Alberto Fernández busca que comiencen a liberarse restricciones productivas que permitan recuperar la actividad económica.
Alberto Fernández busca que comiencen a liberarse restricciones productivas que permitan recuperar la actividad económica.
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Alberto Fernández y una señal favorable para alcanzar el acuerdo con los bonistas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, prorrogará por otros diez días el plazo para negociar con los acreedores.

Mientras surgen cuestionamientos a la rigidez de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires, a raíz del estrago económico que provoca el encierro de la población por más de 70 días, Alberto Fernández dio una señal favorable al acuerdo con los bonistas, en una negociación que está camino a prorrogarse por otros diez días.
Hubo, además, otro gesto presidencial que aunque no tiene relación con la negociación con los bonistas, sirvió -se cree- par a calmar al empresariado vernáculo. Alberto F. se despegó públicamente de una iniciativa que implicaba el avance del Estado sobre las empresas.
La señal no alcanza, sin embargo, para reponer la confianza entre el oficialismo y el sector privado: la multinacional Techint se dio de baja del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que cubrió hasta el 50% del salario de los trabajadores, tras la difusión de datos privados de la compañía en una filtración que se atribuyó a la Anses. Un ministro del gobernador Axel Kicillof, Augusto Costa, será el representante del Estado en el directorio de esa compañía.
El kirchnerismo mantiene en las gateras el proyecto de impuesto a las “grandes fortunas” que será implementado “por única vez”, a personas cuyos patrimonios superen los tres millones de dólares. En el Congreso, donde anida la iniciativa, la búsqueda de apoyos ya comenzó hace rato: la intención del jefe de los diputados oficialistas es que el proyecto sea votado por aquellos legisladores que responden políticamente a los gobernadores provinciales.
Para conseguirlo, la zanahoria es que la recaudación sea distribuida a través de la coparticipación federal. Pero hay otras dos vertientes que podrían beneficiar a la provincia de Buenos Aires, tal vez la más golpeada por los efectos de la pandemia: que el producto del impuesto sea repartido por un índice de densidad poblacional o de pobreza, lo cual inclinaría la balanza hacia las arcas bonaerenses dado el peso que tiene el Conurbano en ese desigual plano socioeconómico.

Bosquejan una reforma tributaria
El propio Alberto F. planteó la problemática bonaerense más expuesta que nunca en tiempos de coronavirus, en su paso reciente por Formosa. “La provincia de Buenos Aires resignó ocho puntos de la coparticipación y (el expresidente Raúl) Alfonsín determinó que ese dinero se redistribuyera entre las provincias para evitar la concentración urbana en Buenos Aires, pero eso terminó con millones de personas viviendo en el Conurbano”, analizó el primer mandatario.
En ese marco, vale recordar que tras aquel arreglo político de Alfonsín con los gobernadores, la mayoría de las provincias gastaron esa actualización de la coparticipación en acrecentar las dotaciones de empleados públicos, en lugar de utilizarla en obras.
En la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda están con el agua al cuello por la negociación de la deuda externa, pero tienen en sus planes una reforma tributaria para discutir durante la segunda mitad de 2020. El Presidente habló de modificar el impuesto a las Ganancias, para dejar de perjudicar a los asalariados, aunque la dificultad para concretarla es evidente porque ese gravamen aporta el 22 por ciento de la recaudación total. Dentro de ella, el 80 por ciento proviene de las empresas. Sin embargo, la solución más que eliminar el gravamen pasaría por elevar el mínimo no imponible.
Las desconfianzas están a la orden del día. Si el Gobierno predica la idea de multiplicar la presencia del Estado, esa actividad debe ser financiada y entonces el sector privado interpreta que los fondos volverán a salir de sus cuentas. No obstante, el oficialismo busca otras fuentes de financiamiento.
El diagnóstico de la coalición gobernante es que el coronavirus dejará a unos 160 países en recesión en todo el planeta y que muchos de ellos tendrán problemas para cumplir los pagos de sus deudas, como editorializó la revista británica The Economist. La Argentina tenía, por cierto, problemas previos a la pandemia. Y esa realidad potencia el debate entre el oficialismo y la oposición. En el Congreso se abrió una investigación sobre la presunta “fuga de capitales”.
El kirchnerismo puso la lupa sobre la salida de dólares al exterior luego de que el gobierno de Mauricio Macri acordara con el FMI y recibiera los desembolsos del organismo, entre 2018 y 2019. En el Frente de Todos denuncian que hay una correlación directa entre uno y otro hecho. En Juntos por el Cambio afirman que no hubo fuga sino lo que técnicamente se denomina “formación de activos externos”. Esto es, el derecho de personas y empresas a tener cuentas fuera del país.

La fragmentación opositora
Las investigaciones sobre el interregno macrista en el poder abarcan también a la siempre controvertida área de Inteligencia. La interventora de la AFI, Graciela Caamaño, encontró un disco duro en el que se guardaba información sobre un supuesto espionaje ilegal a decenas de funcionarios y dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición al gobierno anterior. En JxC hay resquemores políticos porque algunos de los espiados son dirigentes del radicalismo.
La oposición intenta mantener su unidad pese a que las heridas están abiertas. Aunque no tiene la capacidad de aglutinar a todas las fuerzas que se oponen al gobierno de Alberto F. Eso se vio claramente días atrás cuando JxC intentó rechazar el decreto que otorgó “superpoderes” a la Jefatura de Gabinete en el marco de la pandemia, pero los bloques minoritarios de la Cámara de Diputados le retacearon el apoyo: la mayoría de sus integrantes no participó de la sesión.
En un contexto de fragmentación, se destaca la sociedad política entre el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y la exgobernadora María Eugenia Vidal. El contacto es fluido y ambos coinciden en no ejercer una oposición obstruccionista. De hecho, Vidal envió dos mensajes por WhatsApp a Kicillof para ponerse a disposición. La única respuesta que obtuvo hasta el momento es un endurecimiento de las críticas del Gobernador a la gestión sanitaria de su antecesora.
El brote del virus COVID-19 en Villa Azul expone, no obstante, que las carencias de la Provincia exceden a una gestión. Ubicada en el límite entre Avellaneda y Quilmes, se ve a las claras que un municipio trabajó en el barrio y el otro estuvo ausente. Hace décadas que en Quilmes las cosas no funcionan como corresponde: antes que la inerte administración de Martiniano Molina, se sucedieron incontables intendentes peronistas que no estuvieron a la altura de las circunstancias.
En el interior del país, en tanto, las preocupaciones ya no están centradas en el coronavirus sino en lo que deja la pandemia: una actividad económica diezmada y graves denuncias de excesos de las fuerzas de seguridad. En San Luis investigan dos “suicidios” de personas detenidas en Santa Rosa de Conlara y Villa Mercedes; en Tucumán, intentar determinar si hubo policías involucrados en el asesinato de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en un paraje limítrofe con Catamarca.
Las restricciones a las libertades que impone la cuarentena tienen efectos colaterales. La concentración del poder no suele traer aparejadas buenas noticias para los ciudadanos, más allá de que algunas expresiones de descontento bordean el límite de la irresponsabilidad.

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