Argentina está ante una oportunidad inédita: el resultado que arroje la quiebra de Vicentin abrirá un escenario para la agroexportación en el que el Estado pueda intervenir en favor de toda la sociedad; o un escenario más concentrado y casi totalmente manejado por firmas transnacionales que verán aún más acrecentado su poder sobre toda nuestra economía.
La empresa entró en cesación de pagos en diciembre, justo antes del fin de un gobierno que la benefició no solo dictando innumerables políticas a favor de su sector, sino con préstamos injustificables otorgados por la banca pública, que pronto deberán explicar sus responsables.
Ya en febrero de este año se presentó en convocatoria de acreedores con el plan de pagar solo un tercio de la deuda contraída, reincidiendo en una vieja práctica de los grupos económicos argentinos de poner afuera del país sus ganancias extraordinarias, y dejar dentro del país sus deudas para que entre todos nos hagamos cargo.
El presidente Alberto Fernández reaccionó tempranamente y decretó una intervención por sesenta días sobre la empresa, lapso que le permitirá al Estado auditar los datos reales y velar por los intereses de los acreedores: productores individuales y cooperativizados, bancos públicos y privados, organismos recaudatorios del Estado.
El presidente Alberto Fernández reaccionó tempranamente y decretó una intervención por sesenta días sobre la empresa, lapso que le permitirá al Estado auditar los datos reales y velar por los intereses de los acreedores.
No se trata, como se pretende instalar desde el macrismo, de una expropiación por parte del Ejecutivo, sino de una intervención preventiva para el salvataje de la empresa. Si mañana se diagnosticara que la expropiación es el mejor camino para lograrlo, esta deberá pasar por el Congreso Nacional, donde Juntos por el Cambio tiene voz y voto.
En contra de esta medida hemos escuchado más cacerolas y bocinazos que argumentos. Las acusaciones de ilegalidad ya han sido respondidas por el propio presidente: tanto la Constitución Nacional como la ley de quiebras le otorgan aún más elementos que los que ha decidido usar en este salvataje. Creo que es una discusión saldada, aunque la sigan usando con mucho provecho para darle a cuerda al antiperonismo. La otra, la acusación de que se inicia así un proceso de expropiaciones, no merece ser contestada (se anexa a la pila de las que cuestionan la existencia de la pandemia y las conspirativas sobre suicidios inducidos).
Donde debemos poner el foco es sobre la utilidad estratégica de que el Estado (no el gobierno), recupere el poder de intervención sobre un mercado que incide sobre toda la economía. Y sobre todo, la posibilidad de hacerlo sin tener que cambiar las leyes vigentes ni alterar la "seguridad jurídica" mientras se renegocia la deuda heredada.
Desde el primer mes de su mandato, el expresidente Macri le otorgó al sector agroexportador cada una de las demandas de su agenda. Bajó retenciones, bajó impuestos, bajó contribuciones patronales, desreguló normas sobre dónde y cuándo liquidar las divisas obtenidas por exportaciones, no auditó la veracidad de las declaraciones juradas sobre el origen de lo exportado (que convierten al Paraguay en un milagro de la productividad), concedió préstamos de fomento a firmas que exteriorizaban sus dólares... ¡todo!, ¡a veces antes de que lo pidan!
La respuesta que obtuvo fueron maniobras cada vez más especulativas que generaron escasez de divisas, elevaron el precio del dólar, aumentaron la inflación paralizando la producción, aumentaron la informalidad, la pobreza y el desempleo,... ¡y lo echaron del gobierno!
Ese es el poder conferido al sector durante el gobierno de Macri. Un poder que les permite triangular operaciones con terceros países para subdeclarar (burlándose del Estado); que les permite retener la liquidación de lo exportado para hacer subir el dólar y vender mucho más caro que lo que compraron (burlándose de los productores agropecuarios); que les da poder de veto a todo otro proyecto nacional que no sea la exportación de commodities (burlándose de los cuarenta millones de argentinos que no serán nunca contenidos laboralmente por el proyecto agroexportador).
Al igual que lo ocurrido cuando terminamos con el robo de las AFJP, al igual que cuando recuperamos YPF para que empiece a servir a nuestra estrategia y no a la de la España en crisis, hoy estamos ante una muy buena oportunidad de recuperar algo de nuestra soberanía alimentaria y nuestro manejo del comercio exterior.
Eso es lo que se pretende cambiar desde el Frente de Todos mediante la intervención que evite que Vicentin se reparta entre sus competidores extranjeros. No se trata de la Junta Nacional de Granos, ni de las experiencias "totalitarias" con las que nos comparan los escandalizadores de siempre. Solo se trata de una empresa testigo aportando orden en un mercado que se volverá aún más estratégico en la postpandemia. De eso se trata, de algo de orden frente al escándalo del macrismo.
(*) Concejal del bloque del Frente de Todos.
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