Alberto Fernández viene de dar, en las últimas semanas, dos grandes noticias: el anuncio del acuerdo con los acreedores externos para evitar el default y la inclusión del país en la cadena de producción de la vacuna de Oxford, que -de mostrarse efectiva- fijará el horizonte en la lucha contra el coronavirus. El Presidente capitalizó ambos hechos en términos políticos, pero en la Argentina nunca hubo tiempo para dormirse en los laureles. De hecho, el mandatario afronta ahora mismo tres dilemas de orden político, económico y social.
El primero de ellos está encarnado en la reforma judicial. ¿Debe acceder el mandatario al pedido de Cristina Kirchner para avanzar rápidamente o escuchar otras voces que le recomiendan más prudencia?
El segundo dilema es estructural y tiene que ver con el dólar: ¿Será necesario volver al cepo absoluto o hay caminos alternativos para frenar la sangría de las reservas del Banco Central? Ayer a la mañana el Presidente reconoció que se estudiaba el tema. Por la tarde, voceros de Economía lo desmintieron.
El tercer dilema que se le presenta al jefe de Estado quedó claro el viernes: ¿Cómo hacer para diluir la idea de que la cuarentena es, a esta altura de las circunstancias, más un problema que una solución?
Reforma judicial a todo no nada
El debate sobre la reforma judicial avanza en el Senado tal cual el cronograma fijado por la vicepresidenta. Los martes y jueves se reúne un plenario de comisiones que escucha la opinión de juristas. La mayoría de los convocados expresó sus reservas a distintos aspectos del proyecto. El reparo central es la intención de ampliar a 15 los miembros de la Corte Suprema, al que se le agrega la creación de 120 juzgados federales –con el nombramiento de jueces incluido- justo cuando se intenta aplicar el sistema acusatorio, que privilegia la tarea de los fiscales.
Los cambios al texto que envió el Poder Ejecutivo pasarán, con certeza, por la distribución de los 94 juzgados federales a crear en las provincias. Los pedidos pueden llegar desde Misiones, Córdoba y Río Negro a través de borradores que serán enviados en interconsulta a la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Si efectivamente el Ejecutivo aceptara esas demandas, el proyecto de reforma judicial no solo será aprobado por un piso de 40 votos en el Senado, sino que empezará a reu-nir voluntades en la Cámara de Diputados, donde los cordobeses del gobernador Juan Schiaretti vienen actuando en sintonía con el oficialismo. Solo marcaron diferencias con la frustrada expropiación de Vicentin.
El dilema de Alberto F. no pasa, en este caso, por el temor de perder las votaciones en el Congreso, sino por los tiempos para el tratamiento del proyecto –Cristina querría aprobarlo el jueves 27 para pasarlo inmediatamente a Diputados- y sobre todo, si le conviene obtener una victoria pírrica. Esto es, sin ningún tipo de consenso con la oposición.
Hasta el momento, Juntos por el Cambio rechaza de plano la reforma judicial y está haciendo todo lo posible para bloquear su tratamiento. Esa fue la indicación que envió desde Europa el expresidente Mauricio Macri, a quien muchos cuestionan su liderazgo en la principal coalición opositora pero que, en este tema, siguen a pies juntillas.
En forma paralela, el comité asesor del presidente para la reforma de la Corte, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura intenta recomponer el “olvido” de sumar a los jueces supremos al debate sobre la reforma. Por eso los invitará a las deliberaciones, que comenzarán oficialmente esta semana.
Pero el presidente sigue enojado con el faltazo de los jueces a la presentación de la reforma. “Ellos siguen aislados en Santa Fe”, deslizó un colaborador directo del jefe de Estado sobre la manera en que están pasando la cuarentena Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Como si hubiera querido decir que, mientras tanto, hay muchos problemas por resolver en Buenos Aires.
Los dólares que (siempre) faltan
El presidente admitió ayer que analizará con el ministro de Economía, Martín Guzmán, si es necesario que el país vuelva a tener un cepo absoluto para la compra y venta de dólares. En rigor, se trata de una propuesta del titular del Banco Central, Miguel Pesce, ante la evidencia de que a la entidad le quedan solamente 5.000 millones de reservas líquidas.
La idea no es del agrado de Guzmán y por eso mismo por la tarde salieron a desmentirla desde el Palacio de Hacienda. El ministro de Economía entiende que si se vuelve a instaurar un cepo, se potenciará el mercado del “blue”.
Guzmán viene haciendo un culto del pragmatismo: “Lo ideal es no atarse a ninguna escuela de pensamiento económico, sino pensar la herramienta adecuada para cada problema”, comentó tras cerrar el acuerdo con los bonistas. Y por cierto que la restricción externa –la falta de dólares- es uno de los problemas crónicos de la economía argentina.
La cuarentena (que no existe)
El confinamiento de la población a raíz de la pandemia cumple hoy 150 días. El presidente dijo que “la cuarentena no existe” más, con el argumento de que la movilidad de las personas está en un nivel alto, pero el giro discursivo del mandatario no cayó bien entre quienes no pueden desarrollar sus actividades con plenitud desde el 20 de marzo.
Una muestra de ese descontento se verá mañana en las calles de distintas ciudades del país, en una convocatoria surgida en las redes sociales, pero que va mucho más allá que de la imposición de la cuarentena. El descontento suma también los padeceres económicos, la reforma judicial y los avances sobre ciertas libertades individuales. La protesta tuvo el guiño político de los sectores más duros de JxC, como el que encarna Patricia Bullrich, la titular del PRO. El Presidente los equiparó ayer a la irracionalidad de los “terraplanistas”. Otros dirigentes opositores como Horacio Rodríguez Larreta se diferenciaron de antemano de la marcha del 17A.
Entre las raras alianzas nuevas que propone Alberto F. también se encuentra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (que se abraza ahora a su vecino Donald Trump), que esta semana mostró su primer rédito político con el anuncio de la vacuna contra el coronavirus que producirán en forma conjunta laboratorios de ambos países, con el apoyo del magnate mexicano Carlos Slim. El Gobierno estima que al país le harán falta 10 millones de dosis para frenar la pandemia en el primer trimestre de 2021. El cálculo se hace sobre la cantidad de personas que se aplican la vacuna antigripal. Pero esta vez, la situación es mucho más compleja. En Jujuy, el rebrote de COVID-19 disparó una ocupación del 100% de las camas de terapia intensiva en una provincia que no tuvo casos durante 100 días.
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