El 11 de octubre de 2021, Najla Buden Romdhane, la nueva primer ministro designada por el presidente Kais Saied quien, dos meses y medio antes, el 25 de julio de 2021 suspendió el Parlamento y concentró en su persona los poderes ejecutivo y legislativo, presentó al nuevo gobierno del país integrado por 25 ministros, entre los cuales un tercio son mujeres.
En el género reside la primera novedad del elenco ministerial tunecino. Y es que en ningún país árabe gobierna una mujer, mucho menos acompañada por nueve congéneres como responsables de distintos ministerios. Sí hay y hubo mujeres que gobernaron países musulmanes, pero no árabes.
Najla Buden, 63 años, nació en la ciudad de Cairuán considerada como la cuarta ciudad santa del islam y la primera de la región del Maghreb. Es ingeniera especializada en geología, materia en la que cuenta con un doctorado, y está dedicada a la enseñanza universitaria. El interrogante consiste en el margen de maniobra que dispondrá la flamante primera ministra, ante el acaparamiento de poder del presidente Saied tras suspender el funcionamiento del Parlamento.
La restauración de la confianza no es precisamente un problema menor. El propio Banco Central de Túnez, en su reporte sobre la situación del 6 de octubre del 2021, expresó “sus profundas preocupaciones” ante la “actual situación crítica”.
La gravedad de las finanzas tunecinas es tal que el nuevo gobierno inició, inmediatamente, conversaciones con los Emiratos Árabes Unidos y con Arabia Saudita con el objetivo de obtener préstamos que le permitan encarar sus obligaciones externas y atender los pagos internos a proveedores y agentes estatales.
La economía tunecina está prácticamente estancada. El crecimiento anual, en los últimos diez años, promedia el 0,6 por ciento. En tanto que la inflación supera el 6 por ciento anual, considerada como alta por el Fondo Monetario internacional. La pandemia del Covid afectó, en particular, al sector turístico que se recupera, en la actualidad, pero a ritmo lento.
La recurrencia a los Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita no es casual. Ambas monarquías se oponen a la vigencia del islam político -no yihadista-, algo que también lleva a cabo el presidente Saied contra el partido Ennhada, versión tunecina de dicho islam político.
La cuna de la primavera árabe
Fue en la República Tunecina donde todo comenzó. Más exactamente en la pequeña y somnolienta ciudad de Sidi Bouzid, 48 mil habitantes, capital de la gobernación del mismo nombre, ubicada en el centro del país. Allí, el 17 de diciembre de 2010, un vendedor ambulante de frutas y verduras, Mohamed Bouazizi, se inmoló tras rociar sus vestimentas con combustible frente a la sede de la gobernación. No murió inmediatamente, sino que, trasladado a la ciudad de Sfax y luego a la capital Túnez, agonizó hasta el 4 de enero de 2011 cuando falleció.
Bouazizi no se suicidó debido a su situación económica precaria con la que hacía frente a una familia de siete miembros. Lo hizo por su hartazgo de pagar coimas a los inspectores y policía locales para poder trabajar en las calles. Su paciencia quedó colmada cuando le fueron secuestrados su carro y su balanza y recibió un golpe de puño por parte de un agente policial.
El caso Buoazizi repercutió inmediatamente en todo el país. Razón: la corrupción generalizada y un hartazgo frente a la autocracia de Zine El Abidine Ben Ali quién gobernaba desde 1987. Tras 23 años en el poder, Ben Ali debió exiliarse de apuro en Arabia Saudita donde murió en 2019. Las movilizaciones que comenzaron en Sidi Bouzid, se extendieron por todo el país, pese a la represión policial, y contagiaron a otros países árabes. El movimiento generalizado recibió el nombre de “primavera árabe”.
Se trató, en síntesis, de un reclamo de democracia y de derechos sociales. En general, las movilizaciones, conformadas por sectores medios, pretendían desalojar del poder a los autócratas y a las clases dirigentes eternizadas en el poder, garantizar las libertades públicas y poner punto final a la represión. A ellos, se unían los sectores populares, cuyos reclamos versaban sobre el precio de los alimentos y la falta de trabajo.
La confluencia de unos y otros puso en jaque al egipcio Hosni Mubarak con treinta años en el poder; al dictador libio Muamar Gadafi, 42 años; al sirio Bashar Al-Asad, por entonces con 15 años, tras los 29 años de su padre Hafez Al-Asad; al yemenita Ali Abdullah Saleh, 21 años; al argelino Abdelaziz Buteflika, por entonces con 12 años.
