Los efectos nocivos de la pandemia estallan por aquí y por allá. La economía los siente con crudeza y los corporiza en parálisis de numerosas actividades y despidos. Esa debacle no solo impacta sobre el ámbito privado: el Estado, en sus tres niveles, padece un brusco descenso en sus ingresos que pone en jaque la prestación de servicios básicos y el pago de sueldos.
A esa emergencia que implica recortes de gastos, parálisis de programas gubernamentales y un muy complejo escenario presente y futuro se sumó la explosiva situación carcelaria. La decisión de la Justicia de liberar detenidos, en varios casos, con el argumento de evitar una marea de contagios de coronavirus en los penales, derivó en una inevitable polémica que incomodó al gobierno bonaerense.
La Provincia viene transitando en el frágil equilibrio entre la superpoblación carcelaria y la necesidad de descomprimir esa situación. Conformó la gestión de Axel Kicillof una mesa de diálogo a poco de asumir con la idea de analizar alternativas frente a un desborde evidente: hay cerca de 50 mil detenidos que se reparten entre las 30 mil plazas que tiene disponible el Servicio Penitenciario Bonaerense. A poco de andar se produjo una detonación: organismos de Derechos Humanos afines al kirchnerismo comenzaron a hablar de la liberación de unos 15 mil internos. La reacción oficial fue la de desmentir un plan de esas características.
Fue la primera sensación de escalofríos que corrió sobre el gobierno provincial en torno de la crisis carcelaria. La revivió hace algunos días cuando tras resoluciones primero de la Procuración de la Corte y luego de la Casación, se inició una rápida excarcelación de presos que hasta la semana pasada eran cerca de 1.900.
Como ocurre en estos casos, las desprolijidades saltaron rápido a la luz. La larga nómina de liberados incluye acusados por delitos graves, entre ellos, violadores y narcotraficantes. No se trata de una mera denuncia ciudadana echada a rodar al voleo: magistrados e intendentes alertaron acerca de lo que está aconteciendo.
Hay otras cuestiones que revelan las falencias del sistema de libertades asistidas. En muchos casos, los propios familiares son los garantes de que el detenido cumplirá la domiciliaria. En otros, la policía debe comprobar dos o tres veces al día que el excarcelado no se fugó.
La laxitud de estos controles fue comprobada por uno de los intendentes del Conurbano que observa con palpable inquietud el retorno a los barrios de delincuentes peligrosos. Envió patrullas municipales a los domicilios declarados por los beneficiados de la excarcelación y en tres de los veinte casos que monitoreó, los presos ya no estaban.
Otros datos llaman la atención: si bien la Justicia se expidió por otorgar beneficios a los detenidos incluidos en el grupo de riesgo por eventuales contagios, apenas el 19% de los excarcelados en el último mes estaban incluidos en ese segmento. Las decisiones de la Justicia generaron el justificado clamor ciudadano. También, la inevitable lectura política del oficialismo sobre las excarcelaciones.
Los cañones en el gobierno de Kicillof apuntan al Procurador Julio Conte Grand. Anotan un hecho que se produjo hace prácticamente un mes, en los primeros pasos de la cuarentena, cuando el Gobernador recibió un pedido de los defensores oficiales, que reportan a la Procuración, para que conmute penas de detenidos. En el Ejecutivo ven una jugada política con el sello del funcionario designado por el Senado, a propuesta de la exgobernadora María Eugenia Vidal. “El 95 por ciento de los presos tiene defensores oficiales”, acotan en la Gobernación.
La cuestión parece tener aristas un poco más complejas. Por lo menos, elementos que se cruzan de una a otra orilla. Varios de los mismos defensores oficiales que recurrieron sin éxito a Kicillof fueron los que presentaron un hábeas corpus colectivo para que sean liberados aquellos presos con riesgo de contraer coronavirus.
Ese recurso fue acogido por el tribunal de Casación a cargo de Víctor Violini, un magistrado que muestra simpatías con el kirchnerismo. A partir de esa decisión varios detenidos consiguieron seguir purgando la pena en sus domicilios.
Ahora la Suprema Corte deberá decidir sobre ese fallo polémico. El círculo vuelve a cerrarse: en la política bonaerenses, se dice que Violini, de buen diálogo con algún ministro de Kicillof, miraría con entusiasmo la vacante que existe desde hace meses en el alto Tribunal.
PANORAMA PROVINCIAL
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