Elisa Carrió puso esta semana en debate un asunto fundamental para Cambiemos. Lo hizo con su habitual estridencia, pero también con su reconocida astucia política. Y le recordó a la coalición gobernante que la lucha contra la corrupción es un mandato que le dieron sus votantes en 2015 y que ratificaron en 2017. De paso, sacó a la oposición de la escena principal, en momentos en que la economía le da razones de sobra para avanzar contra el Gobierno de Mauricio Macri.
Carrió no lo va a decir, pero su posicionamiento podría resumirse así: si Cambiemos ya defraudó a su electorado en términos económicos, sería realmente suicida que también lo haga con su plataforma política. Claro que la diputada mueve sus fichas internas atacando a sectores que no comulgan con su predicamento de transparencia y que, a su pesar, tienen
influencia en el entorno presidencial. Pero “Lilita” está lejos de ser el “Chacho” Alvarez de la Alianza de 2001.
Básicamente, porque la experiencia del líder del Frepaso dejó –además de frustración política- una enseñanza para la dirigencia nacional: nadie sobrevive a un fracaso gubernamental si estuvo involucrado centralmente en su gestación y despertó grandes expectativas en la sociedad. Por ende y aunque parezca que Carrió juega con fuego, lo que realmente está haciendo es tratar de enderezar el rumbo de la nave, que considera extraviado y carente de determinación política.
Por eso eligió al ministro de Justicia, Germán Garavano, para poner el debate sobre la mesa. El funcionario –que fue juez y antes fiscal- actúa y declara con la corrección política de los juristas. Sus argumentos nunca se apartan de la letra de los códigos. Desde un punto de vista institucional, esa actitud puede parecer correcta, pero en el plano político lo asemeja a un comentarista de fallos y resoluciones judiciales, cuando en realidad es un ministro del Poder Ejecutivo Nacional.
En la discusión política, el timing es fundamental. Y a Garavano se le ocurrió opinar que daña a la imagen de un país que sus ex presidentes sean condenados, justo un día antes de que la Cámara Federal de Casación Penal decidiera la absolución de Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas, pero no porque lo considere inocente, sino a raíz de que pasaron 23 años del hecho y cayó el plazo razonable para el juzgamiento del ex presidente y actual senador nacional por La Rioja.
Claro que la letra fría de la ley que aplican los magistrados puede chocarse de frente con el sentido común. Ni hablar cuando fue la propia Justicia –en sus diferentes instancias- la que dilató la resolución del caso Menem, con una dinámica que en definitiva consagra la impunidad. El veterano legislador ya había sido condenado en primera y segunda instancia, pese a lo cual siguió siendo senador debido a que la postura histórica del PJ allí reclama una sentencia definitiva.
Habría que recordar, en este punto, que María Julia Alsogaray nunca fue beneficiada por una prescripción pese a que los procesos que enfrentó también duraron décadas. Tampoco parece que vaya a tener ese beneficio Amado Boudou, pero la gran pregunta que se hace ahora la dirigencia es si Cristina Kirchner puede seguir el mismo camino de Menem. Esto es, afrontar durante años los procesos judiciales en su contra y no ir a prisión por la protección de los fueros parlamentarios.
El dedo en la llaga
En esa llaga político-institucional es justamente donde pone el dedo Carrió. Y lo remueve a sabiendas de que su propia base electoral reclama la detención de la ex presidenta. Los votantes del PRO están en la misma sintonía y también lo estarían los principales dirigentes de esa fuerza si no fuera por una razón práctica: Cristina Kirchner les sirve como contrafigura, pero no como una víctima política. Por consecuencia, no promoverán su exclusión de la carrera electoral 2019.
Los cuadernos
Existe otro elemento que genera dudas en el elenco gobernante: el avance de la causa de los cuadernos sobre los principales empresarios del país.
El presidente de la multinacional Techint, Paolo Rocca, estuvo en un acto junto a Macri horas antes de que tuviera que presentarse a declarar ante el juez Claudio Bonadío y descargara culpas sobre las coimas en su subordinado Miguel Betnaza. El argumento del desconocimiento podría ser utilizado por la propia Cristina.
Al Gobierno le preocupa sobremanera que no se pueda seguir adelante con los contratos de PPP de los que participan empresas vinculadas a la obra
pública que aparecen sospechadas en la investigación de Bonadío.
Carrió aparece, en ese sentido, como una piedra en el zapato. Ayer mismo fustigó al titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, por separar a tres funcionarios que –con el apoyo de la diputada- habían investigado a Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri.
“Sacar a tres héroes de la AFIP por mi apoyo, equivale a aliarse con Echegaray y su gente”, disparó Carrió emparentando a Cuccioli con quien ocupara su cargo durante buena parte del kirchnerismo. La jefa de la Coalición Cívica afronta también un dilema político: sólo obtiene la atención pública cuando apunta hacia la interna de Cambiemos, con denuncias explosivas, pero no logra impacto alguno cuando busca construir política. Estuvo un mes hablando de las pymes sin repercusión.
Se trata de un terreno resbaladizo no sólo para Carrió, sino para todo Cambiemos. Este mismo fin de semana el secretario de Energía, Javiel Iguacel, hizo que algunos extrañaran a Juan José Aranguren, el ex ministro del área, al afirmar que las quejas por el aumento de las tarifas parten de sectores de la oposición, a los que identificó con el kirchnerismo. Como si el malestar que existe en la sociedad por el constante aumento de los servicios fuera sólo un acto de activismo político.
Las desafortunadas declaraciones de Iguacel siguieron a una resolución que parece un verdadero dislate, ya que obliga a los usuarios del gas a compensar a las empresas los costos de la reciente mega-devaluación, en 24 cuotas y con interés, por el último semestre que ya fue consumido y pagado. La insólita medida fue aprovechada por la oposición para retomar el debate sobre el rumbo económico. Tanto, que los intendentes del PJ bonaerense salieron en fila a cuestionarla.
Frente a estas situaciones, Carrió no tiene mucho por hacer. Como oficialista, algunos la consideran opositora, mientras que en la oposición la rechazan sin matices. Así se entiende el vacío que le hicieron distintas bancadas parlamentarias cuando intentó asumir la presidencia de la comisión bicameral de control al Ministerio Público Fiscal. A la cita no faltaron solamente los kirchneristas, sino también peronistas aliados al Gobierno, como Rodolfo Urtubey.
Carrió interpretó entonces que no sólo el peronismo le bloqueaba el acceso a la jefatura de la comisión, para cuya presidencia propondría ahora a la diputada bonaerense Silvia Lospenatto, a quien observa con características similares en términos de personalidad. Y en el camino se le cruzó Garavano, quien quedó conmovido por las críticas de Carrió y le llegó a ofrecer la renuncia a Macri. Pero el presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo respaldaron gestualmente.
No obstante, Carrió presentará durante la semana un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia. Aunque es un hecho que el PRO y la UCR no la acompañarán. ¿Quedará todo en la nada?
COMENTARIOS