Hace unos días leí una columna escrita por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un matutino de circulación nacional en la que se refería a la actividad del Poder Judicial en tiempos de pandemia.
Comparto sus dichos. Ahora bien, ya en el ámbito que me compete, reconozco falencias y disfuncionalidades en el quehacer cotidiano del Poder Judicial que deberán seguramente ser corregidas para optimizar su tarea y poder brindar una respuesta más rápida y eficiente a los reclamos de aquellos que acuden a la Justicia en defensa de sus derechos e intereses.
Pero también es bueno decir que durante todo este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo de la emergencia sanitaria por Covid-19 (coronavirus), los tribunales de justicia -aún con dotaciones mínimas de personal y trabajo remoto en muchos casos- siguieron funcionando y resolviendo los asuntos pendientes, sobre todo las cuestiones urgentes que no admiten demora como son, verbigracia, las causas donde hay personas privadas de la libertad, procesos de amparo o medidas cautelares relacionadas con la salud, asuntos de familia -en especial los que tienen que ver con violencia de género o doméstica- entre otros.
Así, la Cámara Penal que integro resolvió, entre el 17 de marzo y el 18 de junio del corriente año, 122 causas que llegaron en grado de apelación de distintas decisiones de los jueces de primera instancia, de las cuales 91 eran respecto de personas privadas de la libertad (pedidos de arresto domiciliario, prisiones preventivas, libertad condicional, excarcelaciones, detenciones para cumplimiento de pena, etc.), y 31 donde no estaba en juego la libertad personal pero sí otros importantes derechos.
A simple vista parece un número que, según como se mire, nada dice o puede resultar poco. Pero detrás de ello hay 122 personas de carne y hueso que tienen madre, padre, pareja, hijos/hijas, como así también las víctimas de los distintos hechos que han sido motivo de ese proceso penal, siendo en todos los casos imprescindible analizar, estudiar y pensar detenidamente cuál es la solución que resulte más ajustada a derecho, teniendo en cuenta que siempre hay dos o más posturas encontradas entre las partes que integran el proceso y que reclaman para sí que se les otorgue la razón en sus pedidos.
De ahí que nunca, o casi nunca, se deja conforme a todos con una sentencia judicial. Suelo ser bastante crítico del sistema judicial por deficiencias propias (operadores que a veces no están a la altura, prácticas o costumbres añejas que hacen disfuncional el sistema, etc.), y ajenas (un poder legislativo que no sanciona leyes que tiendan a hacer más ágiles y breves los procesos con reducción de pasos y estadios procesales, límites a los medios recursivos y mayor claridad en los preceptos para impedir interpretaciones disímiles, etc.), pero bueno es también reconocer que con sus más y sus menos la rueda siguió girando y, con las limitaciones y dificultades de público y notorio conocimiento por parte de la ciudadanía toda, se intentó brindar una respuesta a las demandas planteadas por las distintas partes que tienen legitimidad para actuar en el proceso que se trate.
Siempre se puede hacer las cosas mejor. Siempre habrá que aprender y adaptarse a los tiempos que vienen y a las dificultades de hoy. Siempre hay que trabajar.
(*) Juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín.
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