Corrido por el aumento de contagios de Covid-19 en el Conurbano, el Gobierno bonaerense se encamina a anunciar nuevas medidas restrictivas que indefectiblemente tendrán destino de polémica. Sobre todo, por el perjuicio económico que podrían ocasionar a sectores que aún no pudieron recuperarse del cierre total de 2020.
Es una decisión antipática y el gobernador Axel Kicillof lo sabe. Por eso, en charlas reservadas con la Casa Rosada se planteó la posibilidad de que haya un acompañamiento económico desde el Estado nacional para ayudar a “controlar los daños”. No queda claro si la sugerencia tuvo receptividad positiva.
Se piensa en un parate de ciertas actividades durante dos meses, con posibilidad de que sea menos si la curva de contagios acompaña. Una “solución de shock”, explicó una fuente del gabinete. No se evalúa cerrar las aulas: el Gobierno tomó debida nota del alto impacto negativo que eso le generó el año pasado y continuará con el sistema de burbujas.
Luego de las recientes medidas que restringieron el horario de circulación, podría avanzarse ahora en el cierre de actividades recreativas, gastronómicas, artísticas y de ocio. Solo se mantendrían las actividades industriales, productivas, de construcción y de rubros que hacen al funcionamiento de la maquinaria económica agroexportadora. Una suerte de regreso a la Fase 3 de la pandemia con algún retoque.
El temor de las autoridades sanitarias provinciales es que una ola de contagios sin control ponga en jaque la red de camas para internaciones graves. Pero más allá de que desde el punto de vista sanitario puede ser necesario, Kicillof sabe que más restricciones profundizarán el malhumor social de los bonaerenses. Que tendrá un costo político en el año electoral. Por eso también, él y sus principales funcionarios del área de Salud son grandes impulsores de la postergación de las Primarias Abiertas de agosto próximo y, por ende, de las elecciones legislativas. “Sería una irresponsabilidad hacerlas”, acaba de decir la ministra de Gobierno, Teresa García.
Pero existe otro temor sobre un nuevo cierre parcial, tanto en la Rosada como en La Plata, que no es reconocido en público, pero del que se habla en privado: el miedo a una suerte de desobediencia civil. A que la población, cansada y enojada por la larguísima cuarentena del año pasado, no acate las restricciones y pretenda seguir con la lógica actual de “casi todo abierto”, con cuidados y protocolos. Más allá del enorme costo político, eso obligaría al Estado a endurecer controles, acaso a sobrepoblar las calles con presencia policial en pos del bien común. Suena muy incómodo para el kirchnerismo.
PANORAMA PROVINCIAL
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