None
Desde el oficialismo cuestionan que la oposición tome un hecho policial y lo utilice para sacar réditos políticos.
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Un país atravesado por la desconfianza

Berni en la cuerda floja, la compleja investigación por espionaje y el impacto económico de la pandemia.

“Estás a nada de terminar como (Guillermo) Moreno”. Esa fue la advertencia que recibió Sergio Berni desde lo más alto de su jefatura política, donde no se ubican el gobernador Axel Kicillof ni tampoco el presidente Alberto Fernández. El mensaje le llegó clarito al ministro de Seguridad bonaerense desde el Congreso de la Nación, donde tienen despacho Cristina y Máximo Kirchner. Todos recuerdan que Moreno fue eyectado sin miramientos del último gobierno de Cristina.
Berni había quedado en medio de una controversia con la línea de comando del ministerio de Seguridad nacional y lejos de apaciguarla, siguió alimentándola en un raid televisivo. Los que conocen las viejas rencillas del kirchnerismo sostienen que en la mira de Berni no está Sabina Fréderic, la actual ministra, sino Cecilia Rodríguez, quien fue su superior también durante el segundo mandato de Cristina. Son relaciones rotas que vuelven ahora al centro de la escena.
 Más turbias aún quedaron las relaciones con dirigentes y exfuncionarios que se vieron involucrados en investigaciones judiciales. El derrotero de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de Cristina que se declaró “arrepentido” en la causa de los cuadernos así lo evidencia. Asesinado en El Calafate en circunstancias que están en plena investigación, Gutiérrez fue un hombre de confianza de Néstor Kirchner y estuvo en el equipo de secretarios de Cristina, pero lo apartaron tras una denuncia por enriquecimiento ilícito. La lista de sus propiedades era extensa. Tras el hallazgo del cadáver, el Gobierno aclaró que no era un “testigo protegido” por el ministerio de Justicia y la coalición opositora JxC pidió que el crimen sea investigado por la Justicia federal.
El hecho de que la fiscal de la causa sea Natalia Mercado, sobrina de Cristina e hija de Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, no genera certidumbre jurídica. Aunque el comunicado con el que Juntos por el Cambio calificó la muerte de Gutiérrez como “un crimen de extrema gravedad institucional” pareció escrito con la lógica de un “Caso Nisman 2”, algo que estaría lejos de verificarse en esta oportunidad. A su vez, el Gobierno piensa que se trata de un “caso policial”.
Pero las desconfianzas políticas están a la orden del día. Santiago Nieto, el secretario privado de Macri hasta el último día de su mandato, fue allanado en su domicilio por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, ahora apartado de la investigación del presunto espionaje ilegal por la Cámara Federal platense. En el procedimiento le secuestraron el teléfono celular. “Macri piensa que la ligazón con nosotros está totalmente armada”, dijo el propio Nieto.
La investigación continúa ahora en manos del juez federal Juan Pablo Auge y de la fiscal que venía instruyendo la causa, Cecilia Incardona. El apartamiento de Villena fue justificado en que, de mínima, se dejó usar por espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para darle cobertura legal a escuchas y seguimientos a políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas. Al final, llegó a desempolvar la “doctrina Irurzun” para ordenar detenciones al estilo del fallecido juez Bonadio.
En medio de las filtraciones de la causa se afirmó que los espías investigados suministraron información a periodistas y se meneó su posible detención, lo que sería manifiestamente inconstitucional, al igual que los seguimientos a los que sometieron a colegas que informaron sobre los nexos del exjefe de la AFI Gustavo Arribas con la corrupta multinacional brasileña Odebrecht. Las facturas del pasado se pagan una y otra vez en un país con rumbo circular.
El impacto económico
En forma paralela, la Argentina afronta la pandemia con dispar suerte entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país. Más allá de la cuestión sanitaria, que es preocupante en el Conurbano bonaerense –donde vienen subiendo los casos día tras día-, se encienden las alarmas por el impacto económico del coronavirus y la cuarentena, que ya ocupan el primer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos, antes que el temor al contagio y la inseguridad.
La imagen del presidente Alberto Fernández también está en baja según encuestas y por eso en la quinta de Olivos y la Casa Rosada empezaron a percibir la necesidad de que vuelva a escena “un Alberto más político”. Esto es, un Presidente que define –con criterio propio- darle una hora y media de reunión a Eduardo Duhalde, en la que habría manifestado su “hartazgo” con los desplantes de Berni y en la que, también, escuchó un consejo del expresidente para quitarle centralidad a Cristina en la toma de decisiones. 
El Gabinete económico tuvo que esperar un rato al Presidente en Olivos, mientras estaba ocupado en estos menesteres de la política. Con el ministro Martín Guzmán y Santiago Cafiero, entre otros, Alberto F. analizó los números de la recaudación, que se desbarrancaron al punto de que el IVA de mayo estuvo 30 puntos debajo de la inflación. Por eso, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, prepara junto a varios diputados una nueva moratoria que se tratará en la Cámara baja.
El Gobierno también enviará al Congreso un proyecto de ampliación presupuestaria para sostener el financiamiento de programas como el IFE y el ATP, que alumbraron en medio de la cuarentena para ayudar a vastos sectores de la población y del debilitado entramado productivo. La Cámara de Diputados tendrá este mes al menos dos sesiones mixtas –entre virtuales y presenciales- y también recibirá la visita del jefe de Gabinete Cafiero, pese al contagio de cinco legisladores.
El Senado, en tanto, no tendrá sesiones hasta después del 17 de julio, cuando concluirá la cuarentena endurecida establecida para el AMBA. La Cámara alta envió a Diputados la media sanción que dio a la creación de una comisión investigadora de la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación, pero difícilmente se trate en las próximas semanas. En cambio, Sergio Massa presentó un proyecto para aumentar las penas de prisión contra quienes destruyan silobolsas.

COMENTARIOS