Los fondos que representan a la mayoría de los bonistas venían exhibiendo una posición férrea en la negociación. Y la llevaron adelante hasta el final. Conocían de antemano lo costoso que resultaría tanto para el gobierno bonaerense como para el nacional que la principal provincia del país se declarara en default, esto es, la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones. Y más aún, por el no pago de unos 270 millones de dólares, una cifra que el propio mercado consideraba “ridículamente baja” como para caer en un imprevisible escenario de cesación de pagos.
Ese pronóstico de los acreedores no falló. Los ensayos de seducción que puso en escena Axel Kicillof fueron rechazados una y otra vez. Seguros de que podían plantarse con dureza hasta el Día D, uno de los fondos más poderosos fue, según afirman fuentes oficiales, el que impidió llevar adelante la idea original de postergar el pago hasta el 1° de mayo.
El desenlace de la negociación en la Provincia podría influir sobre la oferta de reestructuración de deuda que ensaya la Nación.
Aquella posición de dureza inicial en la que Kicillof planteó que la Provincia no estaba en condiciones de afrontar el vencimiento del bono y que la única alternativa viable era postergar los pagos, mutó a la cancelación total de la obligación. Y con recursos propios.
Era el escenario que preveían los bonistas, al menos cerca del 30 por ciento de ellos con poder de veto para bloquear un eventual acuerdo. Una sensación que se iba robusteciendo con el paso de los días y con el gobernador acorralado por los tiempos.
Parece, en principio, una concesión oficial amplia, una pulseada perdida frente al mercado. Sobre esa decisión operaron algunas cuestiones clave, pero a partir de ella también se prevén posibles consecuencias.
Declarar el default era una alternativa costosísima para la Provincia. Una medida de esas características hubiera afectado posiblemente hasta el acceso al financiamiento en pesos en el mercado doméstico, la única forma que hoy por hoy está disponible ante la clausura del crédito externo que se mantiene desde 2018 en la gestión de Mauricio Macri.
No es la única cuestión que estaba en danza. Una declaración de insolvencia bonaerense podría perjudicar la reestructuración de la deuda que ya está encarando la Nación y a la que pretende subirse, como lo anunció ayer el propio Kicillof.
El no pago abría la puerta a otro efecto no deseado: el denominado “cross-default”. Los tenedores de cualquier título emitido por la Provincia podían pedir la “aceleración” de su bono, esto es, el pago completo de la obligación aunque ese título se estuviera cancelando en los términos estipulados. Así, el eventual default podría haberse extendido a la totalidad de la deuda bonaerense.
Por otra parte, Kicillof debió apelar a recursos bonaerenses para hacer frente al pago ante la imposibilidad de conseguir fondos nacionales. Una ayuda de la Rosada hubiese significado que el resto de las provincias pidiera un tratamiento similar, un efecto cascada indeseado para la gestión de Alberto Fernández.
Diversos analistas consideran que, si bien la decisión de pagar el vencimiento del bono y los intereses es una medida que evitará males mayores, también implica una voz de alerta para los negociadores de la reestructuración de las obligaciones nacionales.
Algunos especialistas sostienen que el desenlace de este tironeo obligará a la Nación a redondear una propuesta medianamente atractiva para convencer a los tenedores de deuda de subirse a la renegociación que, en principio, planteará diferimientos en los pagos. Y anotan un dato central: el fondo Fidelity, el apuntado por el gobierno provincial como el que bloqueó el acuerdo, es tenedor de una abultada deuda nacional.
En la Provincia aseguraban ayer que, frente a la “intransigencia” de un grupo de acreedores, el pago de todo el vencimiento terminó siendo el mejor camino en pos del objetivo mayor: la renegociación del resto de las obligaciones bonaerenses que este año rondan los 3 mil millones de dólares.
Por eso evitaban hablar de una “concesión” de Kicillof a los bonistas. En todo caso, preferían leer el pago como el inicio de un proceso para darle “sustentabilidad” a la deuda “impagable” y “heredada”.
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