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El sistema educativo sigue manifestando signos de deterioro y desigualdad que se agudizaron con las políticas puestas en marcha por el actual gobierno.
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La Educación por venir, balance y prospectiva

Sin caer en la trampa de las herencias, pero tratando de evitar un futurismo a ciegas, resulta de suma importancia en la coyuntura electoral plantear las políticas educativas por venir, enlazadas con lo que aconteció en la materia durante las últimas décadas. En principio aclarar que las políticas educativas sólo harán sentir sus efectos (democratizadores, igualadores) en el ámbito social, si van acompañadas de políticas sociales y económicas acordes, dentro de un proyecto totalizador democrático e igualador que las contenga y les dé sentido.  
Hecha esta aclaración, pasemos ahora a repasar lo que viene aconteciendo desde que asumió el actual gobierno. La reducción de la inversión en educación, la sub-ejecución de las partidas, la “descentralización” de programas nacionales acompañada de una reducción del 60% del presupuesto educativo destinado a las provincias para su concreción, la eliminación de becas de ayuda económica y aliento al estudio, la suspensión de la paritaria nacional docente, entre otras políticas de Estado, hicieron sentir sus efectos en la realidad cotidiana de las escuelas. 
La reducción salarial de las y los trabajadores de la educación, la desigualdad creciente entre las retribuciones salariales de las distintas jurisdicciones, el deterioro de los edificios escolares, la suspensión de las construcciones que estaban en marcha, la escasez de recursos para la enseñanza (entre ellos los tecnológicos), la creciente tasa de abandono o dificultad que se manifiesta en los estudiantes para continuar sus carreras, la alimentación de dudosa calidad que reciben o la falta de ella en muchas escuelas, son sólo algunos de los efectos de las políticas de “ajuste” puestas en marcha. Pero eso no es todo. Conviviendo con el deterioro material, las políticas, las prácticas y los discursos vigentes tienen incidencia en el plano simbólico. 
El clima de empobrecimiento que se generó en la educación pública se agudiza con la permanente desvalorización a la que son sometidos los docentes y su trabajo, las escuelas y los estudiantes que a ellas acuden. No sólo se habló de “caer” en la escuela pública o de la “inutilidad” de las universidades en las zonas más vulnerables, sino que se amenazó con suplantar a los maestros y profesores (sobre todo los que estaban en situación de lucha) por tutores o agentes de la comunidad, sin ahorrar prácticas represivas para con las manifestaciones de protesta y resistencia que se sucedían a raíz de las políticas implementadas.
 A la par, el sistema educativo se evaluaba y los resultados que esas arbitrarias pruebas arrojaban eran utilizados como un elemento más para culpabilizar a los educadores por el “fracaso” en el aprendizaje de alumnos y estudiantes. El impulso por armar un ranking de instituciones y “entregar” a las familias los resultados de cada escuela, como si se tratara de una competencia entre ganadores y perdedores o mejores y peores, puso en evidencia la trampa de la meritocracia y la responsabilización individual con la que se pretende ocultar el deterioro y la injusticia social del todo agudizadas. Fueron esas mismas políticas, prácticas y discursos los que sostuvieron y legitimaron otras que intentaron cerrar los institutos de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires y empeñar la formación permanente a dudosas agencias internacionales que, a muy alto costo, prometieron gestiones y liderazgos eficaces o cerebros y emociones alistadas para enseñar y aprender. Las políticas universitarias y ni qué hablar de las desarrolladas en el sector científico-tecnológico, no quedaron al margen del achicamiento y la desvalorización que impregnaron al conjunto de las políticas educativas y todas aquellas vinculadas con el “bien común”.

