En el horizonte del gobierno bonaerense se empieza a delinear un paquete de definiciones. Algunas tienen que ver con la cuestión financiera y la pesada carga de los vencimientos de deuda que la Provincia debe afrontar en breve y que la nueva administración busca postergar. Pero también está la política, las decisiones que tienen relación con el equilibrio de poder interno en el Frente de Todos.
Sobre este último aspecto surge insoslayable el largo cónclave que mantuvieron en las últimas horas en La Plata Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Un encuentro hermético en el que se habría puesto sobre la mesa la apertura de espacios de poder para sectores del peronismo que el gobernador cedió a cuentagotas.
La primera derivación concreta sería el inminente desembarco en el Instituto de Lotería de un hombre cercano al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El alcalde ha tejido un acuerdo político con el hijo de Cristina Kirchner y ese tándem se traslada a la Legislatura donde controlan los principales resortes de poder en la Cámara de Diputados.
Omar Galdurralde, un ex director del Banco Provincia y muy ligado al jefe comunal, sería el elegido para hacerse cargo de una de las cajas más apetecibles de la Provincia. Esa llegada estuvo plagada de idas y venidas. Su destrabe se habría producido recién tras la comentada gestión de Máximo Kirchner.
Partituras diferentes
Ese acuerdo empieza a marcar de alguna forma cómo se van dividiendo las aguas en el peronismo bonaerense. Algunos jefes territoriales del PJ ya exhiben con menos pruritos sus preferencias. Varios de ellos comenzaron a tomar distancia de Insaurralde, que hasta no hace tanto tiempo surgía como cabeza de ese armado con base en los municipios.
Prefieren, como el caso de Juan Zabaleta (Hurlingham) o Mariano Cascallares (Almirante Brown), recostarse políticamente en el Gobierno nacional. Sienten el cobijo que por ahora no encuentran en la Provincia y cuyo gesto más notorio es el hecho de que uno de sus pares, Gabriel Katopodis, llegara al Ministerio de Infraestructura.
El propio Alberto Fernández los cuenta ya como parte de su armado bonaerense junto a la estructura que le suma Sergio Massa. Esta situación no implica una toma de distancia de Kicillof; sí, en cambio, un posicionamiento frente a dos gobiernos que tocan, en el aspecto vinculado a la contención política, partituras diferentes.
Esas mismas administraciones, aun con matices, buscan desentrañar el espinoso e inmediato intríngulis de la deuda. Los vencimientos por 250 millones de dólares con bonistas del exterior que operan el 26 de este mes y que Kicillof busca postergar hasta el 1° de mayo, tienen íntima relación con la negociación global que deberá encarar la Nación.
En la Provincia aseguran que la estrategia tendiente a evitar un eventual default está en sintonía con los lineamientos nacionales. “Decidimos pagar los intereses de ese bono, pero le decimos a los tenedores de esos títulos que no podemos hacer frente al capital. Igual que lo que está haciendo la Nación”, señalan. En algunas usinas de la Casa Rosada se quejan no obstante de cierta “dureza” de Kicillof al anunciar que no está en condiciones de hacer frente al vencimiento.
¿Cuestión de estilos o algo más?
Hasta el 22 la Provincia tiene plazo para lograr la adhesión del 75% de los tenedores de esos títulos a la propuesta de diferir los pagos. Si no hay acuerdo se abrirá un plazo de 10 días hábiles en los que tendrá que decidir entre pagar lo que asegura que no puede y el temido default.
Esa cuestión está atada con otra: la negociación salarial. La paritaria parece depender en buena parte de la marcha de ese diálogo con los acreedores y de que se despeje aquél horizonte complejo. De todas formas, comienza a dibujarse algún escenario un poco más certero.
Parece imperar en el equipo de Kicillof una idea de que el eventual aumento que se pacte tenga una incidencia mayor sobre aquellos trabajadores que menos ganan. Siguiendo, si se quiere, la lógica del pago del adelanto de sumas fijas como anticipo de la paritaria que la Provincia está resolviendo cómo afrontará y qué alcances tendrá.
“Los gremios ya saben que no nos pueden pedir que este año recuperemos la pérdida salarial que sufrieron en los últimos cuatro del macrismo”, afirman en la Gobernación casi como un anticipo de que no habrá que esperar mejoras rimbombantes.
Hay otra señal fuerte: la Casa Rosada no quiere que las provincias pacten cláusulas de ajuste salariales por inflación. Kicillof, dependiente de la Nación para lograr ayuda financiera, no estaría dispuesto a contradecir ese deseo.
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