Axel Kicillof, efusivamente saludado en Mar del Plata, logró la ley impositiva, aunque la oposición impuso fuertes recortes a los ingresos.
Axel Kicillof, efusivamente saludado en Mar del Plata, logró la ley impositiva, aunque la oposición impuso fuertes recortes a los ingresos.
PANORAMA PROVINCIAL

Kicillof sorteó un costoso desafío y ahora le llega el turno de convencer a los acreedores

El primero de los desafíos fuertes del verano está cumplido para Axel Kicillof. No en los términos en los que hubiera querido, porque para obtener el pase en la Legislatura de la ley impositiva debió ceder por encima de las cuentas que había sacado el Gobierno. Pero para el mandatario, esa herramienta era y es crucial, no sólo porque le permite asegurar los ingresos propios de la Provincia: también, porque implica una señal fuerte de cara al nuevo reto que se le presenta y que tiene que ver con la renegociación de la deuda que ya están encarando sus funcionarios.
De los 30 mil millones de pesos extra que había proyectado recaudar la Provincia con el ajuste del Inmobiliario Urbano y Rural y los retoques a las alícuotas de distintas actividades que gravan Ingresos Brutos, el gobierno de Kicillof deberá restarle unos 7.500 millones de pesos, que es la parte que Juntos por el Cambio le redujo a través de la baja del impacto del aumento tributario. La oposición le mochó, en definitiva, el 25 por ciento de la proyección original.
El desenlace de esa negociación parece haber sido una cuestión de mutua conveniencia. Kicillof obtuvo la ley y mantuvo el perfil ideológico de su disputa con la oposición al sostener el incremento del 75 por ciento sobre las propiedades de más alta valuación fiscal, subido al discurso de la “progresividad” impositiva para cargar el peso “sobre los que más tienen”. Juntos por el Cambio le mostró los dientes y lo obligó a ceder en sintonía con las necesidades de la nueva gestión.
Ese final con equilibrio abre el paso ahora a lo que surge como una nueva etapa del Gobierno: la renegociación de la deuda que vence este mes. De los 571 millones de dólares que la Provincia debe hacer frente, unos 270 millones corresponden a bonos emitidos que están en poder de un puñado de fondos de inversión. El resto, obligaciones asumidas con el Anses.
Ambas negociaciones estarían encaminadas. Para gambetear el default, Kicillof busca estirar los plazos de vencimientos y, a la vez, a una baja de los intereses que devengan esos títulos. El 19 es la fecha límite para el acuerdo con los fondos de inversión; el 26, para cerrar el estiramiento de los plazos con el Fondo de Sustentabilidad de Anses.

Deuda, recursos y salarios
En forma paralela, la Provincia avanza en otro frente para hacerse de recursos frescos. Ya en diciembre emitió Letras del Tesoro por unos 5 mil millones de pesos, buena parte de ellos aportados por intendentes del peronismo que muestran superávit en sus cuentas. Varios de esos alcaldes aguardan, aún, que el gobierno bonaerense los recompense con algunos espacios de poder en expectantes segundas líneas. Mientras, profundizan los puentes políticos con el Presidente y comienzan a dar forma al “albertismo” en territorio bonaerense.
En aquél esquema de toma de fondos, bancos y aseguradoras serían parte del engranaje por el cual la semana próxima habrá una nueva salida al mercado doméstico para hacerse de otros 10 mil millones de pesos.
Pero la etapa fuerte de la negociación por la deuda llegará después de enero, porque la Provincia deberá poner en juego la parte del león de los vencimientos de 2020 que suman nada menos que 2.200 millones de pesos.
Puede que lo que resta del mes aporte algún que otro dato sobre el perfil de otra negociación trascendente para la Provincia: la que tiene que ver con la paritaria de docentes y estatales. Esa conversación empieza a ganar temperatura con el planteo de algunos gremios que pretenden que se ponga en juego la recuperación salarial del año pasado. Algunos sindicatos estiman que rozó el 34 por ciento y pretenden al menos mitigar ese derrape porque olfatean un escenario difícil para 2020.
No se trata de una presunción antojadiza: el Gobierno nacional comenzó a dar señales de que pretenden que haya negociaciones “mesuradas”, un término que parece excluir la posibilidad de que se aplique la cláusula de ajuste automático por inflación como la que consiguieron los docentes bonaerenses el año pasado.
Es altamente probable que Kicillof se acople a los deseos de la Nación. De hecho, trabaja en el pago del adelanto de 4 mil pesos en base al mismo esquema que aplicaría la Casa Rosada. Nada indica que la Provincia, que aún tiene pendiente una negociación con el presidente Alberto Fernández por la asistencia financiera que recibirá de acá a fin de año, vaya a adoptar una política salarial desvinculada a los criterios del Gobierno central. Tampoco lo puede hacer, además, por las limitaciones de su presupuesto.

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