneja con paciencia, le aseguraría al PJ una alta cuota de exposición del tema, una posible forma de aportar a cierto desgaste del jefe de los fiscales provinciales. Acaso, forzar a la oposición a una negociación más amplia, conveniente para ambos sectores, que incluya entregar la cabeza del funcionario sin estridencias.
Hace pocos días, el bloque del Frente de Todos en Diputados presentó un proyecto para promover el juicio político a Conte Grand en el que describe una serie de conductas del funcionario que, para el oficialismo, son causal del proceso. Muy resumidamente: que el Procurador es uno de los eslabones de lo que ellos llaman la “mesa judicial” del macrismo, que se valió de un sistema de inteligencia ilegal para perseguir opositores. El video grabado en 2017, donde un funcionario de Vidal habla de una “Gestapo” y sugiere un arreglo con la Justicia para encarcelar a Medina, resulta tal vez el elemento más complicado de refutar para Juntos.
La intención inicial es que ese proyecto se trate en una sesión extraordinaria convocada por la presidencia del cuerpo, en la segunda quincena de este mes, sin que pase por comisión. Parece difícil. Si ocurriera, el PJ necesitaría dos tercios para avanzar con la formación de una comisión investigadora, pero le faltan unos 18 votos. El bloque del FDT tiene 43 bancas de 92 totales por lo que requeriría apoyo de la oposición. Juntos, por ahora, está abroquelado en defender a Conte Grand, bajo una lógica más macro refractaria a todo lo que huela a intento de copamiento de la justicia provincial por parte del justicialismo. Obviamente, hay conversaciones entre los peronistas y los bloques menores como la Izquierda o Avanza Libertad.
Existe un mecanismo técnico que permite que, caída esa eventual sesión extraordinaria, el tema se trate con otros números en una siguiente. Es en ese escenario, o si se abordara la cuestión en sesiones ordinarias a partir de marzo, que el Frente aspira a aplicar la Ley 4434 de Juicio Político. Esa norma estipula que, al recibir denuncias sobre delitos o faltas cometidas por los funcionarios cuestionados, Diputados “resolverá por el voto de la mayoría de los presentes” si se procede o no a la investigación. Un número más fácil de reunir para el PJ. Y, en caso afirmativo, designará la comisión investigadora compuesta de cinco miembros, que se encargará de verificar la exactitud de los cargos y dictaminar sobre la procedencia o no de la acusación.
Listado de testigos
Si la comisión tuviera vía libre para funcionar, el FDT ya detalló un listado de testigos para que desfilen por la Cámara baja. Entre otros: los que estaban en la reunión grabada; el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, enemigo declarado de Conte Grand, y Roberto C. García, de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que denunció que el Procurador persiguió a Vitale; Pablo y Hugo Moyano, investigados por la justicia y que aseguran que, como Medina, son perseguidos del macrismo; Cristina Caamaño, la actual interventora de la AFI que hizo la denuncia contra los vidalistas por el tape incriminador.
Lo dicho: para el oficialismo es muy cuesta arriba el proceso. Suponiendo que pudiera pasar la etapa investigativa, después necesitaría dos tercios de los miembros presentes de Diputados para acusar a Conte Grand ante el Senado y, en esa cámara, convertida en tribunal, se requeriría el mismo número para juzgarlo. Hoy suena imposible. En la cámara alta la paridad de fuerza es ajustadísima: 23 legisladores del peronismo y 23 de Juntos.
Está claro que la estrategia del Frente de Todos es enmarcar el video de la Gestapo como un ejemplo de una supuesta metodología de persecución política al sindicalismo en general durante el macrismo/vidalismo. Por eso les incomoda circunscribir el episodio solo a Medina, cuyo supuesto accionar mafioso acaba de ser ratificado en un duro comunicado de empresarios y colegios profesionales platenses. En esa lógica es que otros referentes gremiales, como el clan Moyano, también se suman a la lista de supuestos damnificados.
En la otra punta, el macrismo intenta enfocar el problema solo en Medina. Fue la línea que eligió Vidal al salir hablar hace un par de días, diciendo que el kirchnerismo quiere hacer del victimario una víctima y negando que en su gestión hayan existido persecuciones.
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