La decisión de la Corte Suprema de aceptar el “per saltum” presentado por los tres jueces desplazados supone una señal de advertencia al Gobierno nacional, en cuanto a su relación futura con el Poder Judicial, y un golpe político para la vicepresidenta Cristina Kirchner, la principal impulsora de la revisión del traslado de los magistrados durante la gestión de Mauricio Macri.
Al mismo tiempo, la Corte ganó tiempo para abordar el fondo de la cuestión, que pasará por determinar si el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli siguió un procedimiento constitucional. Desde el Senado, las señales políticas que envió el kirchnerismo tras el fallo es que habrá un “conflicto institucional” si la Corte contraría a Cristina. Aunque, en términos políticos, el máximo tribunal ya enfrentó la voluntad de la Vicepresidenta al aceptar el “salto de instancia”, una práctica inusual, y fundamentar la decisión en que se trata de una causa en la que “podría estar en juego la inamovilidad de los jueces nacionales”, según consta en el voto conjunto de Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco.
A su vez, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, logró que los demás supremos aceptaran el “per saltum”, pero en su resolución fue mucho más enfático que sus colegas y sostuvo que “la intervención inmediata de la Corte es el único remedio eficaz para evitar tanto el daño individual (...) como el daño a las instituciones de la República”. En la interna de la Corte, los antecedentes indicaban que en los fallos sobre casos importantes se plasmó una mayoría de cuatro jueces (Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y Highton de Nolasco) contra uno, el presidente Rosenkrantz. Ayer ese comportamiento volvió a manifestarse en el hecho de que hubo dos fallos para aceptar el “per saltum”: los cuatro por un lado y el presidente por el otro. Rosenkrantz, designado en la Corte por el ex presidente Mauricio Macri, fue más allá al señalar que la demanda de los jueces desplazados por el Senado –tras una resolución del Consejo de la Magistratura- representa “un caso que excede notoriamente el interés de las partes” y se extiende al “interés general en preservar el sistema republicano de gobierno”. “El daño a las instituciones básicas de la República resulta siempre irreparable”, advirtió Rosenkrantz. La resolución de la Corte tuvo lugar en medio de la tensión política entre el oficialismo y la oposición por el “escrache” al juez Lorenzetti en Rafaela y en momentos en que el máximo tribunal del país estaba en la mira de un sector de la sociedad para el cual resulta clave que no haya “impunidad” en las causas en las que se investigan presuntos hechos de corrupción. El pronunciamiento cayó como un baldazo de agua fría en el Gobierno, ya que el presidente Alberto Fernández apoyó el desplazamiento de los jueces ideado por Cristina.
El mandatario pidió ayer desde Rosario, donde encabezó un acto oficial, que el Congreso termine de sancionar la reforma judicial que ya fue votada en el Senado y que está pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados. Se trata, con certeza, de un tema que también llegará a la Corte para hacer un control de constitucionalidad, como así también la reciente quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. En el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, la Corte tendrá que abocarse desde ahora a analizar la cuestión de fondo, con una disyuntiva evidente: darle la razón a los jueces implicaría aceptar que los presidentes de turno hagan traslados sin aval del Senado, tal como lo hizo Macri y antes, la propia Cristina. En el fallo de Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti se advirtió que “está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”, algo “directamente relacionado con la consagración constitucional de la garantía del juez natural, expresada en la prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados los jueces legítimamente nombrados”. Mientras distintos referentes de la oposición festejaban la aceptación del “per saltum”, esta última argumentación fue apuntada por el oficialismo como una luz al final del túnel. Desde la óptica gubernamental, los cuatro jueces que se mueven en bloque podrían volver a “dejar solo” a Rosenkrantz. El final de esta historia jurídica, con picos de alto voltaje político, sigue abierto y sólo la Corte sabe ahora qué plazos tendrá para definir sobre la cuestión de fondo. Desde el Senado, el kirchnerismo advierte sobre un “conflicto institucional”.
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