La aprobación del reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad constituye un nuevo retroceso en materia de control estatal del uso de armas de fuego, que tendrá poca aplicabilidad.
En primer lugar, la resolución, en cuanto a su redacción, merece una dura crítica. De hecho el juez porteño Roberto Gallardo en su dictado de la medida cautelar que lo declara inaplicable e inconstitucional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se refiere diciendo: ¨Deficiente técnica normativa empleada en el dictado de la resolución, lo que representa una reacción estatal espasmódica, chapucera y demagógica¨.
En segundo lugar, es innecesario porque la doctrina de las Naciones Unidas sobre el uso progresivo y excepcional de la fuerza pública marca claramente los límites a ese uso y, de esas limitaciones no se han derivado problemas de seguridad algunos. Agrego que esta resolución viola esos principios.
En tercer lugar, es peligroso porque se basa en la mentira. La ministra Bullrich afirmó que ¨el 99% de las personas que mueren por armas de fuego en nuestro país lo hacen en manos de un delincuente¨. Las estadísticas del ministerio de Salud de la Nacion demuestran que el 44% de las muertes por armas de fuego responden a agresiones, mientras que el resto se debe a suicidios, accidentes u otro tipo de intención. Si, además, nos centramos en las muertes que son producto de agresiones, el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia nos muestra que el 52% de esos homicidios cometidos con armas de fuego se deben a discusiones, riñas o conflictos intrafamiliares, mientras que el 10% se produjo en ocasión de robo.
En conclusion, si quien debe diseñar las políticas públicas en materia de seguridad tiene un diagnóstico equivocado, producto de la mentira, nos conducirá a políticas erradas, ineficaces y con peligrosas concecuencias que lamentablemente se miden en vidas humanas.
Por último, celebro que la gobernadora María Eugenia Vidal decidiera no aplicarlo en su jurisdicción. Habilitar el gatillo fácil en la Policía Bonaerense podría derivar en un escenario imprevisible. No necesitamos una policía más violenta, sino más inteligente y mejor preparada y equipada.
Si la bala se convierte en el plan de seguridad no solo habrá un problema de derechos humanos sino también se generará un aparato reproductivo de derramamiento de sangre que deteriorará aún más el tejido social.
(*) Concejal de Compromiso por Junín.
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