La reforma judicial será aprobada el jueves en el Senado y Cristina Kirchner podrá presumir que no baja sus banderas políticas. Ese mismo día, Juntos por el Cambio pondrá nuevamente el foco sobre una marcha callejera que, en las puertas del Congreso, que protestará contra el Gobierno. Aunque la iniciativa, tal como fue redactada por el kirchnerismo, tiene prácticamente nulas posibilidades de salir indemne de la Cámara de Diputados.
En el Gobierno no lo admitirán públicamente, pero puertas adentro –en las reuniones de mesa chica- ya comprendieron que la reforma judicial no reúne el consenso necesario en el Congreso. Sin embargo, el Frente de Todos no retirará el proyecto, como exige JxC, porque no quiere otra derrota política similar a la que le asestó la frustrada expropiación de Vicentin.
“Después de la marcha (del 17A) no había margen para cambiar el proyecto en el Senado. Hay que mandar la ley así como está y después encarar la negociación en Diputados”, deslizó un referente oficialista del Congreso. La idea de aprobar el proyecto “así como está” en la Cámara alta incluye la “cláusula Parrilli”, una provocación lisa y llana a los medios de comunicación que lleva el sello de la teoría del “lawfare”.
Pero el artículo 72 del proyecto, agregado por el senador neuquino y titular del Instituto Patria sin conocimiento del Poder Ejecutivo, constituye un disparate jurídico. En cualquier facultad de Derecho enseñan que no hay reglas de “estricto cumplimiento” –como prescribe la cláusula en cuestión- que no estén acompañadas de posibles penas o sanciones. El artículo tampoco pasaría por un control de constitucionalidad.
Sin embargo, el proyecto será aprobado por el Senado con un piso de 40 votos, sobre 71 que en total tiene el cuerpo. La Vicepresidenta podrá mostrarle así, a la hinchada propia, que no claudica en su persistente denuncia de que fue víctima de un mecanismo montado por el Gobierno anterior, en conjunto con jueces y medios de comunicación, para llevarla a la cárcel.
Los que recuerden la cara que puso Cristina cuando Mauricio Macri la saludó en el traspaso del mando, en diciembre pasado, podrán tener una idea de la bronca que acumuló la jefa del Senado en los últimos cuatro años. Curiosamente o no tanto, ese enojo se invierte ahora porque el expresidente Mauricio Macri cree que Cristina montó un plan para apresarlo con la causa de espionaje ilegal.
Las disputas por la jurisdicción de esa causa entre Comodoro Py y el juzgado federal de Lomas de Zamora forma parte de esa historia. Así de atravesada políticamente está la Justicia que ahora se pretende reformar.
Entre el palacio y la protesta
Esa pulseada entre Cristina y Macri volverá a expresarse el jueves, tanto dentro como fuera del Congreso. En el Senado, se hará la voluntad de la Vicepresidenta. En las calles se expresará el descontento de un sector de la sociedad que identifica a la Vice con la “impunidad”.
Pero el mismo jueves se pondrá en escena el último acto de la reforma judicial tal como se la conoce hasta el momento. Ni bien pase a la Cámara de Diputados, comenzará otro tipo de debate, marcado por la necesidad del oficialismo de abrir una negociación. Sergio Massa y Máximo Kirchner montarán una estrategia tendiente a estirar los tiempos políticos de la discusión.
De acuerdo a las fuentes consultadas, el oficialismo de la Cámara baja buscaría –con aval del presidente Fernández- ampliar el proyecto de reforma judicial de modo tal que no quede centrado solamente en los cambios a la Justicia federal y específicamente a Comodoro Py. El juicio por jurados, los sistemas de evaluación y control de los jueces, la situación de los juzgados civiles, podrían incluirse en el paquete para ampliar el margen político de las negociaciones.
Solo de esa manera, con modificaciones sustanciales, tendría la coalición gobernante alguna chance de avanzar con la reforma judicial en la Cámara baja, donde los bloques alineados con Roberto Lavagna, el gobernador cordobés Juan Schiaretti y la izquierda ya anunciaron su rechazo al proyecto del Senado.
Las negociaciones incluirán, con certeza, a los gobernadores provinciales, dado que en forma paralela se comenzará a analizar el proyecto de Presupuesto 2021, que el Gobierno debe presentar en el Congreso con fecha límite el 15 de septiembre. Ayer un mandatario radical, el correntino Gustavo Valdés, insinuó que un sector de JxC –el que tiene responsabilidad de gestión- se prestaría a debatir la reforma judicial.
Pero la plana mayor de la coalición opositora se atrincheró en una postura intransigente contra la reforma judicial, en forma consecuente con la representación del electorado que rechaza de plano cualquier iniciativa que parezca emanada de las usinas kirchneristas. Aunque el hecho de que Patricia Bullrich haya intentado capitalizar las protestas no cayó bien en otros sectores de JxC: Elisa Carrió salió a cuestionarla y defendió al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. La presidenta del PRO no se quedó atrás y dijo que la ciudadanía castigará a los “tibios” que no se animan a enfrentar al kirchnerismo.
Corrupción, inseguridad y crisis
Entre las demandas que plantean las protestas como la del 17A, el rechazo a la corrupción es un eje vertebral. Pero otros reclamos no le van en zaga: la inseguridad y la crisis económica (con la extensa cuarentena incluida) aparecen al tope de las preocupaciones ciudadanas. El presidente Fernández anticipó que esta semana lanzará medidas para mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo hará junto al gobernador Axel Kicillof, aunque en la génesis del plan tuvieron más protagonismo algunos intendentes del Conurbano.
El Gabinete nacional no está exento de roces políticos. Acaba de renunciar la prestigiosa pedagoga Adriana Puigróss al ministerio de Educación, en desacuerdo con la gestión de Nicolás Trotta, enrolado en las filas del sindicalista Víctor Santa María. Tampoco el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, cuenta con la simpatía de sectores internos que le reclaman más acción en la ayuda a los clubes de barrio.
El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, venía siendo cuestionado hasta que consiguió cerrar el acuerdo con los bonistas y ahora, paradójicamente, se convirtió en la “esperanza blanca” de peronismo gobernante. En el titular del Palacio de Hacienda están depositadas las expectativas político-electorales del Frente de Todos. Una mejora en la “economía de bolsillo” de la población incidiría en las elecciones legislativas de 2021.
El congelamiento tarifario ingresa en esa lógica. La declaración de la telefonía celular, de internet y de la TV paga como “servicios públicos esenciales” puede interpretarse como un golpe directo del Gobierno contra el grupo Clarín, al cual el kirchnerismo caracteriza como un enemigo desde 2008. La medida se contradice con uno de los objetivos originales del Presidente: reconciliar al peronismo con sectores políticos, económicos y sociales que se alejaron por sentirse avasallados.
En las cuentas que hace el Gobierno, de las tres demandas básicas de los argentinos (lucha contra la corrupción, combate a la inseguridad y fin de las penurias económicas), le alcanzaría con mejorar la imagen en las últimas dos. La primera es acaparada por la oposición. La reforma judicial está ahora al tope de la agenda de protesta. Pero el proyecto del Senado sería modificado en Diputados. Ahí comenzará, con certeza, una nueva discusión.
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