El nivel de confrontación política entre el oficialismo y la oposición, cuyo último capítulo se observó en la escandalosa aprobación de los cambios al impuesto a los Bienes Personales en el Senado, seguramente marcará en 2022 la marcha de las reformas que hoy necesita la Argentina para salir adelante y la eventual rúbrica del plan plurianual económico que requería el eventual acuerdo con el FMI que viene motorizando el Gobierno.
En la última semana del año la Casa Rosada se encargó de enviar, de forma un tanto desprolija es cierto, señales de “normalización” al staff del organismo de crédito multilateral: confirmó, primero con una filtración periodística y luego con un impreciso hilo de tuits del secretario de Energía, Darío Martínez, el descongelamiento tarifario. Al parecer, las boletas de luz y gas del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) tendrán un incremento promedio del 20% que, en barrios más exclusivos, superaría las tres cifras.
Aunque no se precisó, el objetivo sería que las distribuidoras que dan servicio en el interior bonaerense y en las provincias -donde Nación no tendría potestad para fijar políticas- adoptarán la misma pauta tarifaria. La idea es reducir los subsidios que alimentan el déficit fiscal, una de las clásicas recetas del Fondo. La novedad fue ventilada en medio de masivos cortes de luz.
Reservas y tarifas
El otro mensaje teledirigido hacia Washington fue la carta de “objetivos” que el Banco Central difundió al cierre del jueves 30, donde remarcó la necesidad de engrosar reservas y de establecer “tasas de interés positivas”. Con una inflación real proyectada al menos al 50%, la autoridad monetaria debería subir ese indicador unos diez puntos generando el consecuente efecto recesivo sobre la actividad ¿Aceptaría el kirchnerismo esa medida?
Justamente la noticia del descongelamiento tarifario despertó la sospecha de una nueva tirria entre el ministro Martín Guzmán (Economía) y el subsecretario de Energía, el camporista Federico Basualdo, dado que en lugar de hacer foco en la segmentación tarifaria que pretende Hacienda, dejaba firme la idea que la única suba para este año sería del 20%, casi 30 puntos menos que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado. “El ministro dio su aval. Es parte del proceso de segmentación que se está trabajando. Es una etapa previa mientras se siguen delineando los detalles”, afirmaron cerca del economista.
La primera certeza llegará el 19 de enero cuando se realice la audiencia pública de Metrogas, que pide un 40% de aumento, pero internamente sabe que deberá conformarse con un 20%, que comenzaría a regir en marzo próximo. Los interrogantes, con todo, son muchos: cómo segmentaría el Gobierno los consumos y cómo haría para individualizar a los beneficiarios si pocos se han sumado a la campaña para “nominalizar la boleta”.
Es que en el medio aparecen problemas como la “desidia o la imposibilidad”, aseguran desde una empresa, de quienes no quieren perder tiempo en el trámite o bien prefieren no hacerlo para no perder el beneficio de la tarifa social de la “abuela que tiene a su cargo el servicio”, por caso. En las empresas energéticas aseguran que el proceso sería de fácil implementación dado que ya lo realizan con la tarifa social. “Es cuestión de que nos pasen el ´pendrive´ con los usuarios. El problema acá es otro”, estimó la fuente empresaria consultada.
A fuego lento
Más allá de las dudas sobre el impacto real del recorte de subsidios en las metas pretendidas por Washington, Guzmán sigue las negociaciones a fuego lento y antes de marzo difícilmente pueda llegar a ponerse a consideración de la oposición el plan plurianual. El próximo miércoles el funcionario recibirá a los gobernadores que vienen de rubricar el consenso fiscal, para “explicarles” la marcha de las negociaciones.
Otra vez la mirada estará puesta en cuál será el comportamiento de los mandatarios opositores, como Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes ¿irá esta vez Horacio Rodríguez Larreta? El alcalde porteño justificó la ausencia del último lunes en los aumentos impositivos que gatillaba el consenso fiscal, que además le exigía desistir de la demanda en la Corte Suprema por la que reclama la poda de 1,5% de Coparticipación Federal que en 2020 le arrebató Nación. En la sede de Parque Patricios son optimistas que este año reciban un guiño del máximo tribunal.
Tironeos por la unidad
En el seno de la coalición opositora siguen los tironeos aunque prima la necesidad de mostrar hacia afuera una postal de unidad. En la remozada Mesa Nacional de Juntos por el Cambio aprobaron un nuevo reglamento para intentar aquietar las tensiones. Habrá delegaciones provinciales que deberían estar conformadas antes de finales de marzo próximo. El mayor desafío es “el sistema de toma de decisiones” que presentarán para la misma época.
El objetivo es terminar con los cruces dialécticos o vía Twitter que desgasten el armado opositor. Saben que para que “haya 2023” deberán transitar un año armónico sin rupturas. En el fondo está la puja entre el PRO y la UCR para posicionar candidatos rumbo a las presidenciales.
También hay batallas internas dentro de ambos partidos. La exgobernadora María Eugenia Vidal ha hecho saber su decisión de ser una de las aspirantes a la primera magistratura, pero en medio deberá confrontar con las ambiciones del propio Larreta, Patricia Bullrich y probablemente de Mauricio Macri.
Vidal y el armado de causas
En una semana en la que quedó en el blanco de las críticas por la aparición de un video de su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, en el que este expresaba su deseo de promover una “Gestapo” para perseguir sindicalistas, no ha recibido gestos de apoyo de sus pares. También quedó afectada por la reforma a la ley que impedía la reelección indefinida de intendentes bonaerenses que, hasta último momento, intentó impedir. Varios jefes comunales y dirigentes provinciales del PRO, por caso, le dieron la espalda.
El polémico video que expuso la supuesta “mesa judicial” bonaerense no solo dio sustento al kirchnerismo sobre su teoría de “lawfare”, sino que también hizo visibles reacomodamientos en la CGT como un anticipo de lo que vendrá. Pablo Moyano, quien tiene una agenda por separado del sector de “Los Gordos” con quien comparte la conducción de la central, realizó una conferencia de prensa para repudiar las declaraciones de Villegas junto a Hugo Yasky (CTA). Venía de compartir el miércoles una impactante foto hacia la interna de la central al visitar la sede de la Uatre (peones rurales), para recibir el apoyo del titular del gremio, José Voytenco, acompañado por sus “socios” “Paco” Manrique (Smata) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria).
Quedan interrogantes en cómo se posicionará el sindicalismo en 2022 cuando, acuerdo con el Fondo mediante, haya “correcciones” -como gusta decir ahora al oficialismo- que retraigan el empuje a la demanda que viene realizando el Estado y, por ende, visibilicen una mayor sensación de “ajuste” en los bolsillos.
Hay sectores del oficialismo que siguen esperando la institucionalización del Frente de Todos que prometió Alberto Fernández en el acto del 17 de noviembre, apenas tres días después de la derrota en las legislativas. Organizaciones sociales y sindicales siguen pidiendo “un salario universal” para hacer frente a la pobreza estructural de millones que aún hoy están fuera del sistema. Hasta ahora se han encontrado con el rechazo por las limitaciones fiscales del Tesoro.
Nada hace prever lo contrario.
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