La política pareció entrar en la semana en un receso quizás lógico por ser los primeros días del año y el arranque de la temporada estival, aunque está claro que nunca se paraliza del todo y menos en este año electoral clave. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, tanto en el oficialismo como desde la oposición ya apuntan a los comicios legislativos de octubre, primer gran test en las urnas para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Pero también es cierto que la pandemia por el coronavirus volvió a estar en boga y preocupa a todos por la disparada de contagios tras las fiestas de fin de año, después de dos meses de retroceso en los casos. Se volvieron a encender las luces de la emergencia sanitaria para poner en guardia de nuevo al Gobierno nacional, provincial y local, y con el dilema en la mesa de cómo volver atrás con las medidas de restricciones cuando la actividad económica aún trata de ponerse de pie.
Desde Nación se llamó de urgencia a una reunión a todos los gobernadores y se abrió una línea directa con Horacio Rodríguez Larreta. De ese encuentro salió la necesidad de “cerrar” la noche. Así lo aseguraban en la Rosada. Sin embargo, el consenso no estaba. La ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba (los dos primeros distritos gobernados por Juntos por el Cambio, y el tercero por el peronista Juan Schiaretti que, si bien acompañó en algunos proyectos al oficialismo nacional como la reforma de la movilidad jubilatoria, no comulga para nada con el Frente que incluye al kirchnerismo) mostraron las primeras resistencias a esa medida
¿Estatización?
En este contexto, con la alerta por los contagios, quedó en foco el sistema de salud y otra interna que se estaría librando en el seno del Gobierno. La Vicepresidenta tiró la primera piedra. Fue en su discurso durante el acto en La Plata en el cual el Frente de Todos buscó mostrar unidad; dijo que la política sanitaria necesita de una gran reforma. Esa definición hizo sonar alarmas en los prestadores de salud privados (las prepagas cuentan alrededor de 6 millones de afiliados) y en las obras sociales sindicales, que administran una caja de 800 mil millones de pesos anuales. El temor latente es que se haya dado un paso a la estatización del sistema.
Mientras, desde el kirchnerismo aseguran que “no hay avance sobre nada”. Y refieren en sus argumentos a una complementación en el sistema de salud entre el Estado y los privados como “sucedió en la pandemia”, un ejemplo no tan claro porque el plan de vacunación fue monopolizado por el Gobierno en los hospitales públicos, mientras las clínicas aún esperan que llegue a su personal. El Presidente también le dijo a los operadores de prepagas que se queden tranquilos porque no hay en danza ningún proyecto de estatización. Sí reconoció que buscan una reforma.
En ese sentido, Alberto Fernández tuvo predisposición al diálogo y convocó a la Rosada al titular de la Unión Argentina de Salud privada, Claudio Belocopitt. En principio fue para explicarle por qué el Gobierno dio marcha atrás con la autorización de un incremento para la medicina prepaga del 7 por ciento en febrero. Para los prestadores, detrás de esta decisión está Cristina.
Ese “plan de integración” ya tendría nombre y apellido para llevarlo a cabo: el actual ministro provincial de Salud, Daniel Gollan, quien iría a Nación en lugar de Ginés González García. Nicolás Kreplak, actual viceministro, quedaría al frente de la cartera bonaerense. ¿Uno de los cambios de ministros que pide Cristina?, probablemente.
Frase contundente
“En la Justicia debemos meter mano”. Lo advirtió el presidente Alberto Fernández y sonó como otro fuerte aval a la ofensiva de la Vicepresidenta contra ese Poder y, principalmente, contra la Corte Suprema. Una definición muy fuerte dentro de un marco constitucional, aunque ya parecen moneda corriente estos embates, que se acrecentaron en los últimos días tras la decisión de que Amado Boudou, con condena firme, vuelva a la cárcel.
Precisamente, apareció en escena por este tema un jurista “de la casa” para el kirchnerismo: el exjuez Eugenio Zaffaroni y fue para meterle presión a Alberto Fernández: “La figura que existe hoy es el indulto para que no haya más presos políticos. El indulto es un acto de gobierno que existe en todas las constituciones”, avisó tras decir que la Corte es “peor” que el gobierno de Macri, al salir a defender a su amigo Boudou. Por lo pronto, ese fierro caliente, el del indulto, el Presidente se lo tiró al Congreso: “Es su potestad”, dijo.
A la oposición, la definición de Fernández y el pedido de Zaffaroni, parece que la agarró con la guardia baja o “dormida” porque salvo Lilita Carrió o un tibio comunicado de Juntos por el Cambio, la reacción política mereció más ímpetu para defender la institucionalidad a través de la división de poderes.
Conflicto que vuelve
El Gobierno, mientras, abrió otro frente de conflicto con un enemigo conocido: el campo. La suspensión de las exportaciones de maíz durante tres meses fue “la gota que rebalsó el vaso”, aseguran desde las entidades rurales. Y por eso desde mañana frenan la comercialización de granos. Es el segundo paro a la administración de Alberto Fernández en poco menos de un año.
Los productores hablaron de una decisión, por el maíz, “inconsulta”. Y esperaban un llamado al diálogo desde la Rosada para levantar la medida de fuerza. Pero hasta anoche no había llegado. Sólo un pedido de solidaridad del Presidente, escucharon. Y rumores de un acuerdo, tras reuniones desde el Ejecutivo con entidades más cercanas al oficialismo pero con poco peso en la producción general de granos.
La anterior protesta fue por el aumento de las retenciones, que la administración de Mauricio Macri había bajado. En octubre, el Gobierno dispuso una baja temporaria para las exportaciones del complejo sojero por tres meses, que venció el último día de 2020 y no se renovó. Por eso desde mañana la retención a la soja volverá al 33 por ciento, en medio del boom del grano, que en la semana llegó a pasar los 500 dólares en el mercado de Chicago, un precio máximo en 6 años.
El rol de Guzmán
A todo esto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, avanzó algunos pasos en medio del equilibrio político que debe mantener dentro de un oficialismo con diferencias internas. Un hombre propio -el ahora exsecretario de Finanzas Diego Bastourre- desembarcó en el Banco Central en reemplazo del lavagnista Carlos Hourbeigt, lo que sonó también como un pase de factura al exministro Roberto Lavagna por su critico documento de fin de año pidiendo cambios.
Pero lo cierto es que Guzmán, de bajo perfil en el comienzo del año, tiene que lidiar con una más difícil: las tarifas de los servicios públicos, muy cerca -en febrero- de tener que reanudar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, justamente donde entre las recetas está la baja del gasto público. Y los subsidios -al por mayor en estos tiempos- se sabe que son un factor que influye en el déficit del Estado, que obliga a la emisión y la consecuente pérdida del valor del peso. En ese sentido, Cristina ya se lo habría dejado claro: un fuerte ajuste es el camino a una derrota electoral en octubre. El límite de la Vicepresidenta sería un aumento de un dígito (9 por ciento), en una sola vez, en marzo. Podría quedar margen para otro, pero en diciembre después de las urnas, según trascendió.
Claro que ese tope entorpecería las negociaciones con el FMI y profundiza el malestar latente de las distribuidoras energéticas, que ya esperaban un reacomodamiento de tarifas para este mes.
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