Nunca es, y probablemente nunca será, posible descartar por completo la guerra convencional entre Estados. Las reivindicaciones chinas sobre Taiwan y sobre el Mar de China Meridional o la agresividad y la carrera armamentística de Corea del Norte y la situación en Medio Oriente, son solo tres, entre otros, ejemplos que abonan la tesis.
No obstante, el componente básico que, en la actualidad, alimenta los conflictos armados es el terrorismo, con o sin alcance internacional. Es decir, con trascendencia o no más allá de las fronteras de un país. Precisamente, porque el terrorismo suele no reparar en fronteras es que atrae la intervención militar de las principales potencias.
Si bien resulta incorrecto generalizar, sin dudas el terrorismo desencadenado por el fundamentalismo islámico reorientó en muchos sentidos el combate. Es que la “yihad” –la guerra santa-, tanto la que lleva a cabo Al Qaeda como la que encabeza Estado Islámico, contiene un componente de dominación universal.
Ese componente de dominación universal es el que establece como terreno de batalla a cualquier rincón del mundo, en una guerra que va más allá de lo estrictamente militar para abarcar a la totalidad de las poblaciones que no se someten a la “sharia” –le ley islámica- de acuerdo con el enfoque intolerante de los propios yihadistas.
La región del Sahel africano, ubicada inmediatamente al sur del Gran Desierto del Sahara, es desde hace ya varios años, un terreno de lucha entre múltiples facciones terroristas que abonan a una u otra de las dos grandes “centrales” yihadistas: las nombradas Al Qaeda y Estado Islámico que, además, compiten entre sí por el predominio.
Tres son los estados más afectados por el accionar yihadista: Burkina Faso, Mali y Níger. Entre los tres, sin dudas, Mali es al que peor le va con un Estado y un Ejército que, en varias oportunidades, estuvieron a punto de sucumbir.
La intervención francesa
Si ello no ocurrió es gracias a la intervención militar francesa a través, primero, de la Operación Serval, y actualmente de la Operación Barkhane, con 5.100 soldados desplegados en determinadas regiones del Mali, el centro y el norte.
Pero, las guerras lejanas –muchas veces denominadas como guerras por procuración- cansan a las sociedades, sobre todo cuando comienzan a acrecentarse las bajas de connacionales en esas latitudes distantes.
En 2013, cuando Francia desplegó sus tropas a pedido del gobierno maliano, las encuestas señalaban que un promedio del 73 por ciento de los franceses era favorable a la intervención. A fines del 2019 el porcentaje caía al 58 por ciento. A la fecha, el guarismo a favor no supera el 49 por ciento.
La intervención francesa en Mali en el año 2013 se produjo cuando el estado africano se hallaba al borde de la disolución.
Por un lado, la unión del Movimiento de Liberación del Azawad (MLA) –de la etnia tuareg que habita el norte del país en la zona subsahariana- junto a tres grupos combatientes yihadistas conquistaron las tres provincias norteñas de Gao, Kidal y Tombuctú. Por el otro un golpe de Estado militar protagonizado por oficiales jóvenes terminó con una presidencia constitucional, incapaz de contener el avance tuareg-yihadista.
Pero la alianza tuareg-yihadista estalló por los aires luego que el MLA proclamara la independencia del Azawad y se negara a establecer la “sharia” –la ley islámica- como legislación vigente.
El saldo militar de la disputa fue favorable al terrorismo islámico que llegó hasta amenazar Bamako, la capital del país. Fue entonces cuando el precario gobierno de Mali llamó, primero al cercano Chad y luego a Francia, a intervenir militarmente. Corría el año 2013.
La actualidad
En 2020, la estrategia de Barkhane sobre el terreno cambió de escenario. Del norte pasó al centro del país para liquidar a la versión local de Al Qaeda implantada en la zona. La estrategia fue exitosa pero sirvió de poco al objetivo de erradicar el terrorismo. Sí, debilitó a Estado Islámico, pero liberó los movimientos de su rival, Al Qaeda, que ocupó espacio y territorio.
Siete años de guerra, llevan a muchos políticos y analistas a cuestionar la presencia francesa en Mali. Muchos lo hacen desde la mala fe o la ignorancia. Son aquellos que pregonan la necesidad de un acuerdo político con los grupos alzados en armas.