Algunos países como Omán, Baréin y Jordania produjeron cambios que calmaron los espíritus. Otros como Catar o Emiratos Árabes Unidos, no registraron movilización alguna. En Arabia Saudita y Mauritania, las muestras de descontento fueron menores y no alteraron la situación.
Las protestas aún continúan, en la llamada segunda oleada de la primavera árabe, en Irak, Sudán y Argelia. En Libia, Yemen y Siria dieron origen a la guerra civil. Y en Egipto, un gobierno democrático islámico fue derrocado por las Fuerzas Armadas.
Solo en Túnez, donde todo comenzó, un gobierno republicano elegido en elecciones libres y transparentes alcanzó el poder. En las elecciones de setiembre 2019, en segunda vuelta, triunfó el académico y jurista Kais Saied (63 años) quién gobierna actualmente el país. Dada su independencia, fue un soplo de aire fresco dentro del marco de la “primavera”. Dos años después cunden las dudas.
Todo cambió a partir del 26 de julio de 2021. Ese día, movilizaciones callejeras mediante, el presidente Saied “congeló” las actividades del Parlamento y despidió al primer ministro Hichem Mechichi.
La incertidumbre futura
¿Cómo deben ser interpretados los acontecimientos tunecinos? ¿Se trata solo de una transición o es el fin de la institucionalidad en el país? ¿Es el final definitivo de la primavera árabe? ¿Forma parte de una ola autoritaria que se expande por África y por el mundo?
El 27 de octubre de 2021, solo 15 días después de la conformación del gabinete de la primera ministra Najla Bouden, la Alta Autoridad del Audiovisual (HAICA) procedió al cierre de una cadena de televisión privada e incautó sus equipos. Por supuesto, no faltaron justificaciones. Que emitía sin licencia. Que, por tanto, era ilegal. Que existen sospechas de corrupción administrativa y financiera. Que es supervisada por el jefe de un partido político y que, por ende, influencia en los contenidos de la programación.
Este último es el punto clave. Efectivamente, Nessma TV, la emisora clausurada, pertecene a Nabil Karaui, excandidato presidencial y jefe del partido político Qalb Tunés, actualmente aliado del partido islamista Ennhada. Sin dudas, el todo exhala un perfume a autoritarismo y censura que contradice las declamaciones gubernamentales.
La actitud frente a los medios de comunicación motivó una declaración crítica por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos que la calificó de avances contra la libertad de prensa y de expresión. Reclamó, además, el respeto por los derechos humanos y la conformación de una hoja de ruta para el retorno a un “proceso democrático” transparente.
Para algunos observadores internacionales y algunos politólogos tunecinos, aún queda un margen de duda respecto de las verdaderas intenciones presidenciales. Para todos ellos, la actual es una situación transitoria que debe decantarse en una dirección u otra. En tal sentido, invocan dos posibilidades. O una hoja de ruta o un referéndum.
La hoja de ruta implicaría un calendario de retorno a la normalidad institucional que debería culminar con una elección legislativa, algo que recibe el visto bueno hasta del propio partido Ennhada. Ese calendario debería contemplar la redacción de las reformas a la Constitución tunecina y su aprobación o rechazo posterior.
El llamado a un referéndum representaría un intento de prolongar el actual estado de situación con el presidente gobernando por decreto, con capacidad para modificar leyes y presidiendo el consejo de ministros. Tres puntos de ruptura con la Constitución.
¿Cuáles son las posibilidades del presidente Saied de llevar adelante el referéndum? Muchas. Según las encuestas de opinión, el 80 por ciento de los tunecinos lo apoyan en su “lucha contra las elites políticas que decepcionaron al país”.
Si, por un lado, el derrotero tunecino, aun si es provisorio, invita a bajar el telón de la primavera árabe, por el otro, y más preocupante aún, incrementa el avance a nivel mundial del autoritarismo que encabezan China y Rusia.
La Freedom House, una ONG financiada por el gobierno norteamericano, indica en su reporte anual un número creciente de países donde el autoritarismo avanza. Afirma que la regresión es verificable en 73 países y que la tendencia creciente se verifica por décimo quinto año consecutivo. El continente africano acostumbrado a la vigencia de dictadores que baten todos los records de permanencia en el poder, presenció en 2021 los golpes militares en Mali, Guinea y Sudán. Con la República Tunecina suma el quiebre de una institucionalidad.
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