El Gobierno termina el año abrumado por inquietantes desafíos a su autoridad política e institucional. Desde la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Congreso y por sectores de las propias fuerzas aliadas en Cambiemos, las señales contrarias a lo que se decide en la mesa chica de la Casa Rosada se multiplicaron en los últimos días. Y propagaron la idea de que el presidente Mauricio Macri tiene ahora un margen de maniobra más acotado entre los grupos de poder.
El propio Macri y sus colaboradores más cercanos lo percibieron claramente –y lo comentaron en discretas reuniones- antes de que el Presidente emprendiera un par de semanas de vacaciones en el paraíso natural de Villa La Angostura, en la Patagonia cordillerana. La conclusión de ese análisis oficioso podría sintetizarse así: el daño al Gobierno no lo provocó este diciembre la violencia callejera, como ocurrió en 2017, sino las intrigas políticas gestadas en las alfombras palaciegas.
El conato más significativo tuvo lugar en la Corte. Allí, la administración macrista sufrió un duro revés con el fallo favorable a un jubilado que había denunciado la inconstitucionalidad del cambio de la fórmula previsional. Esto es, de la cuenta que se hizo para pagarle sus haberes. Ahora la ANSES deberá readecuar el presupuesto para afrontar otras sentencias que vendrán. Pero lo que en verdad perdió el Gobierno es la sintonía con la mayoría de los magistrados del alto tribunal.
En especial, con Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, quienes firmaron el fallo mayoritario, mientras que Elena Highton de Nolasco interpuso un pronunciamiento propio en el mismo sentido y solamente el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votó como pretendía el Gobierno. El aislamiento del titular del cuerpo no es una buena noticia para la Casa Rosada, que por lo visto no acertó con su estrategia de bajar a Lorenzetti de la cumbre del Poder Judicial.
La rebelión entre los jueces supremos llegó al punto de que le quitaron a Rosenkrantz la facultad de realizar contrataciones, que antes tenía Lorenzetti y para la cual se requerirá, de ahora en más, de la firma de al menos tres integrantes de la Corte. En sectores del oficialismo advierten que, en rigor, se formó una mayoría peronista en el Tribunal, agrupada por experimentados operadores políticos que ya están abonando el terreno para la extensa carrera electoral del año próximo.
Entre la Corte y el Congreso
Las especulaciones en ese campo están a la orden del día. Y no faltan los que piensan que el peronismo federal está ejerciendo alguna influencia tanto en la Corte como en los tribunales de Comodoro Py. Pero los resbalones del oficialismo no se limitan a los estrados judiciales.
También en el Congreso dio esta semana una muestra de improvisación política cuando no logró imponer su criterio en la Cámara de Diputados y se trabó la aprobación de la ley contra las barras bravas.
En la bancada de Cambiemos admitieron que a la diputada radical Gabriela Burgos “le quedó grande” el rol de miembro informante, y llevó a la oposición a reclamar modificaciones en el articulado de la norma –por caso, que el que compra una entrada trucha no tenga la misma pena que el que la vende-, lo cual llevó a un grotesco intento por reescribir el texto en pleno recinto hasta que Martín Lousteau pidió, con criterio, que fuera girado a nuevamente a comisión.
La falta de un empalme congruente con el Código Penal torna meramente marketinera a la acusación esgrimida desde Cambiemos, que buscó emparentar a la oposición con el accionar de las barras, pasando por alto que actuales funcionarios han sido miembros de comisiones directivas de clubes.
En la Cámara de Diputados también concluye el año con una rareza institucional, de saldo negativo para el Gobierno: el presidente del cuerpo, Emilio Monzó, confirmó que una vez que termine su mandato, en diciembre de 2019, abandonará Cambiemos. La dificultad del presidente Macri para mantener alineados a dirigentes importantes se evidencia además en el caso de otra diputada, Elisa Carrió, quien en la última sesión llegó a pedir la interpelación del canciller Jorge Faurie.
Pero después de varias semanas de furia, Carrió podría reunirse en los próximos días con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como paso previo y necesario antes de reencontrarse con el presidente Macri. “En enero se va a ver con todos”, deslizó ayer uno de sus más cercanos colaboradores. Pero en la lista de “todos” no incluyó a Macri, sino a la gobernadora María Eugenia Vidal, a su jefe de Gabinete Federico Salvai, al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y a Mario Quintana.
Ruido interno en Cambiemos
El ex vicejefe de Gabinete, que pagó los platos rotos del Gobierno tras la última corrida del dólar, sigue siendo uno de los interlocutores de Carrió, sobre todo cuando la jefa de la Coalición Cívica toma distancia de la Casa Rosada. Pero Macri no tiene problemas solamente con los “lilitos”, sino también con los radicales: un sector de esa fuerza que integra Cambiemos está cada vez más crítico y podría arrastrar en sus cuestionamientos a decenas de convencionales partidarios.
De hecho, no pasó inadvertida la adhesión del presidente de ese organismo radical, el cordobés Jorge Sappia, a un acto que protagonizaron Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Margarita Stolbizer.
La UCR tiene además que desactivar la bomba política que explotó en manos del senador Juan Carlos Marino, quien fue acusado de abuso sexual por una empleada legislativa. No suma a Cambiemos que los radicales sospechen de una jugada interna del PRO en La Pampa.
En el Senado radica, justamente, otro de los enclaves institucionales donde el Gobierno no consigue hacer pie. A tal punto, que no reunió voluntades para tratar la ley de financiamiento de los partidos políticos –que puso en la lista de sesiones extraordinarias el presidente Macri-, ni tampoco puede evitar el fracaso en su intento por hacerle quitar los fueros parlamentarios a Cristina Kirchner.
En la Cámara alta se sigue imponiendo el criterio del PJ –tanto federal como kirchnerista- que requiere de una condena firme antes privar a los senadores de la inmunidad de arresto. Uno de los defensores de esa doctrina, Miguel Pichetto, dijo ayer que se considera agotada esa instancia en la Cámara de Casación. Justamente a ese tribunal recurrirá la defensa de Cristina para apelar el procesamiento que le fue confirmado por la Cámara Federal en la causa de los cuadernos.
Pero para que haya una condena, pasarán al menos otros dos o tres años. Por eso se cree que antes llegaría una resolución en la causa Hotesur, en la que la ex presidenta comparte la imputación con sus hijos Máximo y Florencia. En un mensaje cifrado, Pichetto afirmó que Cristina no debería ser candidata en 2019. ¿Lo dijo sólo a raíz de la áspera interna del peronismo? ¿O advirtió de esa manera que el país zozobraría si fuera condenada aun siendo presidenta?
Con todo, el de Cristina podría ser el menor de todos los problemas que se le acumularon al Gobierno este año y que se proyectan en forma de limitación política de cara al vital 2019.
COMENTARIOS