A esta Argentina pandémica la gobierna el miedo, el mismo que hizo desdecirse públicamente en 48 horas a Alberto Fernández sobre la posibilidad de establecer una cuarentena dura para intentar reducir los contagios de coronavirus como también lo hicieron las autoridades de la Ciudad Autónoma.
El temor a un escenario electoral adverso llevó al Ejecutivo a suspender las exportaciones de carne con la oposición de dos gobernadores peronistas y pese al riesgo de un conflicto con el campo que retrase la liquidación de dólares: el precio de muchos cortes subió un 65 por ciento en el último año y tracciona a una inflación que dispara los datos de pobreza en el principal bastión electoral del oficialismo, el conurbano bonaerense.
En Casa Rosada justificaron el confinamiento estricto, un término adoptado por el Presidente sobre las restricciones nocturnas que observó hace unos días en las capitales europeas, por la disparada de contagios de Covid que se registraron desde el pasado lunes y han puesto en riesgo el sistema sanitario no sólo de la capital y la Provincia sino de distritos como Córdoba, Santa Fe o Neuquén.
Finalmente, se decidió el método más práctico para intentar bajar el crecimiento de casos, también el más dañino para la actividad productiva y comercial, con la excusa que sólo tendría vigencia durante 3 días hábiles por la restitución del feriado del 24 de mayo. Aunque el cierre duro para los fines de semana parece haber llegado para quedarse, aún hay dudas sobre si el lunes 31 volverán a autorizarse las actividades no esenciales y se desarmarán los retenes que limitan el acceso a los grandes conglomerados urbanos del país.
Los nueve días
Ni infectólogos ni funcionarios pueden decir hoy si alcanzarán estos 9 días para reducir la curva de contagios que esta semana trepó a casi 35 mil casos diarios. “Tratamos de bajar esta inercia para que en 15 días no tengamos pacientes sin poder darle asistencia en los hospitales”, justificó un funcionario consultado. El DNU publicado el viernes tendrá vigencia hasta el 11 de junio, establece el confinamiento en las zonas de alarma sanitaria hasta el domingo 30 y durante el siguiente fin de semana. El gobierno de la Ciudad actuó con la misma preocupación.
Más allá de esta de coincidencia entre el Ejecutivo Nacional y la administración de Horacio Rodríguez Larreta, en la oposición siguen cuestionando que si hubo que reponer las restricciones duras en un contexto sanitario complejo, fue por el “mal manejo” oficial en la adquisición y distribución de vacunas. Al cierre de esta edición, había un 19% de la población argentina inmunizada con una dosis contra el Covid y un 5%, con la aplicación completa. En naciones como Chile o Inglaterra, que en las últimas semanas vienen avanzando en un desconfinamiento de las grandes urbes (más gradual en el país trasandino), la inmunización logró una amplia cobertura.
Cerca de Alberto Fernández sostienen que con la llegada de unas 4 millones de aplicaciones de AstraZeneca y otro gran cargamento de Sputnik V antes de finalizar mayo, podrán acelerar el proceso. Y que, más allá del cambio de postura, el jefe de estado venía advirtiendo a los gobernadores que debían hacer cumplir los controles para mitigar los efectos de la segunda ola. “Es el momento en que se empiecen a hacer cargo de algo. Alberto les avisó hace 2 meses y se hacen los pelotudos”, enfatizó una fuente cercana al primer mandatario.
En su discurso del pasado jueves por la noche, el primer mandatario otra vez les recordó que serán los gobernadores quienes deban hacer cumplir las restricciones, pero defendió el marco legal dispuesto por Nación. “Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave”, sentenció y también le apuntó al gobierno porteño por haber mantenido las aulas abiertas.
Críticas
Pese a que hace semanas pedía un cierre estricto para evitar el colapso del sistema sanitario, las críticas también habrían estado dirigidas al gobernador Axel Kicillof. En el Gobierno remarcan que hasta ahora todas las miradas apuntaban a la Casa Rosada porque los distritos no hacían cumplir su poder de policía evitando el aforo desmedido en comercios o dentro de locales gastronómicos.
“Las medidas efectivas son las que se cumplen y se controlan y las mismas están fuera de competencia del gobierno nacional”, expresó, a su turno, una calificada fuente del Ejecutivo que, de todos modos, explicó que hoy el espacio público “se puede usar para recreación individual pero no grupal” porque “hemos aprendido del año pasado” cuando al comienzo de la cuarentena ni siquiera se podía dar una vuelta a la manzana.
El ministerio de Seguridad de la Nación recordó que sigue vigente la línea 134 para que cualquier ciudadano “pueda realizar denuncias sobre incumplimiento de las medidas” de restricción. El año pasado, según registros oficiales, hubo 44.379 denuncias al citado número de emergencia por la supuesta violación de la cuarentena.
Preocupación
En el seno del Frente de Todos, con todo, hay preocupación por la falta de eficacia de las políticas para domar a una inflación que impacta en los bolsillos de los asalariados y en el creciente universo de quienes se desempeñan en la informalidad. Cerca de la vicepresidenta Cristian Kirchner no ocultan esa insatisfacción y sugirieron medidas más drásticas para controlar los precios internos. A la postre, esa influencia rindió sus frutos y el jueves se oficializó la suspensión por 30 días de la exportación de carnes. Según esta mirada, un mayor stock a nivel local, reduciría los valores.
Para la Comisión de Enlace esta iniciativa podría reducir las cabezas de ganado disponibles con el riesgo de futuros aumentos en los precios. Por ello, inició un paro de comercialización de hacienda vacuna que se extenderá hasta el viernes 28. En el campo reaccionaron rápido porque temen una escalada “intervencionista” siguiendo algunas versiones que dan cuenta de un supuesto aumento de las retenciones a las exportaciones de soja.
En este marco, el alza del costo de vida ha favorecido el cierre de paritarias en porcentajes más cercanos al 40%, jubilando de hecho a la pauta salarial de comienzos de año. El próximo miércoles, a las 10, funcionarios de Jefatura de Gabinete comenzarán las discusiones salariales con dirigentes de ATE y UPCN: habría consenso en acordar una suba del 35%, pero los gremios quieren acortar el plazo de las cuotas para que no se diluyan con el paso de los meses. En esta puja se da una paradoja que hoy envuelve al oficialismo: por un lado, el Gobierno pretende que los últimos ajustes se apliquen a comienzos de 2022 para reducir el déficit fiscal de este año y por el otro, busca recomponer el ingreso de más de 700 mil estatales que alimenten el esperado rebote del consumo.
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