El acceso a la información y la transparencia es una de las tantas deudas que el Estado de la provincia de Buenos Aires tiene para con la sociedad.
No existe hasta el momento en la provincia de Buenos Aires norma que instrumente y garantice el derecho a la información de tipo presupuestaria y el principio de transparencia activa que debe primar en toda buena gestión.
Según el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial que elabora cada año el Cippec, la Provincia se ubica en el puesto número 10 en el ranking nacional. Este índice mide en una escala de puntajes del 0 al 10 la transparencia presupuestaria en base a dos grandes criterios: la disponibilidad y desagregación de información fiscal publicada en Internet, y el nivel de rezago con que se la publica.
Ante pedidos de nuevos endeudamientos, compras directas con pagos millonarios por adelantado de provisiones para la emergencia, como los respiradores que nunca llegaron, es urgente la sanción de una Ley que obligue a transparentar cómo gasta la Provincia.
En concreto, hoy en día, si el ciudadano accede al sitio web de la Contaduría General de la provincia, en la pestaña referida a la información presupuestaria podrá consultar los estados contables, así como el presupuesto ejecutado, hasta el mes de septiembre de 2019. Se trata en todos los casos de información atrasada y técnica, circunstancia que claramente impide que el ciudadano de a pie pueda ejercer su derecho humano a la información pública como es debido.
El contexto en el que nos encontramos demanda imperiosamente que nos ocupemos de este asunto. El reciente envío por parte del Poder Ejecutivo provincial del Proyecto de ley en el que se solicita autorización para contraer deuda por 500 millones de dólares, así como 20 millones de pesos para solventar atrasos de tesorería, ampliación para emitir letras del tesoro por hasta 8 millones de pesos, y todo ello a cubrirse con rentas generales, nos empuja a encarar el debate referido a la necesidad de dotar de transparencia presupuestaria al Estado de la Provincia.
Ante pedidos de nuevos endeudamientos, compras directas con pagos millonarios por adelantado de provisiones para la emergencia, como los respiradores que nunca llegaron, es urgente la sanción de una Ley que obligue a transparentar cómo gasta la Provincia. En especial porque estamos frente a un gobierno que no se deja controlar y que no tiene las cuentas claras.
Esto lo vemos en la intención del Gobernador de mantener como responsable de la Tesorería General (otro organismo de la Constitución) a alguien que responde a la fuerza gobernante y cuya designación "interina" no se condice con la prevista constitucional y legalmente, atentando contra los resortes, pesos y contrapesos de nuestro sistema de gobierno.
Debemos honrar los compromisos que asumió la Argentina en este sentido, como la Convención de la ONU contra la Corrupción que nuestro país está obligado a cumplir, y que en su artículo 9° impone a los Estados la adopción de medidas para la presentación oportuna sobre gastos e ingresos. La Constitución de la provincia de Buenos Aires, por su parte, garantiza en sus arts. 12° y 13° el derecho a la información y el derecho a ser oído.
En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tiene estado parlamentario un proyecto que he presentado el año que asumí como Diputada. En esta iniciativa proponemos crear el Programa "Presupuesto abierto", que obligaría al Poder Ejecutivo a publicar toda la información presupuestaria, así como la comparación del gasto por finalidad, funciones y por jurisdicción, presentando, a su vez, de forma clara y sencilla las metas físicas proyectadas o ejecutadas. Así, se garantiza el control ciudadano, es decir, se le permita conocer al bonaerense en forma actualizada y sencilla en qué se gasta el dinero aportado mediante el pago de impuestos.
Es urgente que avancemos en dar este debate. Garantizar el derecho humano a la información pública, así como el principio de transparencia, es una tarea que debemos encarar ahora para avanzar a paso firme hacia una provincia para todos que apueste al desarrollo y el control, dejando atrás la improvisación y el abandono al que nos vimos sometidos los bonaerenses desde hace décadas. Una provincia más justa, libre e igualitaria es posible, pero es tarea de todos los sectores dar los debates que nos permitan alcanzarla.
(*) Diputada provincial de la Coalición Cívica-ARI en Juntos por el Cambio –es oriunda de 9 de Julio- y presidenta de la Asamblea Nacional de la Coalición Cívica.
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