Hace más de un mes, en una nota publicada en ese diario con motivo de la moratoria impositiva y la reforma judicial manifesté que esta ultima iba a encubrir la búsqueda de una amnistía para las causas abiertas en la Justicia de la actual vicepresidenta de la Nación.
Inocentemente señalaba que la única posibilidad era que atento a sus manifestaciones que el lawfare y habiendo a viva voz señalado en su última declaración en un tribunal judicial que "estaba absuelta por la historia" agregando después por su propio pueblo.
La mayoría oficialista en el Congreso por un gesto de lealtad podría proponer una ley que contemplará la situación de su jefa política. Erróneamente, con un asombro increíble vemos que ella tomó el tema por su cuenta y en una irregularidad manifiesta hizo enviar al Senado diversos pliegos del Poder Judicial. Entre ellos lo de los Dres. Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, en cuya área judicial se encuentran tres de las causas más importantes en las cuales está imputada. Lo asombroso es que alegando que ocupan esos lugares por haber sido trasladados por decretos del Poder Ejecutivo, confirmada dicha medida por la Corte Suprema en el 2018, que el pase dentro del mismo fuero es válido, sin haber objetado nunca nadie nada.
El envío de los pliegos se realizó con siete magistrados más. Los tres citados en primer término se negaron con fundamentos jurídicos a ir a la comisión, pero qué casualidad que urgentemente fue votado su destitución del cargo en el día de ayer. Sobre los otros restantes no hubo propuesta.
Este hecho gravísimo que desnudó a su vez con una imagen el viejo axioma de que a confesión de parte relevo de pruebas, en el momento de votarse quien presidía la sesión Cristina Fernández de Kirchner se retiró con una foto que hoy ilustran los medios de una amplia sonrisa revelando quién era la autora. De quien piensa que sacando estos magistrados podrá oportunamente nombrar a otros para que le solucionen su problema.
Estas maniobras enlutan la institución del Senado y la República con graves consecuencias sobre la credibilidad en el funcionamiento de los poderes en nuestro país, con consecuencias económicas y financieras inmediatas que agravan la tremenda crisis social y de trabajo que sufren casi el cincuenta por ciento de los argentinos.
La Corte Suprema tiene la palabra. Esperamos que la norma que tiene el Senado de cuando ninguna sentencia está firme el cargo se sigue desempeñando lo haga saber urgentemente. Es necesario que quede claro que lo que afirma cierta publicidad "argentina república" no es la realidad. La verdad es República Argentina y por lo tanto las AUTOAMNISTÍAS promovidas por el propio imputado no tienen posibilidad de ser viables.
(*) Exsenador nacional.
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