Esta situación se produce en un contexto que encuentra a la CGT adormecida, con una conducción que últimamente le quitó el cuerpo a los grandes temas de discusión general y se mantiene aferrada a su propia agenda, más vinculada con la "burocracia sindical" que con preocupaciones sociales.
Incluso a pesar del severo daño infligido por la pandemia de Covid-19 en el andamiaje productivo doméstico, los líderes de la central obrera se muestran más inquietos por la puja política en la Superintendencia de Servicios de Salud, la -aún pendiente- inyección de 11.000 millones de pesos que el Gobierno prometió para las obras sociales y las próximas elecciones en la entidad que por la crisis económica y su impacto directo en el mercado laboral.
En este marco, los movimientos piqueteros y agrupaciones de izquierda ganaron las calles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en especial en el centro porteño, para protestar en forma masiva y reclamar desde la reincorporación de trabajadores despedidos hasta un mayor auxilio estatal para proveer de alimentos a sectores vulnerables de la sociedad.
Este viernes se convirtió en uno de esos días en los que colapsó la zona neurálgica de la ciudad de Buenos Aires debido a manifestaciones callejeras, una postal repetida en las últimas semanas a pesar de que funcionarios nacionales habían advertido que no iban a permitir tales movilizaciones.
"El derecho a la protesta está vigente, la Constitución está vigente, no hay estado de sitio, pero lo que no se puede es no cumplir lo que cumplen otros ciudadanos", había remarcado el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks, después de que el Gobierno intensificara las medidas de restricción sanitaria en abril pasado.
En ese momento, el funcionario pidió "responsabilidad" a las agrupaciones sociales y subrayó: "No vamos a permitir movilizaciones que entren en bloque a la Ciudad". En similares términos se manifestó el mes pasado la titular de esa cartera, Sabina Frederic.
De todos modos, este viernes por la tarde una "marea humana" cruzó el Puente Pueyrredón desde la ciudad de Avellaneda y marchó hasta el Ministerio de Desarrollo Social, en 9 de Julio y Moreno, en la cuidad de Buenos Aires, para llevar adelante una protesta e intentar forzar una reunión con funcionarios nacionales.
Mientras tanto, en la CGT, Héctor Daer concentra sus energías en la puja por la reelección como secretario general de la entidad (los comicios podrían celebrarse a fines de año) y Carlos Acuña también desarrolla una agenda distante de las principales inquietudes sociales: en una de sus más recientes apariciones, cruzó al ex funcionario Florencio Randazzo porque dijo que "la dirigencia sindical y la de los movimientos sociales son parte del problema" de la Argentina.
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Un descontento que se refleja en las calles.
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El lugar que ocupaban los sindicatos en otros tiempos en la Argentina hoy pasó a estar dominado por la militancia piquetera, que refleja en las calles un descontento social en ascenso, evidenciado también en consultas de opinión, a partir de las dificultades económicas que existían en el país y que se han agudizado con motivo de la pandemia.
Una encuesta de la consultora Taquion cuyos datos se conocieron en los últimos días indicó que siete de cada 10 argentinos "están peor que hace un año y también piensan que el futuro será peor que el presente", lo que incrementa una sensación de desesperanza que mortifica a amplios sectores de la sociedad.
A propósito, otro trabajo de la misma firma indicó que el 84% de los menores de 25 años "tiene sentimientos negativos" con respecto al futuro del país y el ¡85,7%! de los jóvenes consultados dijo que se iría de la Argentina, un número que simboliza la preocupación por el acceso a fuentes de empleo y la necesidad de buscar nuevas oportunidades, destacó Taquion.
"Este dato es preocupante al tener en cuenta que se basa en la opinión de la generación que representa el ´futuro del país ´", resaltó la consultora en un informe de prensa.
En la actualidad, en una nación que tiempo atrás había ganado fama mundial por su capacidad de impulsar una movilidad social ascendente, únicamente los subsidios que otorga el Estado permiten evitar que se disparen los índices de pobreza e indigencia, los que -de todos modos- aumentaron de manera considerable en los últimos meses en medio de la epidemia de Covid-19.
Esta semana, un informe presentado en forma conjunta por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y Cáritas advirtió que en el Conurbano bonaerense y en otras zonas del país apenas uno de cada cuatro menores de edad come todos los días.
