Cuatro cuestiones principales, con algún grado de vinculación entre sí, acapararon la atención informativa sobre Polonia en el 2020. A saber: la situación del Poder Judicial; la elección presidencial; las restricciones sobre el aborto y la relación con la Unión Europea (UE).
Desde el 2015, gobierna Polonia el Prawo i Sprawiedliwosc (PiS), Partido Derecho y Justicia en español. Fundado en 2001 por los hermanos mellizos Jaroslaw y Lech Kaczynski, llegó al poder en 2005, pero debió abandonarlo en el 2007 para recuperarlo en el 2015.
Ideológicamente se identifica como conservador muy cercano a la democracia cristiana. Desde lo económico-social adhiere al estado de bienestar. Desde lo geopolítico, es partidario de una revisión del actual esquema de la UE, al que cataloga como centralizado en la “burocracia” de Bruselas.
Aquellas reformas posibilitaron el control del Consejo de la Magistratura y de la Corte Constitucional por parte del oficialismo. Control que habilitó al partido de gobierno a designar nuevos jueces favorables a sus posiciones.
El apresuramiento del presidente del país, Andrzej Duda (48 años), en designar a Kamil Zaradkiewicz en la Corte buscó recortar y asegurar la división de la máxima instancia judicial, encargada de convalidar la elección presidencial convocada para mayo y luego postergada para junio del 2020.
El procedimiento habitual implica que el presidente de la República es el encargado de elegir al titular de la Corte Suprema surgido de una lista de cinco juristas, suministrada por el propio máximo tribunal. No fue el caso. En esas condiciones sobrevino la batalla por la presidencia.
El apuro electoral
Según la Constitución, vigente desde 1997, Polonia es una república parlamentaria con un gobierno surgido del propio Parlamento bicameral. También la Constitución establece de manera taxativa la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. A su vez, define al poder ejecutivo como integrado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros, encabezado por un primer ministro.
Así, el presidente, es el máximo representante del Estado en las relaciones internas e internacionales, pero además es el jefe de las Fuerzas Armadas y quien nombra a los jueces. El último período presidencial completo fue el que inició el 6 de agosto del 2015 y finalizó el 5 de agosto del 2020. En dicho período, el cargo fue desempeñado por Andrzej Duda.
La batalla por la elección presidencial del 2020 comenzó en marzo, cuando el gobierno anunció que, pese al coronavirus, mantenía la fecha electoral para el 10 de mayo. Se trataba de votar antes que los efectos, sanitarios y económicos, de la pandemia pusiesen en riesgo al oficialismo.
Pero el avance de la pandemia y las dudas en el seno del oficialismo, bajo amenaza de división, consiguieron que Kaczynski, finalmente, accediera a postergar los comicios. Una postergación surrealista. Fue aprobada el 07 de mayo de 2020, tres días antes de la fecha electoral.
En síntesis, un retorno a la normalidad que… violaba la legalidad. Es que la Constitución polaca establece el 10 de mayo como fecha electoral y un mero acuerdo entre dos diputados, Kaczynski y Gowin, dejó la Constitución de costado.
Finalmente, la primera vuelta electoral quedó definida para el 28 de junio del 2020. El resultado fue 41,8 por ciento para el presidente Duda, frente al 30,4 del alcalde Trzaskowski. Con participación, sin voto obligatorio, del 62,9 por ciento del padrón electoral.
Finalmente, la segunda vuelta arrojó como resultado la reelección del presidente por un margen muy ajustado, del 51,2 por ciento contra el 48,8 de su rival liberal.
Un populismo conservador en el poder
En el caso polaco, el populismo adopta un tono francamente conservador, respaldado en gran medida por la influyente Iglesia Católica. Cierto es que en la actualidad, el prestigio de la Iglesia no es el de los años de la lucha contra el comunismo y del papado del polaco Karol Wojtyla (1978-2005), al punto que, según encuestas, la opinión positiva sobre la Iglesia polaca bajó del 60 por ciento al momento del inicio del gobierno del PiS al actual 42 por ciento.