Vale para la guerrilla tuareg del Azawad. De hecho, los acuerdos de Argel, aunque precarios, normalizaron la relación con el gobierno central. Sin olvido de la reivindicación independentista, se trata de un avance político, financiero y militar en dirección de la autonomía regional, al menos por el momento.
Pero no vale para la yihad. Ni para Estado Islámico, ni para Al Qaeda. Es que no quieren, ni pueden negociar con el Estado maliano. No lo reconocen como válido. Pretenden, por separado, integrar al Mali a un futuro califato islámico que abarque, en primer término, al mundo musulmán para, luego, conquistar el resto del planeta. Así, aunque suene a delirio.
Más allá de cualquier consideración política, el yihadismo no deja de ser –ni le interesa lo contrario- bandidaje. Secuestros, extorsiones, robos, narcotráfico, tráfico de armas conforman sus fuentes de financiamiento. Es su modo de vida. De allí que cualquier salida de Francia represente, inevitablemente, un abandono. Un librar a su suerte a sus casi 20 millones de habitantes del Mali.
Es válido considerar que la vida de los soldados franceses es prioritaria sobre por sobre el terrorismo islámico y actuar en consecuencia. Solo que si se actúa en consecuencia, el hecho no se podrá disimular y al prestigio de Francia en África sufrirá un rudo golpe.
Y además debe tenerse en cuenta el componente exportable del terrorismo. Recientemente, el director de la Seguridad Exterior de Francia, Bernard Emié, en una de sus raras apariciones públicas, señalaba que el terrorismo internacional cuenta, actualmente, con dos epicentros: la zona fronteriza entre Irak y Siria, por un lado, y el Sahel, en particular, Mali, por el otro.
Los colocó en un igual nivel de peligrosidad. Pero cuando habló de Mali hizo hincapié en la posibilidad de ataques terroristas en la región y en Europa. En particular, provenientes de Al Qaeda. De la región, habló de la extensión al Golfo de Guinea, con mayor precisión, de Costa de Marfil y Benín. De Europa hizo alusión a “sus fronteras”.
El golpe de Estado
La “yihad” de Al Qaeda y Estado Islámico, el independentismo Tuareg, las violencias intercomunitarias, la frágil situación económica agravada por la pandemia del coronavirus junto a una consideración de fraude en las elecciones legislativas de mediados del 2020 facilitaron el golpe de Estado militar del 18 de agosto del 2020.
Claro que, en la actualidad, un golpe de Estado no goza de las miradas condescendientes propias de las épocas de la guerra fría. Hoy día, África está gobernada por dirigentes surgidos de la voluntad popular –muchas veces trucada, es cierto-, manifestada en elecciones. Dicho estado de cosas hace que a la casi totalidad de los líderes les resulte inaceptable un golpe de Estado en el continente por aquello de lo que “hoy le pasa a mi vecino puede mañana ocurrirme a mí”.
Si los militares malianos tomaron el poder en una sola jornada y casi sin violencia, asentarse, en cambio, les fue sumamente complicado. Ni siquiera el hecho de la renuncia que presentó el presidente constitucional Ibrahim Keita alcanzó para aceptar el golpe.
Ya no se trató de las consabidas reclamaciones de los países centrales que suelen no ir más allá de alguna sanción. Se trató de la actuación decidida de los jefes de Estado de la CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
No solo fue repudio. Fue movilización. Desfilaron por la capital Bamako y advirtieron a los uniformados que no tolerarían un gobierno militar. Así, el jefe golpista y veterano de la guerra contra los yihadistas, coronel Assimi Goïta (38 años), debió contestarse con la vicepresidencia del país y ceder la presidencia a otro militar, pero retirado, el general Ba N’Daw (70 años) y aceptar como primer ministro al diplomático Moctar Ouane (65 años).
El acuerdo con los jefes de Estado de la CEDEAO incluye el retorno a un gobierno surgido de elecciones a más tardar en 18 meses y el desistimiento por parte del coronel Goïta de asumir la presidencia en caso de renuncia, muerte o incapacidad del presidente N’Daw.
Golpe sí, pero condicionado, aunque golpe al fin.
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