La atención de la opinión pública francesa –como la de la mayor parte del mundo- se centra, en la actualidad, sobre el coronavirus. O mejor dicho, sobre la estrategia del gobierno del presidente Emmanuel Macron para neutralizar el nuevo avance de la pandemia.
Nadie sabe muy bien cuál es exactamente la influencia que las decisiones de gobierno en materia sanitaria ejercen sobre el electorado. Es casi imposible determinar con certeza si un confinamiento estricto para frenar las nuevas olas de COVID es, o no, popular y, por tanto, si contribuye para ganar una elección, o lo contrario.
Otro tanto, ocurre con la política opuesta, aunque ya ningún gobierno la pone en práctica: aquella de ignorar la pandemia y continuar con la vida normal como si nada ocurriese. No obstante, es posible catalogar a la política oficial de cada país como más o menos próxima a uno de los dos extremos.
Llegado el caso de necesidad, resulta menos problemático tomar resoluciones drásticas cuando de países con regímenes autoritarios se trata. Lo contrario, para los gobiernos que cumplen con las prescripciones de la plena vigencia del estado de derecho. Francia como la casi totalidad de los gobiernos europeos, se encuentra comprendida en esta última categoría.
Es bajo este marco que el presidente Macron postula su tercera vía que consiste en un poco de confinamiento y otro poco de libertad, a repartir según el momento por zonas, a considerar en otros momentos en todo el territorio, de acuerdo con la acumulación de casos y su distribución geográfica.
Como problema sanitario, para el presidente Macron, la pandemia implica el desolador conteo de casi 97 mil muertos. Es decir 1.446 muertos por millón de habitantes que representa, para el país, ocupar el lugar 25 por mayor número de fallecidos entre los 177 que aportan datos a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El arrastre a la política
Como ocurre en otros países, el problema sanitario de la pandemia salta a la categoría de problema socio-económico y repercute en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Pero, en Francia, al igual que en los estados donde las próximas elecciones se llevarán a cabo durante los siguientes doce meses, el problema socio-económico amenaza con convertirse en un problema político.
La presidencial francesa, que otorgará o no un nuevo mandato al actual jefe del Estado, se llevará a cabo en abril del 2022, exactamente dentro de un año. Previamente, postergadas en marzo del 2021 a junio del mismo año, las elecciones regionales y departamentales, pueden servir como indicador, aunque no más que eso, del humor francés.
Curiosamente, ni el presidente Macron, ni su principal rival para la presidencial del 2023, la candidata proveniente del Rassemblement National –extrema derecha- Marine Le Pen (52 años) cuentan, a la fecha, con ningún gobierno regional propio en Francia. Ergo, no tienen mucho para perder. No arriesgan nada. Sí, en cambio –y aquí la pandemia mete la cola- en la eventual distribución del electorado con miras a la presidencial de abril 2022.
A mayor cantidad de restricciones, mayor aprobación recibe el presidente Macron de las personas de mayor edad. Todo lo contrario entre los jóvenes, donde el reclamo suele ser de mayor libertad, en particular, en cuanto se refiere a vida nocturna, vacaciones y deportes. Cuando sube en una franja etaria, baja en la otra.
No deja de ser paradójico. Quienes reclaman mayor libertad se confiesan, mayoritariamente, futuros votantes de una extrema derecha que suele ser tildada de autoritaria. Por el contrario, quienes requieren mayor presencia del Estado, descansan sobre un presidente próximo del liberalismo.
Pero, la política francesa muestra otras vueltas importantes a la hora de votar, además de una pandemia omnipresente y, posiblemente, decisiva. Esas vueltas son las sucesivas batallas que el gobierno Macron encaró y encara a lo largo de sus ya casi cuatro años de administración.
La ley jubilatoria, la rebelión de los “gillets jaunes” –chalecos amarillos-, el consenso medio ambiental ciudadano, y el proyecto de ley contra el separatismo (islámico), fueron o son etapas de un gobierno que persigue cambios y lo logra solo a medias.