El próximo miércoles está previsto que se conozca el índice de inflación oficial correspondiente a mayo, que volvería a merodear el 4% (se estima que podría ubicarse entre un 3,7 y 3,8%).
Ese mismo día, se reanudarán las clases presenciales en más de 60 distritos de la provincia de Buenos Aires -incluido el populoso Conurbano-, donde la actividad en las escuelas de todos los niveles se interrumpió allá por el 19 de abril pasado.
Aquella medida de prevención con motivo del avance de la segunda ola de la pandemia se iba a extender, en principio, hasta fines de ese mes (dos semanas).
El contexto sanitario concedió a las autoridades bonaerenses una pequeña tregua, una excusa perfecta para disponer el regreso de los alumnos a los colegios, tras haber quedado de manifiesto que en la Capital Federal, con los centros educativos abiertos, también los casos de coronavirus están descendiendo -de acuerdos con los reportes oficiales diarios-.
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La épica de la (palabra) "negligencia".
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En medio de la segunda ola de la epidemia de Covid-19 resultó valiosa la exposición que días atrás ofreció en el Congreso el gerente general del laboratorio Pfizer en la Argentina, Nicolás Vaquer, que dijo que esa compañía le ofreció al Gobierno un contrato por 13 millones de vacunas.
También señaló que las negociaciones no prosperaron debido a que el "marco legal" vigente en el país "no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales que pide Pfizer que tienen que ver con la indemnidad", en referencia a la ley nacional que regula la compra de dosis contra el coronavirus.
Los comentarios de Vaquer reavivaron la pirotecnia verbal entre el oficialismo y la oposición con motivo de la normativa en cuestión, en especial, en torno de la palabra "negligencia" incluida en un artículo de esa ley que, por el momento, el Frente de Todos (FdT) se resiste a revisar.
Referentes del kirchnerismo acusaron a dirigentes del arco opositor, más precisamente de Juntos por el Cambio, de ser "lobistas" de Pfizer o pretender que un laboratorio extranjero "redacte leyes" en la Argentina, como si haber impedido el ingreso de las vacunas de esa compañía al país en el momento más dramático de la pandemia de coronavirus se tratara de un logro de la gestión del FdT en el Poder.
Si bien en las últimas semanas tomó ritmo la campaña de vacunación aquí, totalizan más de cuatro millones los casos de Covid-19 desde el comienzo de la epidemia, en marzo de 2020, y la cifra de muertos se encamina a 85.000 personas.
En este contexto, líderes de la oposición, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideran que la tan mentada palabra "negligencia" fue incluida a propósito por el FdT en la ley para vetar el ingreso de las vacunas de Pfizer a la Argentina y favorecer las gestiones con Rusia y con China para la provisión de dosis contra el coronavirus.
Más allá de que dirigentes de la oposición votaron en favor de la aprobación de esa norma, Bullrich consideró que el oficialismo los tomó con la guardia baja, tras haber iniciado - según Vaquer- a mediados de 2020 las conversaciones con Pfizer y estar al tanto, el Gobierno, de las inquietudes de esa compañía.
Lógicamente, se descartó también que esa firma de origen estadounidense haya solicitado como garantía del contrato recursos naturales de la Argentina. Algunos referentes del oficialismo se habían expresado en tal sentido.
También quedó en "fuera de juego" la propia Bullrich cuando Vaquer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones con el Gobierno.
De todos modos, nadie "derrapó" tanto en los últimos días como el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con sus comentarios sobre la inmigración en la Argentina y la comparación con México y Brasil, donde sus declaraciones levantaron una densa polvareda.
En el vecino país, el jefe de Estado Jair Bolsonaro se burló de Fernández y lo comparó con el mandatario venezolano: "El presidente de la Argentina dijo que ellos vinieron de Europa y de los barcos y nosotros de la selva. Yo me acuerdo una cosa, que cuando (Hugo) Chávez murió, asumió (Nicolás) Maduro. Y él decía que conversaba con los pajaritos en los que estaba encarnada la figura de Chávez", expresó entre risas.
"Yo creo que para Maduro y para Fernández no tenemos vacuna", remató Bolsonaro.
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(*) - Director periodístico de la agencia Noticias Argentinas (NA);
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