El endurecimiento de la cuarentena está sellado. Capital Federal y el Conurbano van en camino a restringir el transporte y reducir un sinnúmero de actividades económicas con el objetivo declarado de aplanar la curva de contagios de coronavirus y evitar que colapse, según dicen los funcionarios, el sistema sanitario. La decisión, entre tensiones y negociaciones extensas, finalmente alumbró. No parece, con todo, lo más trascendente. Lo que realmente importa de cara al desafío autoimpuesto por las autoridades es que las nuevas restricciones se cumplan. Que la gente, con un alto nivel de hartazgo por un confinamiento que lleva 100 días, acepte que el mejor remedio para gambetear el virus es retornar sin escalas al rigor inicial de la cuarentena. Pero no sólo eso: que el Estado, en sus distintos niveles, sea capaz de controlar disposiciones claramente antipáticas para buena parte de la sociedad. Más allá de las consideraciones de tipo epidemiológicas que se sustentan en la necesidad de reducir la velocidad de los contagios, existe una realidad paralela que desafía los deseos oficiales. Al cansancio ciudadano se le suma un aspecto clave que quizás contribuya a ahondar el malhumor: no hay fecha cierta -incluso el Presidente, el Gobernador y el jefe de Gobierno porteño se abstuvieron de referirse a ese detalle-, acerca de cuándo la pandemia dará un respiro. No existe un plazo determinado para que al menos alumbre una nueva normalidad social adaptada las esquirlas de la enfermedad. De hecho, los funcionarios se cuidaron de evitar referirse al “último esfuerzo” y lo reemplazaron por la apelación a “un esfuerzo más” que, parecería, no será el último. Habrá que ver cómo reaccionará la gente frente al retorno de las restricciones. Si la promesa del nuevo esfuerzo y su recompensa vital será adoptada sin chistar como ocurrió en el arranque de la cuarentena, allá por el 20 de marzo. El otro interrogante tiene que ver con los controles sobre el no funcionamiento de actividades comerciales que languidecen en la pandemia y que ahora deberán volver a bajar sus persianas. Se trata de una puja por la supervivencia. Esa tensión quedó reflejada con cabal crudeza hace algunos días en Avellaneda, cuando un grupo de inspectores municipales que pretendían clausurar comercios que no estaban habilitados para operar por las restricciones de la pandemia, fueron virtualmente corridos del lugar. El miércoles 1° de julio empezará a develarse la incógnita de si las mayores restricciones encuentran cierto consenso ciudadano.
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