El último jalón es la Ley de Seguridad Global que provoca una serie de movilizaciones de entidades vinculadas a los derechos humanos. Cierto es que Francia, o mejor dicho buena parte de los franceses, practican la movilización callejera como una forma de protesta, forma de lucha habitual. Por una causa u otra, siempre hay franceses que se movilizan. A veces, como en este caso, por reivindicaciones, demandas o rechazos concretos. En otros, como el de los “gilets jaunes”, como una actuación anti sistema.
El Islam
Para el presidente Macron y su gobierno, la principal carta anti sistema dejaron de ser los “gilets jaunes” reemplazados por el “separatismo” islámico, tras el anuncio, al respecto, de octubre del 2020. Definir al “separatismo” islámico no resulta sencillo. Sin duda, el terrorismo islámico en mucho tiene que ver como razón de ser de dicho separatismo. Pero, no es lo único.
El propio presidente Macron teorizó sobre la cuestión al referirse a la “desescolarización” de los niños, o al desarrollo de prácticas deportivas, culturales y comunitarias como pretexto para la enseñanza de principios contrarios a las leyes de la República.
La reacción musulmana no se hizo esperar y fue, en gran medida, positiva. El 18 de enero de 2021, el Consejo Francés para el Culto Musulmán (CFCM) hizo pública una “Carta de Principios para el Islam de Francia”, destinada a servir como base normativa para un futuro Consejo Nacional de Imanes (CNI).
La iniciativa de la “Carta” no fue propia del CFCM. Se debió a la presión del gobierno. Presión asumida, íntegramente, por los redactores. No obstante, algunos párrafos resultan contradictorios como el que diferencia, por omisión, a la “comunidad nacional” con “todos los musulmanes que habitan el territorio de la República”.
Un cálculo, no del todo preciso, establece que los musulmanes de Francia representan entre el 8 y el 9 por ciento de la población total del “hexagone”, apelativo geométrico para Francia metropolitana. Se trata de casi 6 millones de personas, atendidos por alrededor de 2 mil mezquitas.
A su vez, nueve son las entidades islámicas nucleadas en el CFCM. Cinco de ellas adhieren por completo a la “Carta”, pero otras cuatro no lo hicieron. De ellas, tres amenazan con separarse y crear una entidad diferenciada del Consejo Francés para el Culto Musulmán, si la Carta no es objeto de una revisión con participación islámica.
Claro que los conflictos franceses con el islam en distintas regiones del mundo no terminan allí. Se extienden por el África, el Mediterráneo y el Medio Oriente. De allí que, el también autoritario presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, haya sido recibido por el presidente francés con todos los honores posibles. Obvio, El-Sisi es musulmán y enemigo de Erdogan.
Conflictos por el mundo
El principal teatro de guerra que enfrentan las Fuerzas Armadas de Francia es la región del Sahel, particularmente las repúblicas africanas de Mali, Níger y Burkina Faso, donde grupos armados que prestan obediencia a las internacionales de la yihad –guerra santa- islámica, Estado Islámico y Al Qaeda, a su vez enfrentadas entre sí, combaten a los ejércitos de dichos países.
Allí, la casi totalidad del contingente -5.100 efectivos de la Operación Barkhane- es de nacionalidad francesa. El resto de la fuerza de la Operación constituye una presencia casi simbólica con 95 militares estonios, 90 británicos, 70 daneses y 60 checos. En materia de bajas, Francia contabiliza 55 muertos en combate.
Desde hace 8 años, el Sahel es una encrucijada para Francia. Se trata de una guerra muy difícil de ganar pues se mezclan consideraciones religiosas, independentistas, étnicas y económicas. Pero es una guerra que no se puede abandonar si de mantener el prestigio de Francia en África se trata.
Un prestigio que se encuentra en baja y que el presidente Macron intenta revertir mediante un revisionismo histórico sobre el rol colonial francés en ese continente. La guerra de Argelia significó la desaparición física de alrededor de 230 mil personas entre combatientes, soldados y civiles. El genocidio Tutsi en Ruanda representó la muerte de al menos 800 mil personas.
Imposible de olvidar. Muy difícil de superar.
COMENTARIOS