Cuatro cuestiones galvanizan la fractura social polaca. Por un lado los derechos de los colectivos identificados con las siglas LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros), una minoría particularmente ruidosa y combativa. Por el otro, los avances del gobierno sobre la legislación que autoriza el aborto. También la condición de la mujer. Finalmente, el tema educativo.
Aunque mermada por la aparición de la pandemia, la movilización del colectivo LGTB suele recibir como contraparte la represión policial ordenada desde el gobierno. Pero la división más acabada de la sociedad se da en torno del aborto. No se trata del aborto en sí que en Polonia es legal, aunque con no pocas restricciones. Sino de la decisión del Tribunal Constitucional, dominado por el PiS, de declarar inconstitucional la autorización del aborto en caso de malformación del feto.
La decisión constitucional ocurrió el 22 de noviembre y, desde entonces, las movilizaciones –principalmente integradas por mujeres y jóvenes- no pararon. La condición de la mujer no finaliza en el tema del aborto. La visión conservadora llevó al ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro a solicitar al gobierno el abandono del Tratado Europeo de Estambul sobre violencias contra las mujeres.
Otro ministro, el flamante de Educación, Przemyslaw Czarnek, es un duro entre los duros, frente a los colectivos LGTB, el aborto o la condición de la mujer. Y para el PiS, esos temas deben ser tratados de manera diferente a la actual desde la escuela. Tres son los objetivos declarados del ministro Czarnek; extirpar la “ideología” LGTB; la “teoría de los géneros” y la “pedagogía de la vergüenza”.
A la “ideología” LGTB, le adosa “las mismas raíces neomarxistas del nacional-socialismo hitleriano”. Para la “teoría del género”, en particular el feminismo, considera que no debe haber lugar en los programas escolares. Por “pedagogía de la vergüenza” entiende los relatos sobre exacciones de los guerrilleros anticomunistas contra poblaciones no polacas.
¿Y Europa?
Los avances sobre el Poder Judicial, como tema principal, y las cuestiones sociales vinculadas a la interrupción del embarazo y a los derechos de las minorías sexuales, desembocaron en una tirantez entre el nacionalismo populista polaco y la Europa liberal afincada sobre el estado de derecho y la separación de los poderes.
Pero fue en el plano económico, donde los intereses chocaron decididamente. Ocurrió cuando el gobierno polaco, junto a su similar húngaro –también populista de signo conservador- resistió con éxito la pretensión europea de vincular la ayuda para la recuperación de las economías, tras la pandemia, a la aplicación irrestricta del estado de derecho.
Al respecto, las dudas quedaron disipadas cuando, el 26 de setiembre del 2020, Polonia y Hungría anunciaron que bloquearían, en el seno de la Unión Europea (UE), el plan de relanzamiento económico. Bloqueo que supeditaron al mantenimiento de cualquier exigencia sobre el estado de derecho como condición para acceder a los fondos.
La unanimidad es un requisito para las decisiones de los 27 países que integran la UE. En este caso, dicha unanimidad hubiese permitido la puesta en marcha de la ratificación indispensable de los 27 parlamentos nacionales.
La pulseada quedó establecida de la siguiente manera: por un lado la necesidad de ambas economías –en mayor medida, la polaca- de acceder a los fondos del relanzamiento. Por el otro, la descripción precisa de las condiciones en materia de estado de derecho. Allí quedó la negociación.
Y pasó. Las amenazas se convirtieron en realidad cuando ambos países bloquearon finalmente el presupuesto comunitario –que contiene las partidas para el relanzamiento-, el 16 de noviembre de 2020. Fue entonces cuando el problema de dos se convirtió en un problema de 27. Fundamentalmente de aquellos más necesitados como Italia y España y con un indisimulado alivio de los “frugales” Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia.
Finalmente, no fue la cordura cuanto privó, sino la aceptación de una declaración interpretativa que vincula la cláusula sobre el estado de derecho a un procedimiento de comprobación y de apelación engorroso. O sea, un triunfo, no por knock out, pero sí por puntos, para Polonia y Hungría.
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