En un escenario de confrontación política, todo lo que diga Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa puede caer en saco roto. El Presidente necesita de un mínimo denominador común para que la sociedad argentina vea el horizonte –exhausta como está por la inflación, la recesión y la violencia- y que los factores de poder foráneos crean que será capaz de cumplir con la palabra que va a empeñar. Pero el camino por el que transita el mandatario es por demás angosto. De un lado tiene, en sus propias filas, a la vicepresidenta Cristina Kirchner que marca los límites –a través de voceros políticos- de lo que el Gobierno puede y no puede hacer. Del otro lado, reapareció el ex presidente Mauricio Macri que –aunque todavía parezca aturdido- ya dio claras señales de su preferencia por una oposición intransigente, prácticamente en espejo con la que ejerció el kirchnerismo contra su propia administración.
La comprobación de que la historia reciente se repite se registró días atrás en la Cámara de Diputados. Allí, la retirada del interbloque de Juntos por el Cambio, en medio de un escándalo de gritos y acusaciones con la bancada del Frente de Todos, hizo pasar a un segundo plano el debate por las jubilaciones de jueces y diplomáticos; y dejó en el ambiente la sensación de que se habían roto los puentes –que eran incipientes y por ende frágiles- entre el oficialismo y la oposición.
La presencia de Daniel Scioli en el recinto fue el disparador de la controversia. El oficialismo recurrió al embajador en Brasil –que entrará en funciones el próximo martes- para llegar con lo justo al quórum de 129 diputados presentes e iniciar la sesión. Y la oposición aprovechó esa debilidad momentánea del oficialismo para que se suspendiera el encuentro legislativo. Para unos, Scioli era un “dipu-trucho”; para los otros, un leal al peronismo capaz de afrontar el escarnio público.
Pero en el fondo, la pelea no estaba motivada en Scioli sino en el imperativo oficialista de demostrarle al Poder Judicial quién tiene el sartén por el mango, con una muestra de ese poder para avanzar contra las “jubilaciones de privilegio”; y la decisión opositora de plantarse en defensa de jueces y fiscales que investigaron a exfuncionarios kirchneristas y que ahora perciben un aire revanchista, con cuestionamientos a su actuación “funcional al macrismo” entre 2015 y 2019.
Reforma judicial, el debate que viene
Un caso emblemático era el fallecido juez Claudio Bonadío y, otro, lo sigue siendo el fiscal Carlos Stornelli. Pero más allá de las personalizaciones, lo que se pondrá en debate con la “reforma judicial” que este domingo anunciará Alberto F. en el Congreso es la relación entre el poder político –ejecutivo y legislativo- y el judicial en un sentido amplio, que incluye a la Corte Suprema –a la que el Presidente cuestionó su administración económica- y a los tribunales de Comodoro Py.
En el Gobierno cayó mal que las asociaciones de magistrados hayan advertido que habrá una oleada de jubilaciones en el Poder Judicial como consecuencia de la modificación al régimen previsional del sector. Pero lo cierto es que los jueces y fiscales acudieron al Congreso en defensa propia y expusieron sus argumentos; en cambio, los embajadores y el servicio exterior brillaron por su ausencia. La bronca que hay en ese sector se expresará de manera más solapada.
El país se encuentra nuevamente ante una situación crítica en su relación con el mundo. Las negociaciones por la reestructuración de la deuda externa, que lleva adelante el ministro Martín Guzmán, parecen encaminadas respecto del Fondo Monetario Internacional, luego de que el Gobierno aceptara la instrumentación del artículo IV que implica una revisión de las cuentas nacionales por parte del organismo. Pero siguen abiertas las dudas sobre la deuda privada.
En la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda sostienen que hay fondos de inversión que colaborarán con el “plan Guzmán”, aunque en sectores financieros locales e internacionales opinan que la pretensión del Gobierno argentino de impulsar una quita de entre el 30 por ciento y el 40 por ciento, más un plazo de gracia de cuatro años para iniciar los pagos, representa demasiado sin ninguna garantía a cambio. Por eso se escuchan voces que demandan conocer el plan económico.
Alberto F. dejará eso para más adelante. La intención del Presidente es primero cerrar la renegociación de la deuda, para luego enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2020 y esbozar, recién entonces, los lineamientos de un plan económico. En ese sentido, se apunta que en abril próximo dará el primer informe el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ante el parlamento. Pero el calendario más urgente marca antes, este mismo lunes, un nuevo desembarco del FMI.
El aborto, como antídoto político
En la coalición peronista gobernante no deja de hacer ruido interno el hecho de que los emisarios del Fondo auditen las cuentas del Gobierno. En la sesión de la polémica, el diputado Leopoldo Moreau habló en lugar de Máximo Kirchner –en el discurso de cierre del bloque oficialista- y advirtió que el FdT “no romperá su contrato electoral”. Específicamente, aclaró que se refería a las tarifas de los servicios públicos. Ya se sabe que los técnicos del FMI piden descongelarlas.
Guzmán los recibirá en más de una oportunidad durante la semana en que se quedarán en Buenos Aires, confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda. Pero aunque lo necesita, el Gobierno no quiere dejar su imagen pegada a la del Fondo. La movilización que se desarrollará este domingo en las inmediaciones del Congreso apuntará a emular la épica a la que apelaba el kirchnerismo en momentos de zozobra. El anuncio del proyecto para legalizar el aborto entrará en esa foto.
Si bien la iniciativa, que esta vez impulsará directamente el Poder Ejecutivo, abre debates transversales en todas las fuerzas políticas, también va quedando claro que la plana mayor de la dirigencia oficialista está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y que, por el contrario, la mesa chica de JxC se identifica con los pañuelos celestes, cercanos a posturas de las iglesias católica y evangélica. Como está demostrado, el oficialismo determina a la oposición; y viceversa.
En términos políticos, el posicionamiento de la coalición opositora desde la reaparición del expresidente Macri condiciona al oficialismo: si Alberto F. inició su mandato con una prédica de superación de la grieta, ahora parece decidido a mutar a posiciones más firmes frente a lo que el peronismo considera endurecimiento de JxC. De otro modo, podría ser señalado como un Presidente débil por sectores del propio oficialismo.
La encrucijada no es menor para el Presidente. Cuenta con el apoyo de dirigentes moderados dentro del justicialismo, pero al menos por el momento la espalda electoral la tiene el kirchnerismo. En los asados peronistas que se sucedieron este verano, no faltaron las especulaciones sobre un futuro cuello de botella para el liderazgo de Alberto F. si no tomara las riendas de cara a las elecciones legislativas de 2021. Pero hablar de eso, en la Argentina de las urgencias, parece ciencia ficción.
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