El anuncio del acuerdo con los acreedores externos, sellado por el Gobierno tras largos meses de farragosas negociaciones, puso al oficialismo en un estado de gracia del que no gozaba desde el comienzo de la cuarentena contra el coronavirus, cuando la imagen positiva del presidente Alberto Fernández voló en las encuestas. Sin embargo, bajo la superficie poblada de gestos de alivio y aplausos para el ministro Martín Guzmán corre un torrente político en las entrañas del Frente de Todos.
La arremetida de Máximo Kirchner contra los jerarcas de la CGT que se reunieron con los empresarios de AEA y la dura respuesta que filtraron desde el comité ejecutivo de la central obrera al jefe del bloque de diputados del FdT revelan que el oficialismo discute internamente el rumbo del Gobierno y que, muy probablemente, las diferencias se expresarán en el armado de las candidaturas legislativas de 2021, con el foco puesto en la provincia de Buenos Aires.
Los sindicatos son una fuente de financiamiento para las campañas electorales del peronismo. Y aunque las cajas están exhaustas porque, con la pandemia, los gremios apenas logran mantener a flote sus obras sociales, el alineamiento de la CGT y de dirigentes con peso propio como Hugo Moyano repercuten directamente en la interna oficialista. Héctor Daer, el jefe de la central obrera, ya definió que apoyará al “albertismo”. El camionero, por su parte, jugará con Cristina Kirchner.
A su vez, el trío independiente conformado por Andrés Rodríguez (UPCN-estatales), Gerardo Martínez (UOCRA-construcción) y Armando Cavalieri (Comercio) podría inclinar la balanza llegado el momento de una eventual confrontación. O poner un huevo en cada canasta, para el caso de que siga prevaleciendo la unidad peronista. Por ahora, el Presidente no quiere que se hable de “albertismo” y Cristina y Máximo hacen todo lo posible para diluir el ADN de La Cámpora.
El control de la seguridad
Más evidentes que las pujas por el alineamiento de los jerarcas sindicales, las internas por el control de la seguridad sacan a la luz las diferencias políticas en la coalición gobernante. Al enfrentamiento entre la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y el ministro bonaerense Sergio Berni, se agrega la queja de los intendentes del Conurbano para mejorar el financiamiento del área, ya que los municipios destinan importantes recursos que no cubre la Provincia.
Por eso está abierta una negociación para que la Jefatura de Gabinete financie la compra de equipamientos de seguridad en los municipios, sin que las partidas pasen por el Gobierno bonaerense. “Los números que hacen en La Plata siempre benefician a la Tercera”, deslizó un intendente de la Primera Sección, que dio cuenta así del favoritismo que atribuyó al gobernador Kicillof sobre la región del Conurbano donde se asienta el poder electoral del kirchnerismo.
En forma coincidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, empuja un proyecto de ley para crear una Agencia Metropolitana de Seguridad que coordine a las fuerzas federales, la Policía bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires, en el territorio del AMBA cuyo nivel de interdependencia quedó comprobado, más que nunca, con la pandemia. Massa ya obtuvo el visto bueno de Alberto F., habló con Kicillof y mañana se reunirá con el vicejefe porteño Diego Santilli.
Pero las negociaciones demandarán un tiempo, estimaron encumbradas fuentes del Gobierno nacional. El inesperado ruido político que se generó entre el Presidente y Horacio Rodríguez Larreta por la cantidad de camas de las que dispone el PAMI para sus afiliados en CABA se apagó en las últimas horas porque el alcalde porteño no pisó el palito y comprendió que las palabras de Alberto F. estaban originadas en la interna oficialista, sobre la que debe hacer equilibrio.
De Facundo Castro a Santiago Maldonado
Había sido inicialmente Cristina quien potenció un tuit del ministro del Interior, Wado de Pedro, con críticas al accionar de la Policía porteña en una manifestación que recordaba a Santiago Maldonado. Ese caso, que el kirchnerismo denunció como una “desaparición forzada” en 2017 para cuestionar la política de seguridad del Gobierno macrista, lleva ahora al oficialismo a ponerse a la defensiva frente a la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro en el sur bonaerense.
Los pliegues de la interna del FdT también quedan expuestos en este caso. En una exposición ante los diputados nacionales, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, dijo que Cristina lo “llama todo el tiempo” por ese tema y ponderó al gobernador Kicillof, pero no dijo una palabra sobre el ministro Berni. A su vez, la ministra Frederic afirmó que solo responde por las fuerzas que están a su cargo. Las miradas están puestas sobre cuatro efectivos de la Policía bonaerense.
En otros lugares del país, hay reacciones distintas: en Córdoba, por caso, el fusilamiento de un chico llamado Blas Correas por parte de policías derivó en la remoción de la cúpula de la fuerza en la ciudad capital. Lo mismo sucedió en Chaco tras una feroz represión a comunidades originarias. La democratización de las fuerzas de seguridad es una tarea por demás complicada cuando cambia radicalmente el mensaje político que reciben los policías según el color del poder de turno.
En pocos meses, la Argentina pasó de la “doctrina Chocobar”, sostenida por la exministra Patricia Bullrich, a reflotar la teoría de la “sensación de inseguridad”, fomentada por los medios de acuerdo a su sucesora Frederic. Tuvieron que aclarar los tantos el jefe de Gabinete Cafiero y también Massa para que la sociedad no concluya que el Gobierno vuelve a tener la mirada del kirchnerismo en materia de seguridad, que ya le costó al peronismo varias derrotas electorales.
Reforma judicial: ¿Hacia una parálisis legislativa?
En las primeras audiencias sobre la reforma judicial que tuvieron lugar en el Senado, la oposición puso dos reparos concretos al proyecto del Poder Ejecutivo: el costo de la implementación -calculado en 4.000 millones de pesos- y la cantidad de cargos de jueces que se contempla crear, en un momento de transición hacia el sistema acusatorio, que otorga preponderancia a los fiscales. Los tiempos que impondrá Cristina al debate en comisiones están en la mira de la oposición.
Los referentes legislativos de Juntos por el Cambio no habilitarán la renovación del protocolo de sesiones remotas en la Cámara de Diputados, hasta tanto comprueben que la Vice no buscará despachar rápidamente la media sanción en el Senado. “La idea es evitar que la reforma judicial se trate en comisiones y en el recinto con el actual sistema remoto”, anticiparon fuentes de JxC. Por ende, se podría registrar una parálisis legislativa en las próximas semanas. La demora forma parte de la estrategia de la oposición ante la posibilidad de perder ambas votaciones en el Congreso.
Desde Europa, Mauricio Macri alertó que el electorado de JxC está “muy sensible” con la reforma judicial, que interpreta como la presunta consagración de la “impunidad” de Cristina, con lo cual no deben quedar dudas de que se hará todo por rechazarla. Pero Macri tiene sus propios problemas judiciales: los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron procesados en la causa que investiga un supuesto espionaje ilegal durante su administración.
Alberto F. dijo ayer que la reforma judicial busca que “el sistema no funcione a partir del gobierno de turno”. Si esa fuera realmente su intención, el pasado le juega en contra.
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