A las apuradas, sin mirar a los costados y contradiciendo la vocación presidencial de búsqueda de consensos, el Gobierno empezó a construir la plataforma sobre la cual buscará asentarse el próximo año. Y lo hizo con el aval de un sector de la oposición, que apoyó la ley de múltiples emergencias en tiempo récord. Las facultades delegadas al Poder Ejecutivo serán a partir de ahora un sinónimo del fortalecimiento de la caja del Estado.
En la lógica de Alberto F., que se remite a la de Néstor Kirchner, el poder político reside en la posibilidad de manejar recursos. Esa alternativa, clausurada por imperio de la crisis económica y los errores políticos de Macri, acaba de ser recompuesta con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Una herramienta que, en los hechos, intenta reemplazar los desembolsos del FMI como proveedor de ingresos por un aumento de la carga impositiva sobre los privados.
También descarga el ajuste sobre una amplia porción de los jubilados, ya que la suspensión de la movilidad por 180 días significará una transferencia fiscal de proporciones, considerando que el sistema previsional y de ayuda social insumen nada menos que el 60 por ciento del Presupuesto argentino. Pero hay otras variables a tener en cuenta: el congelamiento de las tarifas y del precio de los medicamentos supone un respiro para sectores que sufrieron el desplome de sus ingresos.
En la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda explican que, si el nuevo cuadro económico permite el descenso paulatino de la inflación, entonces el paquete de emergencia no será visto como un mero ajuste –que castiga a la clase media, a la alta y a la exportación agraria-, sino como el punto de partida de un nuevo rumbo para el país. Destacan, en la misma línea, que el ministro Martín Guzmán desaconsejó la emisión monetaria y que eso es una buena noticia para la Argentina.
La posta opositora
Con Macri corrido de escena –viajó a Qatar para ver la final del Mundial de Clubes-, en el PRO tomó la posta Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde porteño tuvo conversaciones con los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio en las que dejó en claro su voluntad de colaborar con Alberto F. en su etapa inaugural. También mantuvo encuentros reservados con dirigentes de primer nivel del oficialismo, en algún caso acompañado por María Eugenia Vidal, para abordar la problemática bonaerense. La buena sintonía política se tradujo en varios gestos en el Congreso.
La macrista Carmen Polledo le facilitó a Massa el tramo final de una sesión maratónica, cuando los diputados se quedaban dormidos en sus bancas. El ex titular del PRO Humberto Schiavoni acordó con el jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, el inicio de una sesión que estuvo a punto de resultar fallida. Lo hizo a pesar de que un sector de Juntos por el Cambio –con Martín Lousteau al frente- ensayó un conato interno.
En el radicalismo, el más cercano a Alberto F. resultó ser Gerardo Morales. El gobernador de Jujuy estuvo en la Casa Rosada y firmó con gusto la suspensión del Pacto Fiscal de 2017 –lo que le permitirá a las Provincias no seguir perdiendo recaudación por Ingresos Brutos y Sellos-, a cambio de apoyo para que el Congreso sesionara con la ley de emergencia. Por eso no vaciló en criticar a los propios diputados de Juntos por el Cambio que amenazaban con no dar quórum para boicotear el paquete.
Del otro lado se pararon Mario Negri, el radical cordobés que sigue al frente del interbloque de diputados; Elisa Carrió –que reapareció en escena con un perfil de oposición a ultranza- y Patricia Bullrich, a quien Macri ungió para presidir el PRO pero que, pese a las duras declaraciones, quedó relegada por la muñeca política de Larreta. Las diferencias quedaron menos expuestas porque el peronismo cometió, en su avanzada parlamentaria, un grosero “error” político.
La exclusión de las jubilaciones de privilegio en el congelamiento de la movilidad previsional lleva, en sí misma, una carga simbólica muy negativa para el oficialismo: el mensaje que deja es que la clase política no está dispuesta a resignar ingresos –muy superiores al promedio de la sociedad-, aun cuando el país atraviesa por una “emergencia”. Ex presidentes, ministros, legisladores, embajadores, jueces y fiscales quedan en la lista de los argentinos “intocables”.
Daño colateral
Pero el Gobierno solo puso en la mira a los jueces y al cuerpo diplomático. El propio Alberto F. debió intervenir para frenar el escándalo y ayer amplió las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero de 2020 para incluir en el temario una corrección al artículo 56 de la ley de emergencia, que no sólo beneficiaba a los jubilados de privilegio.
En el Gobierno, y también en el oficialismo parlamentario, explicaron que el artículo de la polémica fue pensado para que los jueces no frenen la ley de emergencia, a la que algunos especialistas consideran inconstitucional en varios capítulos, empezando por el previsional.
En el debate legislativo también quedó en claro que el peronismo sigue una línea de beneficio a la minería y a las petroleras, a las que se bajaron las retenciones al 8%, contra el 30% que fijó para las exportaciones de la soja. El oficialismo también sugirió que tiene en la mira los bienes de los argentinos en el exterior: el senador kirchnerista Oscar Parrilli dijo en plena sesión que sólo “37.000 argentinos tienen 72.000 millones de dólares” en cuentas y bienes fuera del país. Parrilli, mano derecha de Cristina en el Instituto Patria, agregó sin ingenuidad: “No sé cuántos periodistas, cuántos empresarios, estarán en esa lista”. El manejo de la información tributaria suele ser un factor de poder en la Argentina.
COMENTARIOS