Incluso antes de que la pandemia cayera como un meteorito sobre la faz de la Tierra, en diciembre de 2019, el flamante gobierno de Alberto Fernández suspendió la fórmula de movilidad previsional, a la cual se había opuesto fuertemente en 2017, argumentando que no se podía pagar y reemplazándola por cuatro aumentos discrecionales que le quitaron a los jubilados un 10 por ciento en promedio, de lo que les hubiera correspondido por aplicación de la ley vigente.
La fórmula de Cambiemos ajustaba 70 por ciento por inflación y 30 por ciento por salarios, esto último a pedido de Miguel Ángel Pichetto, pero con la particularidad de que tenía un rezago de seis meses, por lo que en 2020 debía pagarles a los retirados la inflación del segundo semestre de 2019, que había promediado nada más ni nada menos que 3,9 por ciento mensual.
En otras palabras, la decisión de Alberto fue suspender la fórmula justo cuando más les convenía a los jubilados; en el momento en que había que pagar el shock inflacionario sufrido después de las PASO, cuando se disparó el dólar y volaron los precios por los aires, destruyendo la capacidad adquisitiva del peso.
Sobre el cierre del año, el oficialismo plantea una nueva fórmula, que en principio iba a volver al esquema de ajustes semestrales que tenía en el gobierno de Cristina Kirchner, con los beneficios previsionales actualizados por los recursos tributarios de la Anses y los salarios registrados (índice Ripte).
Según estimaba el proyecto de Presupuesto, los adultos mayores tendrían una recomposición del 12 por ciento en marzo y del 18 por ciento en septiembre, pero como los ajustes eran semestrales y en diciembre dieron un 5 por ciento, el Gobierno anunció que en marzo solo abonaría el 7 por ciento restante, dejando las jubilaciones incluso por debajo de la inflación prevista en el Presupuesto y ni hablar de cómo quedarían si se cumple el 50 por ciento de aumento en el IPC que pronostica el REM del BCRA.
Como la maniobra fue visibilizada por la periodista Silvia Stang y se produjo un fuerte rechazo, finalmente Cristina solicitó que se diera marcha atrás y se volviera a la frecuencia de ajustes trimestrales que tenía la vieja fórmula.
De este modo, en marzo no se toma a cuenta el aumento del 5 por ciento en diciembre, pero justamente porque el ajuste que se paga es solo por los tres meses que transcurren entre diciembre y marzo.
Dicho de otro modo, no es que los jubilados van a recibir ahora un 5 por ciento más, sino que les van a pagar solo el 7 por ciento que se estima que arrojará la fórmula para el trimestre, que a juzgar por la evolución reciente de los salarios y la recaudación de la Anses puede ser incluso menor y terminar más cerca del 6 por ciento.
La solución de fondo
Cuando empezó el debate sobre la nueva fórmula muchos economistas planteamos que no tenía sentido discutir cuál mecanismo de actualización era mejor, sin poner en debate todo el sistema. En resumen, la fórmula nueva le conviene más a los jubilados si la economía y los salarios reales crecen, mientras que la de Cambiemos los protege más en contextos recesivos de alta inflación.
En rigor, lo más justo sería que los beneficios se actualicen de manera instantánea con la evolución de los precios, para garantizar que mantengan su poder adquisitivo, de modo de no romper el compromiso que el sistema toma con los jubilados el día que se fija su remuneración inicial y lo mismo vale para cualquier contrato de la economía.
No está bien que la inflación rompa la relación entre las partes y distorsione lo pactado. Este principio de justicia previsional podría lograrse con una solución simple: que todos jubilaciones, pensiones y asignaciones se paguen en UVAs.
Dicho eso, es cierto que lo que es justo para los jubilados puede resultar insostenible para el gobierno que debe pagar los beneficios y aquí es donde hay que replantear todo el sistema. Si vamos a mantener un esquema de reparto, quiere decir que los activos financiarán a los pasivos y por lo tanto el sistema solo puede pagar lo que recauda y los beneficios oscilarán en función de la actividad económica, la formalización del empleo y la estructura demográfica. Esto implica que las jubilaciones serán mayores cuanta más gente trabaje en blanco, pero menores, cuando más años vivan los beneficiarios y cuantos menos hijos tengan.
Análisis
Visto desde este punto de vista, la fórmula solo debería ajustar en función de la recaudación de aportes a la seguridad social de los trabajadores, por beneficiario y si queremos mejorar lo que reciben los abuelos, tiene que aumentar el empleo registrado, mejorar los salarios reales y/o aumentar la edad jubilatoria.
Un segundo componente es el redistributivo. Si la sociedad considera que debe existir un ingreso básico universal para los adultos mayores, independientemente de que hayan aportado o no y de su situación económica, pues es lógico que ese monto mantenga su capacidad adquisitiva calculada como el X% de la canasta básica, donde esa proporción dependerá de lo que la sociedad, por sus canales representativos, acepta pagar. Para no romper ese contrato social, el componente deberá ser financiado de rentas generales y mantener su valor de compra. Otra vez, lo mejor es que sea directamente en UVAs.
Garantizada la solidaridad del sistema con el segundo componente, de manera alternativa el primer componente puede reemplazarse por un sistema de capitalización, público y privado, donde los trabajadores aporten a una cuenta personal y tengan la posibilidad de mejorar sus ingresos futuros. Esos fondos pueden invertirse en el exterior, en moneda fuerte, para aislarlo de los efectos de los shocks locales.
Por razones de transición (financiera y política), tal vez lo mejor sea converger a un sistema con una prestación básica universal pagada por el Estado, un segundo componente de reparto en el que los activos financian a los pasivos y un tercer bloque de capitalización, basado en los aportes individuales, sin límite de inversión, en sintonía con cómo funcionan estos sistemas en los países nórdicos.
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