Primero fue el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa; luego el descargo de Cristina Kirchner ante el tribunal que la juzga en la causa del “dólar futuro”. El endurecimiento del Gobierno ya no es potestad exclusiva de la vicepresidenta sino que se convirtió en la línea política con la que el Frente de Todos afrontará la batalla electoral este año, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde los cañones apuntarán contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
El presidente y la Vice parecen haber coordinado la estrategia de revivir a Macri como adversario ideal –lo mismo que hizo Cambiemos con Cristina en 2017- y dejar el centro del arco político para el líder emergente de Juntos por el Cambio, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. En la mesa chica de la coalición gobernante, solamente Sergio Massa mantiene su pretensión de captar apoyo en sectores no polarizados.
Para mantener el tono aguerrido que caracteriza a Cristina, sin que parezca sobreactuado, Alberto Fernández necesita introducir cambios en el Gabinete. Los ministros de perfil bajo, como Marcela Losardo (Justicia), pueden ser útiles para mantener el diálogo con jueces y fiscales, pero no para enfrentarlos con la teoría del Lawfare. Por eso, las variantes de recambio que se mencionaban este fin de semana tenían como protagonistas a dirigentes afines a la Vice y al Instituto Patria.
El primero en la lista era el rionegrino Martín Soria, exintendente de General Roca y con experiencia en los tribunales de Comodoro Py, afín al kirchnerismo y de buen trato con el presidente. Pero también había variantes como el desplazamiento de Wado de Pedro desde el Ministerio del Interior hacia la cartera de Justicia, dada su influencia en organismos clave como el Consejo de la Magistratura. Losardo fue desgastada en forma vertiginosa por el kirchnerismo.
A Cristina nunca le terminó de cerrar el perfil de la ministra, que tardíamente salió a meterse en el barro judicial, pero que siempre mostró un criterio propio como sucedió días atrás con la comisión de control legislativo de jueces y fiscales que apuró el senador Oscar Parrilli, mano derecha de la Vice, luego de que Alberto Fernández pidiera al Congreso que ejerza “controles cruzados” al Poder Judicial. Losardo advirtió que la Comisión Bicameral no podría sancionar ni desplazar a los jueces.
Otro funcionario en tela de juicio
El Ministerio de Justicia está en la mira de la política más allá de las ganas que tiene el kirchnerismo de que renuncie Losardo. El rol pasivo que viene desempeñando la Secretaría de Derechos Humanos en el conflicto de Formosa –el propio Alberto Fernández manifestó ayer su preocupación por la “violencia institucional”- pone también en tela de juicio la continuidad del secretario Horacio Pietragalla Corti, un funcionario que reporta a la agrupación La Cámpora.
Aunque la responsabilidad política directa por el desmedido accionar de las fuerzas policiales formoseñas recae en el ministro de Gobierno, Jorge González, un “todo poderoso” en la provincia norteña, a tal punto que también tiene a su cargo las carteras de Justicia, Seguridad y Educación. El oficialismo y específicamente el PJ, poco dicen sobre las conductas represivas del gobernador Gildo Insfrán, que lleva 25 años en el poder, en tanto que la oposición agita el descontento.
El presidente navega en un mar de contradicciones porque a fin de mes asumirá la conducción del PJ nacional, en cuya mesa federal siempre talló Insfrán, a quien hace poco tiempo atrás puso como un ejemplo. Incluso, el gobernador formoseño tiene actualmente un ministro propio en el Gabinete de Alberto Fernández, el titular de Agricultura, Luis Basterra. “Hay una campaña destituyente en Formosa”, sostuvo ayer el funcionario, sin hacerse eco de ninguna de las acusaciones que pesan sobre la prolongada administración provincial.
Pero lo cierto es que la dureza extrema aplicada por Insfrán y su ministro González para combatir la pandemia de coronavirus, que incluyó aislamientos forzados y comportamientos arbitrarios de las fuerzas de seguridad que alertaron a la Corte Suprema nacional, provocan en Formosa una tensión social inédita en el último cuarto de siglo. Las protestas se organizan a través de las redes sociales, especialmente por jóvenes que ya no rinden culto reverencial a la figura del caudillo.
El caballito de batalla de Massa
Mientras Alberto Fernández y Cristina refuerzan la estrategia de la polarización –y optan por competir contra Macri y figuras a las que ubican en las antípodas ideológicas como Patricia Bullrich-, Massa intenta no verse arrastrado por la potencia política del kirchnerismo. El caballito de batalla del presidente de la Cámara de Diputados es ahora el proyecto para subir el piso del impuesto a las Ganancias, con el que busca llevar alivio fiscal a trabajadores de clase media.
El jefe de Diputados visitará este domingo a Alberto Fernández en la quinta de Olivos, donde el presidente le señalará los objetivos que busca en la creación de la Comisión Bicameral de seguimiento al Poder Judicial, que pretende se active desde la Cámara baja. El oficialismo intenta evitar que sea Cristina Kirchner la que dé el puntapié inicial, para que la iniciativa no quede ligada exclusivamente al cuestionamiento de jueces y fiscales que la investigan o que deben juzgarla.
Pero aun así, para el Frente de Todos será muy dificultoso avanzar en esa dirección porque los bloques provinciales que suelen operar como aliados ya manifestaron sus reparos y Juntos por el Cambio, la principal alianza opositora, anticipó que buscará bloquearla.
El efecto político de la polarización
Las limitaciones jurídicas de la avanzada oficialista sobre el Poder Judicial no obturan, sin embargo, el efecto político de la movida. En secuencia, el discurso de Alberto Fernández en el Congreso y la declaración de Cristina en la causa del “dólar futuro” dejaron más que conforme al kirchnerismo después de meses en los que la gestión presidencial fue considerada tibia por ese sector del oficialismo. “¡Esta vez no citó a (Raúl) Alfonsín!”, festejó un diputado con terminal en el Patria.
La propia Cristina se encargó de cuestionar al radicalismo cuando recordó que la Corte convalidó el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen en 1930, cuando consideró que ese partido defendía los intereses populares. De esa forma, la Vice también quiso decir que, históricamente, el máximo tribunal responde a intereses corporativos antes que a la defensa de la democracia. Y metió deliberadamente a todos en la misma bolsa, para apuntar contra los actuales jueces supremos.
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