Un nuevo horizonte
Luego de este desencantador panorama y apostando a un nuevo proyecto político que está por venir, caben algunas precisiones que en materia educativa hay que contemplar no sólo para revertir el estado de situación actual, sino para avanzar sobre lo hecho. Empecemos por destacar aquello con lo que ya contamos. En primer lugar, disponemos de un sistema legal sólido y consistente, producido bajo el primer gobierno kirchnerista (2003-2007), que sienta las bases para impulsar un proyecto educativo democrático e inclusivo que conjuga dos principios fundamentales: calidad y justicia social. Que extiende la educación obligatoria, que regula la formación inicial y permanente de los docentes, a través de INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente), así como la educación técnica mediante el INET (Instituto Nacional de Educación Técnica). Que contempla la educación sexual integral, el progresivo incremento de la inversión educativa y la paritaria nacional. 
En segundo lugar, las políticas educativas desarrolladas durante los años siguientes del mismo gobierno (2008-2015) tendieron a efectivizar los postulados de la educación y la formación como derechos, impulsando Programas educativos universales y asumiendo la centralidad del Estado como garante, rector e impulsor de las políticas nacionales en el marco de acuerdos y definiciones federales (a través del Consejo Federal de Educación). La provisión de recursos pedagógicos variados y de excelente calidad para todos y todas, tales como la entrega de computadoras (Conectar Igualdad), la atención privilegiada que merecieron las escuelas más necesitadas (Programas de Políticas Socio-educativas), el desarrollo de actividades artísticas a través de la expansión del Programa de Orquestas infantiles y juveniles, los Programas de becas y estímulo al seguimiento o culminación de los estudios (Progresar), así como los que se ocuparon de la infraestructura escolar, entre otros, confluyeron en el proyecto político-educativo que caracterizó a esta etapa de gobierno.
En el área específica de la formación docente se han impulsado un conjunto de políticas, tales como la transformación de los planes de estudio de la formación inicial y se regularon las condiciones institucionales para su desarrollo. En el caso de la formación docente continua, se implementó un Programa Nacional de Formación Permanente (PNFP) de carácter universal que apostó a vincularse con la carrera docente, la evaluación institucional y el fortalecimiento de las escuelas. Asimismo, numerosos postítulos virtuales como modalidades focalizadas y especializadas, completaron una oferta de formación que se destinó a todas y todos los docentes. 
A pesar de los esfuerzos realizados, nuestro sistema educativo sigue manifestando signos de deterioro y desigualdad que se agudizaron con las políticas puestas en marcha por el actual gobierno, como se detalló al inicio. Por lo tanto, y avanzando prospectivamente, en una nueva etapa de gobierno nacional y popular, se requiere profundizar en el logro efectivo y universal de la calidad educativa mediante un abanico de políticas que aseguren:
-El cumplimiento de las leyes existentes que en sí mismas representan un programa de gobierno (sólo queda por actualizar la Ley de Educación Superior).
-La continuidad y el sostenimiento genuino de los Programas educativos universales, a desarrollarse en las distintas provincias.
-Condiciones edilicias y recursos pedagógicos propicios para enseñar y aprender.
-La puesta en valor de los docentes y su trabajo, asegurando mejores condiciones materiales, pero también resaltando y haciendo pública su contribución para la construcción de una sociedad más justa. 
-Apoyo pedagógico a TODAS las instituciones educativas de TODOS los niveles y modalidades, impulsando acciones situadas de acompañamiento pedagógico a sus docentes. La universalización de políticas pedagógicas focalizadas en esta dirección constituye, a mi juicio, una de las más relevantes a implementar en pos de avanzar en el mejoramiento de la calidad educativa en su conjunto. La tarea mancomunada entre las instituciones de formación (institutos superiores y universidades) y las escuelas representa una oportunidad para concretarla.
Las mencionadas intentan ser sólo un aporte en la definición y concreción de las políticas educativas por venir, considerando los avances y retrocesos que han ocasionado las políticas llevadas a cabo por los gobiernos más recientes. Sólo es cuestión de empezar o, mejor, de seguir avanzando a partir de lo que aún permanece.


(*) Doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Autora del libro "Los Artesanos de la Enseñanza".

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