Hace poco más de 4 años fallecía el economista norteamericano Gary Becker, premio Nobel 1992. Y hace 50 nos dejaba una contribución más que preciada a los criminólogos, su obra “Crime and Punishment, an Economic Approach” (Crimen y castigo, un enfoque económico), de 1968.
Rara vez hasta esa fecha alguien de profesión economista se introdujera en la cuestión criminal. Desde principios del Siglo XX, sociólogos y psiquiatras se disputaban las causas del delito. Para mitad del siglo XX ya vendrían los primeros departamentos de Criminología en las universidades americanas, apoyando la multicausalidad teórica del delito.
Becker, en la tumultuosa sociedad de Estados Unidos de los ‘60 y ‘70, no se sentaría pasivo a ver cómo el crimen aumentaba mientras sus estudiosos solo lo relataban. Por ello era reconocido como el economista social, el de las cosas palpables.
Hasta allí, el crimen era entendido y estudiado con preeminencia de causas sociales y culturales. Claro, estos estudios de la raíz de los problemas llevaban a eternas discusiones sin ningún resultado eficaz para la lucha contra el flagelo de la inseguridad. Algo que medio siglo después se repite en nuestro país.
Depende del ‘precio’ que el Estado le fija. Por ello, existen lugares pobres con bajo crimen, ricos con alto y viceversa.
Lo que Becker introdujo, y que luego fuera tomado por diversos criminólogos y que finalmente produjera en los ‘90 los planes policiales llamados aquí de “tolerancia cero” con el crimen, fue la noción de que el comportamiento no es inevitablemente producto de las condiciones sociales, sino también de las decisiones individuales del individuo condicionadas por las consecuencias de sus actos.
El “precio” de delinquir. Cuando el delincuente sabe que delinquir tiene un precio alto, es decir, que cuesta cometer el delito porque existe una eficaz prevención policial, o que luego de cometido el crimen las investigaciones son eficientes y la Justicia penal es implacable y aplica muchos años de cárcel, buscará sin dudas otros medios de vida, los que, por supuesto, deben estar disponibles.
Si, por el contrario, el precio del crimen es bajo, como en nuestro país, porque la prevención policial es altamente ineficaz (9 de cada 10 delitos que se denuncian -1/3 de los cometidos- son con autores ignorados y son inevitablemente enviados a archivo por la justicia) y porque la investigación del delito está plagada de carencias y la Justicia penal no condena a nadie (1 de cada 100) y cuando lo hace es a penas ilusorias o extremadamente bajas, por ejemplo el reciente caso del motochorro colombiano puesto en “probation” pagando 700 pesos de resarcimiento a la victima, muestra cabalmente esto. Ambos factores, sumado a que el empleador más accesible para mucha gente es el narcotráfico, los resultados están a la vista.
El crimen, aunque la tribuna piense lo contrario, es una alternativa racional del individuo. Depende del “precio” que el Estado le fija. Por ello, existen lugares pobres con bajo crimen, ricos con alto y viceversa.
En síntesis, los estudios de Becker llevaron a las autoridades norteamericanas a proponer programas de metas de mediano plazo para elevar, por ejemplo, la calidad educativa del ciudadano para que contara con más y mejores posibilidades laborales; pero, a la vez, a diseñar, por parte de las fuerzas de seguridad, duros planes de prevención y represión del delito, para que quien eligiera el “camino fácil” pudiera terminar en la cárcel rápidamente y por largo plazo, según la ofensa cometida.
Argentina, es hora de elevarle el “precio” al crimen.
(*) Abogado. Dr. en Ciencias Penales. Ex Fiscal de San Isidro. Miembro de Usina de Justicia
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