"Nos vamos a recuperar rápido cuando pase la pandemia", insistió en los últimos días el presidente Alberto Fernández, en una declaración que repiten a coro sus principales funcionarios y que por ahora deja más dudas que certezas.
Es que no existe todavía un diagnóstico claro sobre el impacto real que casi seis meses de aislamiento social hicieron sobre el ya golpeado tejido productivo de la Argentina, un país que trabaja muy por debajo de sus posibilidades y donde un cuarto de la población lleva sobre sus espaldas la presión de sostener toda la economía.
El Presidente busca instalar un panorama optimista, pero aún ni siquiera se atravesó el peor momento de la pandemia, que todo indica ocurrirá en septiembre, a juzgar por las últimas cifras que inflaron por encima de los 11 mil casos los contagios diarios de Covid.
Los datos económicos duros no resisten el optimismo oficial: la venta de combustibles se volvió a estancar en julio, luego de crecer por encima del 30% en mayo y junio.
El Estado destinó más del 5% del Producto Bruto, algo así como u$s 20.000 millones, para paliar el impacto del coronavirus sobre la actividad y el empleo.
Aún así, la economía frenó en julio la recuperación iniciada en abril y cayó 8,9% respecto de igual período de 2019.
En los primeros siete meses del año la actividad cae 10,1% y cerraría 2020 con un retroceso del 14%, según cálculos del estudio de Orlando Ferreres.
Ante este escenario, el presidente Alberto Fernández prepara una batería de medidas para tratar de reanimar el consumo.
Buena parte de las medidas incluidas en el inminente programa de recuperación de 60 iniciativas están destinadas a promover consumos de la clase media.
Estarán centradas en vacaciones, planes para la compra de autos y electrodomésticos; los programas Ahora 12 y Ahora 18 (habrá hasta 36) y la ya anunciada intervención del Banco Central en la refinanciación de saldos de las deudas con tarjetas de crédito.
FMI
Tras acordar con los acreedores privados, el Gobierno inició la negociación formal con el FMI para definir un nuevo programa de financiamiento, que suceda al que el ministro de Economía, Martín Guzmán, calificó de programa "cancelado y descarrilado" firmado por Mauricio Macri.
Son u$s 44.000 millones de préstamo y unos u$s 5.000 millones de intereses.
El problema de ese crédito es que, así como el plazo de entrega de los dólares fue muy corto, el esquema de repago también lo era.
El equipo económico buscará postergar algunos años los pagos fuertes de la deuda con el organismo.
Pero también buscará que el habitual ajuste exigido por el Fondo Monetario impida lo menos posible la recuperación económica.
Eso explica que en la carta al organismo multilateral Guzmán haya advertido que la Argentina fue severamente impactada por la pandemia.
Parte de ese impacto se reflejó en que el déficit fiscal primario alcanzó el 3,3% del PIB en el primer semestre.
Guzmán promete reducirlo en forma compatible con la sustentabilidad de la deuda como con la recuperación económica.
Parte de esa reducción del déficit surgirá de los $ 300.000 millones que esperan recaudar con el impuesto a las grandes fortunas y una ampliación de la base imponible de quienes tributan Ganancias.
Estas definiciones adelantan una compleja negociación con el organismo multilateral, que también pretende podar gastos por el lado de las jubilaciones.
El plan para negociar con el FMI es extender el plazo de pagos sin tener que hacer desembolsos netos en los próximos 3 a 4 años.
Luego distribuir el resto en los siguientes, sin que sea una carga demasiado alta para las cuentas públicas.
Si el Gobierno logra postergar los pagos al FMI, sumado al ahorro de unos u$s 56.000 millones en servicios de la deuda, la Argentina habrá despejado unos u$s 100.000 millones en pagos hasta el 2024.
En esos cuatro años debería tratar de encaminar un modelo económico y social que le permita volver a crecer.
Pero sobre todo tratar de ordenar el mercado cambiario, ese talón de Aquiles que fue capaz de acabar con decenas de planes económicos a lo largo de la historia argentina.
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