Mientras consigue a cuentagotas las vacunas necesarias para combatir al coronavirus y minimizar los efectos de la anunciada segunda ola de la pandemia, el Gobierno definió dos estrategias totalmente diferentes para afrontar el inicio efectivo del año político: por un lado tendió un puente con los empresarios, el campo y los sindicatos para tratar de frenar la inflación; por el otro, volvió a mostrarle los dientes a la Justicia, ante fallos que encresparon al kirchnerismo.
Se trata, en rigor, de la contradicción original con la que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada y que no consiguió atemperar durante el primer año de su administración. ¿Cómo convertirse en el Presidente capaz de superar la grieta e inaugurar una nueva era política en la Argentina, cuando el pasado regresa constantemente por medio de los procesos penales que apuntan contra Cristina Kirchner? Encerrado en ese laberinto, el mandatario padece los fríos resultados de las encuestas.
En ese contexto se enmarca la convocatoria al diálogo con los principales actores de la economía, un terreno que se tornó resbaladizo por efecto de la inflación, como lo acaba de confirmar el aumento del 4% detectado en enero por el INDEC. Para el Gobierno, sentar a la mesa a los empresarios y a los gremialistas implica de movida una distribución de la responsabilidad ante un problema persistente, como la suba de precios, que enturbia como pocos el humor colectivo.
Para darle continuidad a esos encuentros, los funcionarios –encabezados por el propio Presidente en algunos casos- optaron por decirle a todos lo que querían escuchar: a los sindicatos, que no habrá techo en las paritarias por aumentos salariales; a la Mesa de Enlace, que no incrementará las retenciones ni fijará cupos a las exportaciones; y a los empresarios, los edulcoró con un discurso de Martín Guzmán, a tal punto que hubo aplausos tras la intervención del ministro.
Dudas y faltazos
Aunque en el fondo, las dudas sobre el rumbo de la economía están presentes en todas las conversaciones. Y disparan definiciones como la del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien advirtió: “No queremos ser acompañantes terapéuticos de la inflación”. El faltazo de algunos empresarios, como el supermercadista Cotto, denotó la incomodidad del sector al que el Gobierno denomina “formadores de precios” ante los controles tercerizados en organizaciones sociales.
La estrategia oficial se prolonga con el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para subir el piso del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos, que Alberto Fernández incluirá en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque difícilmente llegaría al recinto antes de la apertura formal del período legislativo el 1 de marzo. La iniciativa busca aliviar tensiones entre empresas y gremios que deben negociar los salarios.
De hecho, no faltan los que consideran el proyecto como un traje a medida de grandes sindicatos como Camioneros o La Bancaria, de modo tal que puedan sostener un aumento del 29 por ciento como el que requiere el Gobierno, sin padecer sus afiliados el recorte abrumador del impuesto a las Ganancias. Visto del lado de los empresarios, la iniciativa también será un argumento para moderar las demandas gremiales. En Diputados, hay un amplio consenso para darle sanción.
La Cámara baja viene de aprobar cuatro leyes con acuerdo de la mayoría de los bloques -la sostenibilidad de la deuda externa; el aumento del financiamiento a la ciencia y la tecnología; una reparación a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan; y el fomento a la obra de construcción privada-, aunque mantiene pendientes los tratamientos de las reformas de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal, para los cuales la oposición no presta su consentimiento.
Ambas iniciativas cuentan con la sanción del Senado, con el sesgo político que Cristina le imprime a su cruzada contra el “Lawfare”. La Vicepresidenta recibió este fin de semana el apoyo en tándem de Alberto Fernández y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo suele cuestionar cuando “no da la cara” ante fallos adversos como el de la Corte en el caso de Milagro Sala o la Cámara de Casación que traspasó de Lomas a Comodoro Py una causa de espionaje.
Señales de la Corte
La resolución de la Corte, que confirmó la actuación de la Justicia jujeña, fue considerada por un sector del Frente de Todos como un abierto desafío a la Vice, ya que luego de los reclamos para que hiciera lugar a los recursos extraordinarios –lo que negó en el caso de Amado Boudou-, tomó el expediente de Milagro Sala pero rechazó su pretensión de que se revisara la condena. El máximo tribunal atisba una embestida del Gobierno para acotar su margen de maniobra.
El Presidente pareció darles la razón a los jueces supremos: “Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”, sostuvo al respaldar a su ministra Losardo, quien a su vez publicó en las redes sociales una encuesta en la que el 87,9 de los consultados dijo confiar “poco o nada” en el Poder Judicial. Entre las alternativas que baraja el Ejecutivo figura la creación de un tribunal especial de revisión de las condenas.
Sin embargo, no todas las señales que emite la Justicia son contrarias a los deseos del poder político: los jueces de la Cámara Nacional Electoral y la jueza María Servini, a cargo de la organización de los comicios en la ciudad de Buenos Aires, advirtieron en un encuentro reciente que las PASO deberán suspenderse si las personas que garantizan la realización de las elecciones –autoridades de mesa, personal del Correo- no reciben alguna de las vacunas contra el COVID-19.
Como se sabe, tanto el Gobierno central como la mayoría de los provinciales son partidarios de suspender o retrasar al menos un mes las elecciones primarias. Todo el calendario político está en suspenso: el operativo para encumbrar a Máximo Kirchner en la presidencia del PJ bonaerense está retrasado porque no dan los plazos legales para que la actual conducción renuncie en forma masiva. Aunque habría contactos entre Wado de Pedro y el intendente “plantado” Fernando Gray.
El desafío de Larreta
El que enfrenta un desafío inmediato es el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Desde el miércoles, la ciudad de Buenos Aires será el primer distrito del país en regresar a las clases en forma presencial, una demanda que motorizó Juntos por el Cambio y que inicialmente fue resistida por el Gobierno, aunque luego las encuestas confirmaron que se trataba de un reclamo mayoritario en la sociedad. En términos políticos, Larreta piensa en su proyección nacional.
Para conseguirlo, debe recorrer un camino similar al que transitó Mauricio Macri entre 2013 y 2015, cuando puso a la CABA como un faro al que miraban las provincias con menos capacidad de gestión y financiamiento. Pero Larreta tiene ahora dos problemas: los fondos de coparticipación que le recortó Alberto Fernández y la indefinición de María Eugenia Vidal para volver a competir en territorio bonaerense. Diego Santilli, que había iniciado el desembarco, también lo congeló.
La incertidumbre que campea en toda la sociedad, no excluye a la dirigencia política. En medio de la pandemia, ni el Gobierno ni la oposición tienen la garantía de un resultado electoral favorable.
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